La construcción del Megapuerto de Chancay no es solo una obra de ingeniería monumental, sino también el foco de una compleja disputa legal que ha trascendido fronteras. Ante la incertidumbre generada por fallos judiciales recientes, el embajador de Perú en Panamá ha emitido declaraciones clave para dar certidumbre a la comunidad internacional y a los socios estratégicos en el istmo, subrayando que la estructura de control del Estado permanece sólida.
Un fallo de primera instancia: El marco legal en revisión
El punto central de la aclaración diplomática reside en la naturaleza del reciente fallo judicial. El embajador enfatizó que la resolución que cuestiona la «exclusividad» de los servicios portuarios otorgada a la empresa china Cosco Shipping Ports es una decisión de primera instancia.
Esto significa que el proceso legal aún tiene varias etapas por recorrer dentro del sistema jurídico peruano. «Es una instancia preliminar que forma parte del debido proceso en un Estado de derecho, pero de ninguna manera representa una cancelación del proyecto o un cambio en la visión estratégica de la nación», señalaron fuentes cercanas a la delegación diplomática.
El Megapuerto de Chancay en el centro del debate
Uno de los temas que más eco ha tenido en Panamá —dada su naturaleza como hub logístico mundial— es quién tiene el control real sobre una infraestructura de tal magnitud. El embajador fue enfático al declarar que el control estatal sobre el territorio y la operación se mantiene vigente.
A pesar de la inversión de capital privado extranjero, el Estado peruano, a través de sus organismos reguladores y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), preserva la facultad de supervisión y la soberanía sobre el litoral. El objetivo es asegurar que Chancay funcione como un puerto de uso público que impulse la competitividad del país sin comprometer los intereses nacionales.
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Chancay y su conexión estratégica con Panamá
La relevancia de estas aclaraciones en suelo panameño no es casual. El Megapuerto de Chancay está diseñado para ser el principal punto de conexión entre Suramérica y Asia, lo que creará una nueva dinámica de rutas marítimas.
Complementariedad, no competencia: El cuerpo diplomático sostiene que Chancay y el Canal de Panamá pueden operar de forma complementaria. Mientras Panamá sigue siendo el gran nodo de transbordo interoceánico, Chancay se perfila como el hub concentrador del Pacífico sur.
Interés de inversión: Muchos grupos logísticos con base en Panamá observan de cerca la seguridad jurídica en Perú para decidir futuras expansiones. Las palabras del embajador buscan, precisamente, blindar la confianza de estos inversionistas ante el ruido judicial.
El futuro del proyecto: Hacia la inauguración en la cumbre APEC
A pesar de la controversia por la exclusividad de servicios, el cronograma de construcción no se ha detenido. El gobierno peruano mantiene su intención de inaugurar la primera etapa del puerto a finales de 2024, coincidiendo con la celebración de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Este evento será la vitrina mundial donde Perú espera consolidar su posición como la «puerta de entrada» de China a Suramérica. El embajador reiteró que el Ejecutivo está trabajando en ajustes normativos y legislativos para corregir cualquier vacío legal que haya dado pie a la demanda actual, buscando dar una solución definitiva que garantice la estabilidad del contrato.
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La situación de Chancay se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo los países en desarrollo equilibran la inversión extranjera masiva con el cumplimiento de sus propias leyes de competencia. La misión diplomática en Panamá reafirma que Perú es un destino seguro para la inversión, donde los desacuerdos legales se resuelven bajo el amparo de la ley, garantizando que el «puerto del futuro» siga adelante para beneficio del comercio global.
Fuente: La Estrella de Panamá
