El gerente general de CCU, Patricio Jottar, compareció durante cerca de dos horas ante el interrogatorio de AB InBev, su principal competidor en la industria cervecera chilena, como parte de una demanda presentada por la multinacional belga ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). AB InBev acusa a CCU de incumplir un acuerdo firmado en 2008, argumentando que la compañía chilena habría establecido exclusividades de facto mediante acuerdos verbales, dificultando la entrada de nuevos actores al mercado.
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La declaración de Jottar sigue al testimonio de Juan Manuel Ferrés, CEO de AB InBev en Chile, quien sostuvo que su empresa mantiene contratos de exclusividad «de imagen» en unos 60 puntos de venta, sin restringir la venta de otras marcas. Jottar replicó señalando que CCU tiene acuerdos similares con alrededor de 700 clientes en el canal «on premise», donde los productos se adquieren y consumen en el mismo lugar, subrayando que estos acuerdos cumplen completamente con el avenimiento.
CCU en el banquillo
En su testimonio, Jottar enfatizó que no existen acuerdos verbales paralelos que infrinjan el acuerdo de 2008. Afirmó que todas las áreas comerciales de CCU están instruidas para cumplir con el avenimiento y que no tienen evidencia de que se hayan producido incumplimientos. Sin embargo, reconoció la imposibilidad de garantizar que no haya habido malentendidos entre vendedores y clientes debido al gran volumen de operaciones y la rotación de personal.
Aunque Jottar admitió que no puede descartar por completo la posibilidad de que algún cliente haya malinterpretado conversaciones con los vendedores, aseguró que, de haberse producido, estos casos serían extremadamente aislados. Reafirmó que CCU no tiene registros de que esto haya ocurrido y que las políticas de la compañía están diseñadas para prevenir tales situaciones.
AB InBev sostiene que su participación en el canal tradicional es cercana al 30%, mientras que CCU domina con el 90% en el canal «on premise». En respuesta, Jottar argumentó que el éxito de CCU en este segmento se debe a su fuerte inversión en formatos como botellas retornables y schop, que representan entre el 70% y 75% de las ventas. Según él, AB InBev ha decidido no participar en estos formatos, lo que explica su menor presencia en ese canal.
Además, Jottar señaló que AB InBev delega la distribución de sus productos al sistema de Coca-Cola, mientras que CCU realiza esta tarea directamente. Afirmó que esto demuestra una falta de compromiso de la compañía belga con las demandas del canal «on premise». Criticó que AB InBev intente aumentar su participación de mercado a través de tribunales en lugar de competir directamente mediante inversiones y estrategias adecuadas.
El caso también involucra a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que en 2023 presentó un requerimiento contra CCU, acusándola de conductas anticompetitivas. CCU llegó a un acuerdo con la FNE, comprometiéndose a pagar US$ 2,4 millones y a perfeccionar su programa de cumplimiento. Sin embargo, Jottar aclaró que este acuerdo no implicó un reconocimiento de culpabilidad, sino un esfuerzo por elevar los estándares hacia el futuro.
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Finalmente, Jottar criticó la postura de AB InBev y reiteró que CCU siempre ha actuado en conformidad con el avenimiento. Consideró «ilegítimo» que su competidor busque aumentar su cuota de mercado en tribunales en lugar de invertir en estrategias competitivas que beneficien a los clientes y consumidores, subrayando que el éxito de CCU se debe a su compromiso con el mercado y su capacidad de innovación.
