Crisis tras la reestructuración en Brasil, cuatro de cada diez empresas no sobreviven al salir de la protección judicial, la dinámica empresarial brasileña atraviesa uno de los momentos más complejos de la última década. Los datos más recientes del Monitor RGF, elaborado por la consultora RGF y divulgados en exclusiva por el diario Valor, revelan una tendencia preocupante: cuatro de cada diez empresas que completaron un proceso de reorganización judicial (RJ) terminaron quebrando en el tercer trimestre de 2025.
Este escenario representa un deterioro significativo respecto al mismo período de 2024, cuando la tasa de quiebras entre las compañías que abandonaron la protección judicial fue del 11%. En 2025, la cifra ascendió a 37%, estableciendo un nuevo récord negativo y poniendo en evidencia las dificultades del entorno económico y financiero para las empresas en crisis.
La reorganización judicial, un mecanismo creado para permitir que compañías endeudadas renegocien sus obligaciones y preserven su actividad económica, atraviesa una fase de uso masivo, pero con una eficacia cada vez más cuestionada. El número de organizaciones en proceso de recuperación alcanzó un volumen histórico, lo que sugiere que la insolvencia se ha vuelto un fenómeno cotidiano en el tejido productivo brasileño.
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Un récord preocupante en salidas fallidas
Según el Monitor RGF, durante el tercer trimestre de 2025, 120 empresas lograron salir formalmente del proceso de reorganización judicial. Sin embargo, de ese total:
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76 consiguieron retomar sus operaciones, cumpliendo con los compromisos incluidos en su plan de reestructuración.
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44 no lograron sostenerse y quebraron poco después de su salida, lo que representa el 37%.
Este porcentaje evidencia un debilitamiento progresivo de la capacidad del sistema para lograr que las empresas se recuperen de manera sostenible. Una reorganización judicial debería funcionar como una oportunidad real de supervivencia; sin embargo, los resultados muestran que, para un número creciente de compañías, se está convirtiendo en una etapa previa a la quiebra definitiva.
Además, el perfil de las empresas que no lograron recuperarse demuestra que el impacto es transversal. Aunque se observan sectores más afectados que otros, la crisis golpea desde pequeñas firmas comerciales hasta medianas empresas industriales y grandes compañías de servicios.
Auge histórico en los procesos de reorganización
El volumen de organizaciones dentro del sistema de protección concursal continúa creciendo sin precedentes. Al finalizar el tercer trimestre, 5.200 empresas estaban en plena reorganización judicial, lo que representa un aumento del 20% respecto al mismo período de 2024.
Este incremento no solo refleja un ambiente económico adverso, sino también un mercado que enfrenta:
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mayores costos financieros,
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dificultades para acceder a nuevas líneas de crédito,
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márgenes más estrechos,
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y un consumo debilitado en varios segmentos.
Durante el tercer trimestre, 435 empresas iniciaron negociaciones judiciales de deuda, sumando un volumen de pasivos renegociados que alcanzó 16.800 millones de reales.
La cifra no solo marca un nuevo récord en montos, sino también en el ritmo creciente de empresas que deciden ingresar al sistema judicial para buscar alivio financiero.
De manera paralela, se registraron 120 empresas que abandonaron formalmente la reestructuración, ya sea por haber completado el proceso o por haberse declarado insolventes sin posibilidad de continuidad.
¿Qué sectores están siendo más afectados?
El Monitor RGF revela un panorama detallado por sectores, mostrando variaciones tanto en volumen absoluto como en proporción de empresas activas en crisis.
Agricultura: el sector con mayor índice de crisis
Aunque no es el sector con el mayor número absoluto de empresas en reorganización, sí presenta el Índice de Recuperación Judicial (IRJ-RGF) más elevado. Con un valor de 12,63, significa que hay más de 12 empresas en dificultades por cada mil activas.
Este indicador preocupante se asocia a:
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efectos climáticos extremos,
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volatilidad en los precios de commodities agrícolas,
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endeudamiento financiero crónico,
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y altos costos logísticos en zonas productivas.
La agricultura, que tradicionalmente se ha mantenido como un motor económico del país, presenta señales contundentes de estrés financiero.
Servicios: el mayor volumen absoluto
El sector servicios es el que más empresas tiene negociando deudas, con alrededor de 1.200 compañías en reorganización.
