Chile enfrenta su primera gran prueba económica bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast. El abrupto aumento en los precios de los combustibles ha generado una presión social atravesada por protestas y preocupaciones por un posible repunte inflacionario.
La decisión del Ejecutivo de trasladar el costo internacional del petróleo al mercado interno, en medio de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, derivó en un incremento cercano al 30% en la gasolina y del 60% en el diésel. La medida, justificada por la presión sobre las finanzas públicas, provocó largas filas en estaciones de servicio, desabastecimiento temporal y manifestaciones en el centro de Santiago.
Esto es el reflejo de una problemática estructural en América Latina. Hay una alta exposición a vaivenes del mercado energético global. Los impactos del combustible en el transporte y, por ende, en toda la cadena productiva, lleva a que se eleven los costos logísticos, se incentive la inflación y se reduzca el poder adquisitivo. Y mientras tanto, la región se vuelve protagonista de estos fenómenos que están directamente vinculados a las tensiones de la transición energética global.
«La crisis energética, marcada por la volatilidad del petróleo, requiere esfuerzos por diversificar la matriz productiva y avanzar hacia energías renovables. Sin embargo, la transición energética global no es inmediata; sus efectos son contradictorios», explica la Dra. Rodríguez, directora del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades
América Latina, y particularmente países como Chile, se encuentran en una posición clave dentro de este nuevo escenario, debido a sus recursos naturales. Sin embargo, esta ventaja también implica riesgos que se pueden avizorar en 2026.
«El litio y el cobre se convierten en activos geopolíticos que atraerán inversiones extranjeras y presionarán por acuerdos bilaterales con los principales países que poseen estos minerales», señala la experta. «Esto puede generar lo que se conoce como “Resource curse 2.0”, basada en la idea de la teoría clásica de la “maldición de los recursos” desarrollada por Richard Auty, es decir, la bonanza de minerales para tecnologías limpias puede producir los mismos riesgos que la bonanza petrolera tradicional: dependencia económica, volatilidad fiscal, conflictos socioambientales y captura de rentas por élites, sin lograr diversificación productiva ni desarrollo inclusivo».
Hay una tensión, una dualidad muy marcada, porque mientras el mundo avanza hacia energías más limpias, muchos países dependen aún de combustibles fósiles para sostener su funcionamiento cotidiano. Esa dualidad, precisamente, explica por qué medidas como el alza del combustible tienen efectos inmediatos y profundos en la estabilidad social. Y hay que sumarle el papel que pueda tener el país en la competencia tecnológica global. Chile está adelantado dentro del continente.
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«La transición energética va acompañada por una transformación digital que coloca a América Latina en el centro de la competencia tecnológica global», añade la experta. «La disputa por 5G, IA y soberanía digital entre las potencias mundiales condiciona la agenda política, obligando a los gobiernos a equilibrar seguridad, autonomía y desarrollo inclusivo».
Con todo esto, el aumento del combustible en Chile es un reflejo de los desafíos que enfrentan las economías latinoamericanas, atravesadas por cambios de gobiernos importantes que han de adaptarse rápidamente a la volatilidad global y continuar persiguiendo la transición energética sin generar desequilibrios internos y evitar caer en nuevas formas de dependencia económica.
El reto está en lograr que esta transición responda a las exigencias del mercado internacional, a la vez que se traduzca en desarrollo sostenible e inclusivo para la región.
