La agencia calificadora Moody’s Ratings informó este martes que la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la concesión portuaria otorgada al conglomerado chino CK Hutchison, no tendrá un impacto directo o inmediato en la calificación de riesgo soberano del país.
No obstante, la firma advirtió que el panorama podría complicarse si la empresa afectada, Panama Ports Company (PPC), decide elevar el conflicto a instancias de arbitraje internacional, lo que generaría una presión adicional sobre las ya ajustadas finanzas públicas panameñas.
Moody’s descarta impacto inmediato en Panamá
A pesar de la estabilidad inicial en la nota crediticia (actualmente en Baa3 con perspectiva negativa), Moody’s subrayó que el fallo judicial introduce un elemento de incertidumbre sobre el marco institucional y la seguridad jurídica para las inversiones logísticas a largo plazo.
«La decisión no afecta directamente el perfil crediticio en este momento», señaló la agencia en un comunicado. Sin embargo, enfatizó que un proceso de arbitraje representaría un «pasivo contingente» que el Estado panameño debe monitorear, especialmente en un contexto donde el país lucha por mantener su grado de inversión frente a desafíos fiscales persistentes.
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Transición operativa en los puertos
El fallo del pasado 29 de enero dejó sin efecto el contrato de PPC, que operaba los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997. Ante este vacío, el Gobierno de José Raúl Mulino actuó con celeridad anunciando que APM Terminals, filial del gigante danés Maersk, asumirá la operación de las terminales de forma transitoria.
Esta medida busca garantizar la continuidad del servicio en los alrededores del Canal de Panamá mientras se prepara una nueva licitación internacional, la cual el Ejecutivo ha prometido que será «abierta y transparente».
Un equilibrio delicado
Para los analistas, la reacción de Moody’s ofrece un respiro temporal al Gobierno, pero mantiene la presión sobre la necesidad de consolidación fiscal. Si bien es poco probable que un arbitraje internacional se resuelva en el corto plazo, cualquier fallo adverso futuro contra el Estado podría entorpecer los esfuerzos por reducir la deuda pública.
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Por su parte, el Gobierno de China, a través de sus canales diplomáticos, ya ha manifestado que «tomará todas las medidas necesarias» para proteger los intereses legítimos de sus empresas en el exterior, lo que añade una capa de tensión geopolítica a la disputa comercial y jurídica en suelo panameño.
Fuente: Centroamerica360.com
