La quiebra de Corona ha escalado a un nuevo nivel con la disputa judicial que enfrenta a la compañía con un grupo de trabajadores, liderados por la exgerente de Marketing, María Teresa Salamanca. En el corazón del conflicto se encuentran acusaciones cruzadas, solicitudes de documentos clave y un proceso de liquidación que podría marcar el destino de la histórica cadena chilena.
El 10 de julio de 2025, Corona solicitó su liquidación voluntaria ante los tribunales, luego de que fracasara su intento por reorganizarse financieramente. Con una deuda superior a los 67 mil millones de pesos, la firma no logró asegurar el financiamiento necesario para continuar operando. Este escenario no solo ha puesto en riesgo cientos de empleos, sino que también ha abierto una compleja disputa legal entre la empresa y parte de sus exejecutivos y trabajadores.
El conflicto se produce en un contexto interno ya tenso, marcado por diferencias entre los hermanos Paula, Malú y Herman Schupper, controladores de la compañía.
La ofensiva judicial de los trabajadores
Tras el anuncio de quiebra, un grupo de trabajadores encabezado por María Teresa Salamanca decidió iniciar acciones legales para proteger sus derechos laborales. El objetivo central de esta ofensiva es que la justicia declare la existencia de una “unidad económica” entre Multitiendas Corona y otras sociedades relacionadas con los Schupper, como Inmobiliaria Alef S.A. e Inmobiliaria e Inversiones Don Leonardo Limitada.
La estrategia legal consiste en presentar múltiples medidas prejudiciales en diversas ciudades del país: Arica, Iquique, Copiapó, Santiago, Chillán, entre otras. Estas acciones buscan obligar a la empresa a entregar documentación clave que podría demostrar vínculos operacionales y financieros entre las sociedades mencionadas.
Documentación solicitada: el núcleo de la disputa
Los trabajadores han solicitado una serie de documentos que consideran esenciales para su causa. Entre ellos destacan:
- Actas de asambleas ordinarias y extraordinarias desde diciembre de 2017.
- Reuniones de directorio del mismo período.
- Estados financieros auditados de los años 2023 y 2024.
- Contratos con empresas contratistas y de servicios transitorios.
- Documentos civiles, comerciales y laborales que puedan evidenciar nexos entre Corona y las sociedades relacionadas.
Estas solicitudes han sido canalizadas mediante múltiples acciones legales, lo que ha generado una fuerte respuesta de parte de la empresa.
Corona responde: acusaciones de montaje y sobrecarga procesal
A través de un escrito judicial presentado el miércoles 24 de julio, Corona, representada por Matías Jarpa, su gerente Legal y Compliance, cuestionó duramente la estrategia de los trabajadores. Según la empresa, las medidas prejudiciales fueron interpuestas de manera separada pero simultánea con el fin de provocar una sobrecarga procesal que obstaculice la respuesta oportuna de la compañía.
Como ejemplo, Corona menciona el caso de Claudio Vidal, actual gerente de Personas y uno de los solicitantes, quien, según la empresa, conoce bien los sistemas internos y sabe que la entrega de documentos como las liquidaciones de sueldo implica una descarga manual y detallada, que ya se habría realizado en su momento.
Además, el escrito apunta directamente al abogado de los trabajadores, Matías Berríos, acusándolo de realizar una campaña mediática con declaraciones reiteradas a medios de comunicación, lo que, según la empresa, desvirtúa el objetivo judicial y banaliza el proceso. “El señor Berríos ha querido hacer de este asunto un escrutinio público”, sostiene el documento, agregando que “ha iniciado una arremetida comunicacional sin mayor seriedad profesional, intentando litigar por la prensa”.
Acusaciones contra el abogado Matías Berríos
Corona no escatimó críticas hacia el abogado que representa a los trabajadores. Lo acusó de protagonizar un “show mediático”, de emitir juicios infundados sobre la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones y de utilizar un lenguaje poco respetuoso hacia la compañía y sus accionistas.
Según el escrito presentado por Jarpa, las declaraciones públicas de Berríos han creado una imagen distorsionada de la situación real de la empresa, presentando cifras inexactas sobre los montos demandados y emitiendo juicios jurídicos en medios en lugar de esperar la resolución de los tribunales.
La defensa de Berríos: “No hay show, hay justicia”
El abogado Matías Berríos presentó su respuesta ante el tribunal el martes 30 de julio. En su defensa, argumentó que las solicitudes de medidas prejudiciales no son iguales, ya que corresponden a trabajadores distintos, con intereses y situaciones legales individuales.
Berríos también rechazó las descalificaciones personales vertidas por Corona en su contra, calificándolas de ofensivas e impropias en un proceso judicial. Citó expresiones como “sin mayor seriedad profesional” y “show mediático” como ejemplos de un tono inapropiado, y solicitó al tribunal que se exhorte a la contraparte a mantener el debate en un plano técnico y respetuoso.
¿Tiene Corona los recursos para pagar?
Uno de los puntos más debatidos en el proceso es si Corona cuenta o no con los recursos necesarios para pagar sus obligaciones laborales. La empresa sostiene que sí, y se apoya en un informe de la veedora Daniela Camus que respalda esa afirmación.
Sin embargo, Berríos refutó ese argumento, señalando que dicho informe solo considera créditos laborales preferentes, mientras que en casos como el de la exgerente Salamanca, se trataría de indemnizaciones por años de servicio sin tope, que quedarían fuera de esa categoría.
“El informe al que se refiere la empresa no contempla todas las deudas, y ciertamente no abarca montos que superan los topes legales de los créditos preferentes”, argumentó el abogado.
Otro foco de discusión es la naturaleza de los documentos solicitados. Corona ha insinuado que muchos de los antecedentes requeridos por los trabajadores podrían ser de carácter confidencial, lo que justificaría su renuencia a entregarlos.
Vea también: Proceso de quiebra de Corona bajo revisión de Superintendencia
Berríos, en cambio, sostuvo que las normas citadas por la empresa no otorgan tal carácter a los documentos exigidos, y que no existe impedimento legal alguno para su entrega. Desde su perspectiva, la estrategia de Corona apunta a ocultar información relevante bajo el argumento de la confidencialidad.
El enfrentamiento entre Corona y sus trabajadores no solo pone en tela de juicio la estabilidad financiera de una de las principales multitiendas del país, sino también la forma en que se gestionan los procesos de quiebra y la transparencia empresarial en Chile.
Lo que comenzó como una solicitud de liquidación voluntaria se ha transformado en una pugna compleja, donde se cruzan elementos jurídicos, comunicacionales y éticos. Mientras los trabajadores buscan asegurar el pago de lo que consideran legítimamente suyo, la empresa intenta defender su imagen y recursos en medio del colapso.
Aún está por verse cómo resolverán los tribunales las múltiples solicitudes presentadas, y si efectivamente existen vínculos entre Corona y otras sociedades del grupo Schupper que pudieran traducirse en mayores garantías para los trabajadores. Lo cierto es que este proceso marcará un precedente importante para futuras liquidaciones empresariales en el país.
