El pasado 1 de enero de 2026 marcó un hito en la política fiscal de los Estados Unidos con la activación del nuevo impuesto federal a las transferencias internacionales de dinero. Aunque la tasa final se fijó en un 1% —significativamente menor al 5% propuesto inicialmente—, la medida ha generado una alerta en los países de Latinoamérica, cuya dependencia de estos flujos es crítica para la estabilidad de su Producto Interno Bruto (PIB).
Estructura del gravamen: ¿Quiénes deben pagar?
La normativa se centra específicamente en las transacciones liquidadas mediante instrumentos físicos. Esto implica que cualquier envío realizado a través de:
- Dinero en efectivo en establecimientos minoristas.
- Giros postales (money orders).
- Cheques de caja.
Deberá abonar un cargo adicional. Por ejemplo, en una transferencia de US$1,000 pagada en efectivo, el emisor deberá desembolsar US$10 adicionales por concepto de impuestos, sumado a las comisiones habituales de agencias como Western Union.
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El blindaje digital: La excepción a la regla
Para evitar una distorsión mayor en el flujo de capitales, el gobierno estadounidense ha exento de este impuesto a las remesas canalizadas vía transferencias electrónicas. Quedan fuera del gravamen los envíos realizados mediante:
- Tarjetas de débito y crédito.
- Cuentas bancarias directas.
- Billeteras digitales (Google Pay, Apple Pay, Vigo Money).
- Tarjetas prepagadas.
Esta distinción busca incentivar la bancarización del migrante, aunque representa un reto para el sector de la población que aún opera fuera del sistema financiero formal.
Golpe a las remesas físicas: Centroamérica bajo la lupa
El Center for Global Development (CDG) estima que este impuesto podría desincentivar el envío de remesas en un 1.6%. En términos netos, las pérdidas proyectadas para la región son considerables:
- México: Podría dejar de percibir más de US$1,500 millones anuales.
- Guatemala: Impacto estimado de US$415 millones.
- República Dominicana: US$234 millones.
- El Salvador y Honduras: Pérdidas conjuntas cercanas a los US$375 millones.
A pesar de estas cifras, mandatarios de la región, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han matizado el riesgo. Según datos del Banco de México, casi la totalidad de las remesas hacia dicho país se realizan de forma electrónica, lo que en teoría neutralizaría el efecto del impuesto para la mayoría de sus ciudadanos.
El impacto social es profundo, considerando que una de cada nueve personas en el mundo subsiste gracias a estos ingresos. En Centroamérica, la vulnerabilidad es más aguda; países como Nicaragua (27.6%), Honduras (25.9%) y El Salvador (23.5%) presentan los niveles más altos de dependencia de remesas respecto a su PIB en la región.
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Expertos coinciden en que, si bien la elusión del impuesto a través de vías digitales será la tendencia predominante, el principal riesgo reside en los sectores más vulnerables de la población migrante que no tienen acceso a herramientas bancarias, quienes terminarán asumiendo el costo operativo de esta nueva política fiscal estadounidense.
Fuente: Revistaeyn.com
