El debate sobre la ciberseguridad y la responsabilidad civil en el sistema financiero costarricense ha alcanzado un punto crítico. La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica ha manifestado una oposición firme y técnica ante el proyecto de ley que pretende reformar la gestión de las estafas bancarias en el país. Aunque la iniciativa busca proteger al consumidor ante la creciente ola de fraudes informáticos, el sector bancario advierte que la estructura actual de la reforma podría generar desequilibrios sistémicos y desincentivar la seguridad compartida.
El punto de mayor fricción radica en la propuesta de trasladar de forma casi automática la responsabilidad financiera de las estafas a las entidades bancarias. Según la Cámara, esta medida ignora el principio de corresponsabilidad. Los bancos argumentan que han invertido millones de dólares en robustecer sus plataformas tecnológicas, sistemas de doble factor de autenticación y monitoreo en tiempo real.
La preocupación de las instituciones es que, al exonerar al usuario de cualquier diligencia básica en el manejo de sus claves y datos sensibles, se podría fomentar una cultura de menor cuidado por parte del cliente, lo que irónicamente facilitaría el trabajo de los ciberdelincuentes que utilizan la ingeniería social como principal herramienta de ataque.
Los Riesgos de un «Riesgo Moral» y el Impacto en los Costos
Desde la perspectiva de la Cámara de Bancos, la reforma planteada podría derivar en lo que los economistas llaman «riesgo moral». Si el usuario percibe que el banco cubrirá cualquier pérdida, independientemente de si entregó sus credenciales en un sitio falso (phishing) o por una llamada telefónica, el incentivo para educarse en ciberseguridad disminuye drásticamente.
Además, el gremio advierte sobre un impacto económico colateral. Si los bancos deben provisionar fondos masivos para cubrir estafas derivadas de errores de terceros, esto podría reflejarse en:
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Aumento en las comisiones de servicios bancarios.
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Endurecimiento de las condiciones para acceder a banca en línea.
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Lentitud en la innovación, ya que los recursos se desviarían a cubrir pérdidas operativas en lugar de desarrollar nuevas tecnologías.
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La Propuesta del Sector: Educación y Persecución Penal
En lugar de una reforma que se centre únicamente en la compensación económica tras el fraude, la Cámara propone fortalecer la prevención y la sanción. El sector financiero insiste en que el problema no es tecnológico, sino criminal. En este sentido, instan a que las reformas legales se enfoquen en:
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Dotar de mejores herramientas al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público para desarticular las bandas organizadas.
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Implementar campañas de educación financiera y digital mucho más agresivas y coordinadas.
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Mejorar la trazabilidad de las «cuentas destino» para congelar fondos de manera inmediata una vez reportada la anomalía.
Cámara de Bancos de Costa Rica advierte riesgos en la reforma sobre estafas bancarias
La Cámara de Bancos ha sido clara en que no se opone a la protección del consumidor, sino a la forma en que se está legislando. Para el sector, una ley efectiva debe ser «tecnológicamente neutra» y basarse en criterios de negligencia comprobada. La batalla legislativa apenas comienza, y el resultado definirá no solo quién paga las cuentas tras un fraude, sino qué tan seguro y moderno seguirá siendo el ecosistema financiero de Costa Rica.
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En última instancia, el desafío para los legisladores será encontrar un punto medio que proteja a las víctimas de la delincuencia sin comprometer la estabilidad y la sostenibilidad del sistema bancario nacional, un pilar fundamental de la economía costarricense.
