El Consejo Empresarial Logístico (COEL) de Panamá ha calificado como «muy favorable» la comunicación mantenida con el Gobierno tras la anulación del contrato de Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison. Según el gremio, esta apertura al diálogo ha sido clave para evitar un clima de «zozobra» e incertidumbre en el sector logístico nacional.
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Mensaje de Tranquilidad al Sector Logístico
Ángel Sánchez, presidente del COEL, destacó que el Gobierno ha mantenido a los gremios informados sobre los pasos a seguir tras la toma de control de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Escenario controlado: Sánchez afirmó que el escenario «pudo ser más turbio», pero que la entrega de cronogramas sobre desembarques y embarques previstos para las próximas semanas ha permitido que las empresas ajusten sus operaciones sin mayores contratiempos.
Continuidad operativa: El objetivo primordial de esta comunicación es garantizar que la cadena de suministro y el movimiento de carga por el Canal de Panamá no se detengan durante la transición.
Gremios empresariales descartan «zozobra» operativa en Canal de Panamá
La crisis se originó cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato-ley que permitía a la empresa china operar los puertos, argumentando que la prórroga automática de 25 años otorgada previamente no beneficiaba los intereses del Estado y afectaba la soberanía nacional.
El 23 de febrero de 2026, el Gobierno procedió a la ocupación administrativa de las terminales.
Para asegurar que los puertos sigan funcionando mientras se organiza una licitación internacional, el Estado panameño ha designado a dos operadores de clase mundial de forma temporal:
- APM Terminals (Maersk): Gestionará el puerto de Balboa (Pacífico).
- TIL (Mediterranean Shipping Company – MSC): Gestionará el puerto de Cristóbal (Atlántico).
Tensiones y Desafíos Jurídicos
A pesar de la calma en el sector empresarial local, el panorama internacional es complejo:
- Reacción de China: El gobierno chino ha advertido sobre «consecuencias severas» políticas y económicas, calificando la acción de Panamá como desproporcionada.
- Arbitraje Internacional: La empresa afectada, CK Hutchison, ha calificado la toma de «ilegal» y anunció que recurrirá a un arbitraje internacional para exigir indemnizaciones que podrían superar los 1,500 millones de dólares.
- Respuesta Soberana: El presidente José Raúl Mulino ha rechazado las amenazas externas, asegurando que Panamá actúa como un país «soberano y digno» acatando un fallo judicial.
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Un punto crítico para el COEL y el Gobierno ha sido la paz social. Se ha garantizado que los más de 1,200 trabajadores directos de las terminales mantendrán sus empleos y beneficios bajo los nuevos administradores temporales, lo que ha ayudado a mantener la estabilidad dentro de las infraestructuras portuarias.
