Competencia empresarial, la deuda pendiente de América Latina. América Latina y el Caribe no atraviesan una crisis económica en el sentido tradicional. Tampoco viven un ciclo de expansión vigorosa. La región se mueve en una franja incómoda de crecimiento bajo y persistente que, lejos de ser un fenómeno coyuntural, se ha convertido en una característica estructural. Las proyecciones para 2025 indican un crecimiento cercano al 2,4%, prácticamente idéntico al registrado en 2024 y 2023, y muy similar al promedio observado entre 2007 y 2016.
A simple vista, este desempeño puede parecer aceptable. Sin embargo, cuando se analiza con mayor profundidad, revela una señal preocupante: América Latina sigue atrapada en una dinámica de estancamiento que limita su capacidad para reducir desigualdades, aumentar salarios reales y converger hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. El problema no es la falta de recursos, población o potencial productivo. El verdadero cuello de botella está en la estructura de sus mercados y en la escasa competencia entre empresas.
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Un crecimiento que no alcanza
La región no colapsa, pero tampoco despega. A pesar de avances significativos en estabilidad macroeconómica, expansión educativa y reducción de la pobreza en las últimas décadas, el crecimiento económico no ha sido suficiente para romper la llamada “trampa del ingreso medio”. Este fenómeno describe a países que logran superar la pobreza extrema, pero luego quedan estancados sin dar el salto hacia economías más productivas y sofisticadas.
Las previsiones para 2026 refuerzan esta preocupación: el crecimiento podría desacelerarse levemente hasta el 2,3%, confirmando una tendencia de bajo dinamismo. Esta meseta prolongada tiene efectos acumulativos: limita la creación de empleo de calidad, reduce la inversión, desalienta la innovación y debilita la confianza de los ciudadanos en el progreso económico.
El factor que falta: competencia real
Una de las explicaciones más sólidas para este desempeño mediocre es la falta de competencia efectiva en los mercados de productos y servicios. En muchos países latinoamericanos, sectores clave de la economía están dominados por un número reducido de empresas con alto poder de mercado, lo que reduce los incentivos para innovar, bajar precios o mejorar la calidad.
Diversos estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestran que, si los mercados latinoamericanos funcionaran con niveles de competencia similares a los de las economías desarrolladas, el impacto sería significativo: el PIB per cápita podría ser hasta un 11% más alto y la desigualdad podría reducirse en alrededor de un 6%. Estas cifras no son marginales; representan una mejora sustancial en el bienestar económico de millones de personas.
Mercados concentrados, consumidores perjudicados
En América Latina, muchos mercados están altamente concentrados. Mientras que en las economías avanzadas es común encontrar entre seis y ocho competidores relevantes por sector, en la región latinoamericana la estructura típica suele reducirse a dos grandes empresas dominantes. Esta concentración se traduce en márgenes elevados, precios más altos y menor presión competitiva.
Según el BID, las empresas latinoamericanas cobran, en promedio, alrededor de un 35% por encima de sus costos de producción, frente a márgenes cercanos al 20% en los países desarrollados. Estos “márgenes excesivos” reflejan un poder de mercado que termina siendo pagado por los consumidores, quienes enfrentan precios más altos, menor variedad y servicios de menor calidad.
Impacto directo en salarios y productividad
La falta de competencia no solo afecta a los consumidores. También tiene consecuencias profundas en el mercado laboral. Empresas protegidas de la competencia tienden a ser menos eficientes, innovan menos y no enfrentan presiones reales para compartir ganancias con sus trabajadores. El resultado son salarios más bajos, menor movilidad laboral y un crecimiento limitado de la productividad.
Si los mercados laborales fueran más dinámicos y competitivos, las empresas tendrían mayores incentivos para atraer talento, invertir en capacitación y mejorar las condiciones de trabajo. Esto generaría un círculo virtuoso de mayor productividad, mejores ingresos y mayor consumo interno.
El problema de las empresas “demasiado cómodas”
En un entorno de baja competencia, las empresas dominantes se acostumbran a operar sin urgencia por mejorar. No necesitan modernizarse rápidamente, reducir costos ni adoptar nuevas tecnologías. Esta comodidad frena la innovación y mantiene estructuras productivas obsoletas, afectando la competitividad internacional de la región.
Mientras tanto, las pequeñas empresas enfrentan enormes barreras para crecer. Falta de acceso a financiamiento, regulaciones complejas y mercados cerrados impiden que los emprendimientos exitosos se conviertan en empresas medianas, un segmento escaso en América Latina y fundamental para el desarrollo económico sostenible.
