La cúpula empresarial de Guatemala ha cerrado filas para exigir al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo acciones contundentes que restablezcan el orden público. El llamado surge tras una jornada de violencia marcada por motines coordinados en el sistema penitenciario y ataques armados simultáneos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que han dejado un saldo trágico de siete oficiales fallecidos y diez heridos.
Sector empresarial de Guatemala exige medidas drásticas
A través de pronunciamientos oficiales, las principales gremiales del país —AGEXPORT, la Cámara de Comercio de Guatemala y el CACIF— condenaron enérgicamente la ofensiva criminal. Las organizaciones empresariales coinciden en que la seguridad ciudadana es una condición innegociable para el Estado de
AGEXPORT expresó su solidaridad con las familias de los agentes caídos y reconoció la labor de las fuerzas de seguridad para enfrentar a grupos cuyos intereses «afectan a toda la sociedad».
La Cámara de Comercio de Guatemala fue más allá al solicitar con urgencia la implementación de un Estado de Prevención a nivel nacional, además de fortalecer los patrullajes conjuntos entre la PNC y el Ejército para recuperar el control de las zonas críticas.
«La seguridad pública e interior es una obligación de las autoridades; exigimos medidas extraordinarias para mantener el orden», subrayó la Cámara de Comercio en su comunicado.
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Sector empresarial de Guatemala exige medidas drásticas
La escalada de violencia se vincula directamente con la resistencia de las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ ante la pérdida de sus privilegios. Los disturbios fueron una respuesta coordinada a la toma de control del centro penitenciario Renovación I en Escuintla, donde los líderes criminales han sido aislados para frenar sus operaciones delictivas.
Durante las operaciones, las autoridades confirmaron la neutralización de Aldo Ochoa, líder de la pandilla Barrio 18, quien pretendía coaccionar al Estado para obtener traslados y beneficios personales dentro del penal.
Ante la gravedad de la situación, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que lidera un comité de crisis y que el Consejo de Ministros sesionará de forma inmediata para determinar las «decisiones contundentes» que se aplicarán en las próximas horas.
Aunque el Ministerio de Gobernación logró la liberación de los custodios que fueron tomados como rehenes, la PNC permanece en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos ataques simétricos en distintos puntos del territorio nacional.
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Implicaciones para el clima de inversión
El sector privado ha enfatizado que la ingobernabilidad en los centros penales se traduce en un aumento de las extorsiones y la inseguridad en las rutas logísticas, factores que encarecen la operatividad y ahuyentan la inversión. El respaldo empresarial a las acciones del Ministerio de Gobernación es total, siempre que estas garanticen el cumplimiento estricto de la ley y la protección de la vida de los ciudadanos.
Fuente: Revistaeyn.com