Sin embargo, su IRJ-RGF es de apenas 0,97, debido a la enorme cantidad total de empresas activas en este segmento, lo que diluye el porcentaje relativo.
Los principales motivos de insolvencia en este sector incluyen:
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aumento de los costos operacionales,
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fluctuaciones en la demanda por servicios presenciales,
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digitalización forzada que implicó inversiones elevadas,
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dificultades de acceso a crédito.
Comercio: fuerte impacto en pequeñas y medianas empresas
Las quiebras del trimestre se concentraron principalmente en empresas comerciales (15 casos) y firmas del sector servicios (14 casos).
Estas actividades suelen estar asociadas a negocios que trabajan con márgenes reducidos y alta rotación, lo que las vuelve vulnerables a cualquier shock financiero o macroeconómico.
Un crecimiento homogéneo en todos los sectores
La consultora Roberta Gonzaga, de RGF & Associados, señaló que el aumento en solicitudes de reorganización no se concentró en un sector específico. A diferencia de períodos anteriores, donde la agricultura registraba un crecimiento más acelerado, en el tercer trimestre de 2025 todos los sectores mostraron alzas en insolvencia.
El comercio y los servicios crecieron un poco más en valores absolutos, aunque esto se explica por su volumen empresarial superior. En términos prácticos, el crecimiento fue uniforme en toda la economía.
¿Por qué tantas empresas no logran recuperarse?
Los especialistas coinciden en que el aumento en las quiebras de empresas recién salidas de la reorganización judicial responde a varios factores, algunos estructurales y otros coyunturales.
Tasas de interés extremadamente altas
La principal razón mencionada por las compañías en sus solicitudes de RJ es el alto costo del crédito.
Con la tasa de referencia en 15%, financiar operaciones diarias o reestructurar deudas se vuelve una tarea casi imposible para muchas firmas.
Las altas tasas afectan tanto:
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las deudas existentes, cuyo servicio se encarece año tras año,
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como las nuevas líneas crediticias, que se vuelven prohibitivas para empresas con riesgo elevado.
Restricciones severas en el acceso a crédito
Además de los altos intereses, otro obstáculo citado repetidamente es la dificultad de acceder a nuevas fuentes de financiamiento. La banca privada se muestra reticente a otorgar crédito a empresas en reorganización, incluso cuando la legislación permite vías alternativas.
El crédito especializado, como la financiación DIP (financiación del deudor en posesión), debería ser un mecanismo clave para ayudar a las empresas a estabilizarse durante la reestructuración.
Sin embargo, a pesar de haber sido fortalecido en la reforma legal de 2020, este instrumento aún es poco utilizado debido a:
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requisitos estrictos,
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garantías insuficientes,
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y falta de interés de las instituciones en asumir el riesgo.
Recuperaciones judiciales que no resuelven el problema estructural
En muchos casos, las empresas ingresan a la reorganización judicial en una situación tan crítica que, incluso con plazos reescalonados, no logran volver a niveles de liquidez suficientes para operar de manera estable.
Otros factores determinantes incluyen:
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reducción prolongada en las ventas,
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pérdida de competitividad,
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cambios acelerados en los modelos de negocio,
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caída del consumo en sectores sensibles.
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Implicaciones económicas y desafíos a futuro
El aumento de quiebras tras la reorganización judicial no solo afecta a las empresas involucradas, sino que deja impactos sistémicos:
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Proveedores pierden contratos esenciales, afectando sus propios flujos de caja.
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Empleados se ven perjudicados por pérdidas de empleo y retrasos en pagos.
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Inversionistas enfrentan mayor incertidumbre, reduciendo la disposición a financiar proyectos.
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El sistema judicial se congestiona, debido al volumen creciente de solicitudes y procesos.
El escenario también plantea preguntas importantes sobre la eficacia del marco legal de insolvencia. Aunque Brasil ha reformado su Ley de Quiebras para modernizar el sistema, el aumento de casos fallidos muestra que las reformas aún no se traducen en resultados sólidos en todos los sectores.
Se espera que los próximos años demanden:
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ajustes regulatorios adicionales,
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incentivos a mecanismos financieros específicos,
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ampliación de garantías,
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y mayor integración entre el sector público, privado y entidades financieras para sostener empresas viables.