Competencia: una causa sin defensores visibles
A diferencia de otras agendas económicas, la promoción de la competencia carece de defensores naturales fuera del ámbito técnico. No es un mensaje que genere titulares ni movilice votantes de forma inmediata. Decir que se es “pro competencia” no tiene la fuerza política de prometer subsidios, protección industrial o expansión del gasto público.
Además, impulsar la competencia implica enfrentarse a grupos empresariales consolidados, con poder económico y conexiones políticas, que se benefician del statu quo. Los costos políticos de abrir mercados son inmediatos y visibles, mientras que los beneficios se distribuyen de manera gradual y difusa entre millones de consumidores.
El discurso que frena las reformas
Con frecuencia, los sectores que se oponen a una mayor competencia enmarcan el debate en términos emocionales: presentan la apertura de mercados como una amenaza para el empleo, la industria nacional o incluso la soberanía económica. Este discurso suele ser efectivo, especialmente en contextos de incertidumbre social y económica.
Sin embargo, como advierten los especialistas del BID, estas narrativas ignoran los costos de largo plazo. Las políticas intervencionistas que protegen mercados cerrados pueden ofrecer alivio temporal, pero terminan reduciendo la eficiencia, la inversión y el crecimiento económico, perjudicando precisamente a quienes dicen proteger.
El caso del sector financiero: un ejemplo claro
El sistema bancario latinoamericano ilustra de manera contundente los efectos de la baja competencia. En promedio, los bancos de la región muestran una rentabilidad sobre activos significativamente mayor que sus pares en Estados Unidos o la Unión Europea. Esta rentabilidad elevada, combinada con una alta concentración del mercado, sugiere que los consumidores pagan más por servicios financieros básicos.
Un sistema financiero poco competitivo encarece el crédito, limita el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas y reduce la inclusión financiera. Dado que el crédito es un insumo clave para el crecimiento, este problema se extiende a toda la economía.
Señales positivas: cuando la competencia avanza
A pesar del panorama general, existen ejemplos alentadores en la región. En Brasil, el sistema de pagos instantáneos Pix ha transformado el mercado financiero, facilitando la entrada de fintechs y aumentando la competencia en depósitos y préstamos. En Buenos Aires, la liberalización del mercado de alquileres provocó un aumento significativo en la oferta de viviendas. En Uruguay, la portabilidad numérica móvil redujo precios y dinamizó el sector de telecomunicaciones.
Estos casos demuestran que, cuando se diseñan políticas adecuadas, la competencia puede generar beneficios rápidos y tangibles para los consumidores.
El peso de la regulación excesiva
Uno de los principales obstáculos para una mayor competencia es la acumulación de regulaciones complejas y, en muchos casos, mal diseñadas. Aunque muchas normas se implementan con buenas intenciones, terminan protegiendo a los actores establecidos y dificultando la entrada de nuevos competidores.
El BID identifica tres áreas prioritarias para revertir esta situación: una mayor integración de los mercados regionales, la eliminación de protecciones que perpetúan el statu quo y el fortalecimiento de las agencias de competencia, dotándolas de independencia y recursos suficientes.
Competencia como agenda progresista
Lejos de ser una causa “pro mercado” en sentido ideológico, la promoción de la competencia puede entenderse como una agenda progresista. Mercados más abiertos impulsan la innovación, reducen precios, mejoran salarios y amplían las oportunidades económicas. Los principales beneficiarios son los trabajadores, los consumidores y las pequeñas empresas.
La competencia no elimina las desigualdades por sí sola, pero crea un entorno más justo donde el éxito depende más de la eficiencia y la innovación que de las conexiones políticas o las barreras regulatorias.
Un desafío de largo plazo
Promover la competencia es una tarea compleja y poco glamorosa. Requiere pedagogía, paciencia y voluntad política. Implica explicar a la ciudadanía que los mercados abiertos y justos generan mejores resultados colectivos, aunque en el proceso algunos sectores pierdan privilegios.
Sin embargo, si América Latina aspira a crecer de manera sostenida, elevar salarios y reducir desigualdades, no puede seguir postergando esta agenda. La región necesita más rivalidad empresarial, no menos, y debe asumirla como un pilar central de su estrategia de desarrollo.
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Conclusión: crecer exige competir
América Latina enfrenta una disyuntiva clara. Puede seguir transitando un camino de crecimiento lento, mercados cerrados y oportunidades limitadas, o puede apostar decididamente por una mayor competencia que libere su potencial productivo. Los datos son contundentes: abrir mercados, reducir concentraciones excesivas y fortalecer la competencia no es un lujo ideológico, sino una necesidad económica.
La pregunta ya no es si la región puede permitirse más competencia, sino si puede permitirse seguir sin ella.
