Los supermercados mayoristas respaldan cambios laborales propuestos por Marcela Pagano
Los supermercados mayoristas en Argentina han comenzado a jugar un rol más activo en el debate legislativo sobre el mercado laboral. Representantes del sector expresaron recientemente su firme respaldo a una propuesta presentada por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, que busca reformar parte del sistema de aportes laborales obligatorios. El proyecto ha despertado el interés y el apoyo de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que insiste en la necesidad urgente de aliviar ciertas cargas que, a su entender, encarecen innecesariamente el empleo formal.
Durante una reunión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, varios empresarios manifestaron su preocupación por lo que consideran «sobrecostos ocultos» dentro del sistema de empleo argentino. La iniciativa de Pagano abre el debate sobre una reforma integral del régimen de contribuciones, promoviendo que ciertos aportes pasen a ser voluntarios en lugar de obligatorios, una propuesta que los mayoristas ven como un paso hacia mayor transparencia y eficiencia económica.
Las demandas del sector mayorista: entre la presión fiscal y la competitividad
Los empresarios reunidos en el ámbito legislativo plantearon diversos ejemplos de contribuciones que consideran desfasadas o innecesarias. Uno de los casos más discutidos fue el de la contribución solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC. Esta carga, implementada en plena emergencia sanitaria, aún sigue aplicándose, con un valor fijo de $5.500 mensuales por empleado. Lo llamativo es que se mantiene incluso en casos donde el trabajador no se encuentra afiliado a dicha obra social, generando lo que los empresarios calificaron como una “exacción sin justificación”.
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Otro punto de fricción es el aporte obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), el cual asciende a más de $4.700 por empleado. Los mayoristas señalan que, en muchos casos, los trabajadores no reciben ningún tipo de formación efectiva a cambio. Según sus declaraciones, el problema no radica en el concepto de capacitación en sí, sino en la falta de transparencia y control sobre cómo se utilizan esos fondos.
Finalmente, los empresarios también cuestionaron el seguro complementario de retiro, que representa un 2,5% del salario. Este seguro, de carácter obligatorio, no permite que el trabajador o el empleador opten por alternativas o gestionen ese dinero de otra manera. Para el sector mayorista, todos estos aportes deberían integrarse al salario base, permitiendo que sea el propio trabajador quien decida cómo utilizarlos.
El proyecto impulsado por la diputada Pagano busca introducir un cambio cultural en la lógica de los aportes laborales. Su propuesta apunta a que las contribuciones complementarias sean optativas y no obligatorias. Según sus fundamentos, este esquema permitiría aliviar la carga fiscal de los empleadores, incrementaría el salario neto disponible para el trabajador y ayudaría a contener los precios finales de los productos.
Desde la óptica empresarial, los aportes actuales afectan directamente los costos de operación, que luego se trasladan al consumidor. “No estamos hablando de montos menores —advirtió uno de los empresarios, Nicolás Vaccaneo—. Aunque sean $5.000 o $4.700 por empleado, si los multiplicás por cientos de trabajadores, el impacto es significativo. Y ese costo termina reflejándose en el precio de góndola”.
Para los supermercadistas mayoristas, muchas de estas cargas no tienen una contrapartida clara ni un mecanismo de evaluación transparente. En ese sentido, no se trata de oponerse a la protección social o al desarrollo profesional, sino de replantear la eficacia del modelo actual. En palabras de los propios representantes de Cadam: “Estamos con las pymes, con los trabajadores, venimos del conurbano, y sabemos lo que cuesta cada peso. Lo que pedimos es transparencia y la posibilidad de elegir”.
Implicancias económicas y sociales del proyecto
La propuesta de reforma no solo tiene impacto en las relaciones laborales, sino también en la macroeconomía. El costo del trabajo en Argentina es una preocupación constante para los sectores productivos. Las contribuciones laborales obligatorias, muchas de las cuales no están directamente vinculadas al bienestar del trabajador, aumentan el costo de contratar personal de manera formal, lo que puede fomentar la informalidad.
La opción de hacer voluntarios ciertos aportes permitiría una redistribución más eficiente de los recursos. El trabajador, al recibir una porción mayor de su salario en mano, tendría mayor libertad para decidir en qué servicios o seguros desea invertir. Esto también puede traducirse en un mayor consumo o en la posibilidad de ahorro, contribuyendo al dinamismo económico.
Por otro lado, los detractores de la medida argumentan que eliminar estos aportes sin una alternativa clara puede debilitar sistemas colectivos que brindan cobertura social, capacitación o seguros específicos. Sin embargo, para los mayoristas, la clave está en la gestión y la transparencia: “No es una pelea contra los sindicatos ni contra los convenios colectivos —aclararon durante la comisión—. Es una cuestión empresarial y de eficiencia”.
El apoyo explícito que recibió Pagano por parte de empresarios del sector mayorista constituye también un respaldo político. En tiempos de polarización, que representantes de un sector económico expresen públicamente su adhesión a una iniciativa legislativa no es un gesto menor. Esto también puede leerse como una señal de que existe un consenso creciente en el mundo empresarial sobre la necesidad de modernizar el esquema de cargas laborales.
Además, el planteo se inscribe dentro de una agenda más amplia promovida por La Libertad Avanza, que propone una revisión estructural del Estado y sus mecanismos de intervención en la economía. El respaldo de los mayoristas puede funcionar como punta de lanza para que otros sectores productivos —como la industria, el comercio minorista o los servicios— se sumen al reclamo por una legislación laboral más flexible y actualizada.
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La discusión sobre las cargas laborales en Argentina está lejos de concluir. Lo planteado por los supermercadistas mayoristas y canalizado por la diputada Pagano podría convertirse en una oportunidad para repensar el sistema desde una perspectiva más moderna y centrada en la eficiencia del gasto social. La clave estará en encontrar un equilibrio entre garantizar derechos laborales y promover un ambiente favorable para la generación de empleo formal.
Mientras tanto, la presión de los empresarios y el impulso legislativo marcarán la agenda del Congreso en los próximos meses. Las decisiones que se tomen podrían influir directamente en la dinámica del mercado laboral y en el bolsillo de millones de trabajadores y consumidores en todo el país.
