Después del cierre definitivo de Corona tras más de seis décadas de funcionamiento, gerentes, jefes de tienda y trabajadores iniciaron cerca de 100 acciones judiciales contra la familia Schupper, propietaria del grupo. Requieren, en conjunto, unos US$ 10 millones por concepto de finiquitos no pagados, exigiendo que se declare una unidad económica entre las distintas sociedades vinculadas al holding.
Cierre definitivo de Corona
En las últimas 48 horas, se formalizaron casi un centenar de demandas por parte de exempleados que reclaman indemnizaciones, cotizaciones y pago de prestaciones adeudadas tras el cierre abrupto de la empresa. Estos trabajadores habían estado vinculados a Corona en cargos como jefes, subgerentes y vendedores, muchos de los cuales fueron despedidos sin recibir la compensación correspondiente.
El abogado Matías Berríos, representante de 88 demandantes –que incluyen exempleados de diversas jerarquías–, asegura que el total exigido alcanza los US$ 10 millones, cuestionando que las firmas del grupo deberían responder de manera solidaria como una unidad económica. Así, no se limitan a demandar solo a la multitienda, sino también a la familia Schupper (Herman, Paulina y Malú Schupper Messcher) y a las sociedades relacionadas.
Quiénes están siendo demandados tras el cierre definitivo de Corona
Las reclamaciones legales se extienden más allá de la sociedad operativa Multitiendas Corona. Según los documentos judiciales, también se alude a empresas asociadas como:
- Inmobiliaria Alef
- Inmobiliaria e Inversiones Don Leonardo Ltda
- Corona Corredora de Seguros Ltda
- Inversiones Corona
- Bodega Corona
- Schupper, Normalizadora de Créditos del Comercio
- Sociedad de Créditos Comerciales
Los demandantes pretenden demostrar que existe un vínculo económico y operativo entre dichas entidades y la matriz, de modo que todas deben responder por las obligaciones laborales pendientes. Si logran acreditar esta conexión, podrán hacer exigibles sus derechos frente a cualquiera de las empresas relacionadas.
Alcance territorial de las demandas
El abogado Berríos enfatizó la dimensión nacional del reclamo: “desde Arica a Punta Arenas, desde Las Condes a Puente Alto, todos los jefes de tienda demandaron”. Además, remarcó que entre los demandantes se encuentran seis de los diez gerentes de primera línea. Es la primera ocasión en que los exgerentes se organizan para demandar directamente a los dueños por incumplimientos en sus finiquitos, altergios, beneficios y cotizaciones previsionales.
Intento fallido de reorganización financiera
A principios de junio, Corona había anunciado un principio de acuerdo con sus acreedores para evitar la quiebra. Este plan contemplaba un línea de crédito por $22.000 millones (CLP) que permitiría seguir operando mientras se refinanciaban las deudas.
Sin embargo, esa esperanza se desvaneció pocas semanas después. El 27 de junio, la administración notificó a las jefaturas que no habían conseguido los recursos adicionales necesarios, por lo que la empresa iniciaba su cierre definitivo. Con una deuda total que superaba los $66.900 millones CLP, optaron por una liquidación voluntaria.
Las principales razones del colapso fueron la imposibilidad de acceder a la nueva línea de financiamiento y el agotamiento del flujo de caja. La situación se tornó irreversible, y la empresa solicitó la quiebra para iniciar un proceso ordenado de cierre, distribución de activos y eventual indemnización de trabajadores.
Los exempleados, que venían alertando desde hacía meses del retraso en sus pagos, ahora buscan la vía judicial. Consideran que la responsabilidad no puede limitarse a la sociedad quebrada, puesto que las múltiples empresas afiliadas conforman un entramado de negocios que comparten directrices financieras y patrimoniales.
Principales argumentos en los tribunales laborales
La clave de la estrategia legal se encuentra en demostrar la unidad económica del grupo Corona. De presentarse pruebas suficientes –como flujos de caja compartidos, decisiones corporativas centralizadas y respaldo financiero entre sociedades–, los tribunales podrían ordenar que todos los activos vinculados respondan solidariamente por las deudas laborales.
Los demandantes han solicitado la declaración judicial de “unidad económica” para incluir a las empresas relacionadas y garantizar el pago de finiquitos, cotizaciones previsionales y demás beneficios no entregados. Estiman que sus derechos comprometidos bordean los US$ 10 millones, cifra que incluye sueldos atrasados, indemnizaciones y aportes previsionales.
Impacto social del cierre de Corona
El cierre de Corona –una tienda emblemática con más de 60 años de historia en el comercio chileno– impactó a miles de trabajadores, proveedores y comunidades locales vinculadas a sucursales urbanas y regionales. La interrupción no solo implica pérdida de empleo, sino también el cierre de rutas de venta en lugares como malls, zonas céntricas, polos comerciales y regiones del país.
La movilización legal de exempleados refleja una determinación por hacer valer derechos laborales, pero también apunta a visibilizar la realidad económica de los holdings que operan tiendas tradicionales en Chile.
Perspectivas judiciales y próximas etapas
Las demandas se tramitan en cortes laborales, donde el primer paso es marcar contestaciones y solicitar pruebas que acrediten la unidad económica. Según los plazos procesales, las partes tendrán oportunidad de presentar documentación, contratos, estados financieros y testimonios que respalden su tesis.
Si los tribunales reconocen la unidad económica, los demandantes podrán concentrarse en embargar activos de las diversas empresas y obligar al pago de indemnizaciones. En caso contrario, quedarán limitados a intentar recuperar sus derechos frente a la sociedad quebrada, cuyo patrimonio puede resultar insuficiente.
Implicancias para la legislación laboral y empresarial
Este caso podría sentar un precedente en el manejo de las responsabilidades de los propietarios en las empresas asociadas, especialmente en grupos empresariales con múltiples filiales. Si los tribunales avalan aplicar la norma de unidad económica, las responsabilidades laborales pasarán de ser patrimoniales a corporativas, lo que implicaría un cambio estructural en cómo se aborda la protección de trabajadores en casos de insolvencia.
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El cierre definitivo de Corona y la disputa legal posterior representan mucho más que una quiebra empresarial: simbolizan la tensión entre estructuras de propiedad empresarial y responsabilidades laborales. El reclamo de US$ 10 millones por parte de exempleados, gerentes y jefes de tienda, junto al intento de responsabilizar a la familia Schupper y sus sociedades, pone sobre el tapete el límite entre responsabilidad patrimonial y corporativa.
La evolución de este litigio judicial será clave para el futuro de los derechos laborales en Chile, especialmente en grandes holdings. Si prospera la declaración de unidad económica, este caso podría convertirse en un hito legal, redefiniendo cómo los trabajadores acceden a sus derechos cuando una empresa colapsa.
