Comerciantes uruguayos advierten sobre impacto de aumentar compras online
El debate sobre el comercio digital transfronterizo en Uruguay ha ganado fuerza tras la presentación de un proyecto de ley que propone elevar el límite de compras por internet en el exterior de 200 a 500 dólares. Esta modificación ha despertado la preocupación de múltiples actores del comercio tradicional, quienes ven en esta medida una amenaza directa al equilibrio económico de los comercios locales, especialmente en departamentos como San José, donde la cercanía a la capital y la competencia con el e-commerce generan un contexto desafiante.
Una propuesta que despierta inquietudes
El proyecto en cuestión fue remitido a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y propone elevar el monto permitido para compras personales online en el exterior a US$ 500 por operación, manteniendo los límites de peso y frecuencia vigentes (tres veces al año y hasta 20 kilos por envío, sin fines comerciales). Esta ampliación, argumentan sus detractores, afectaría de manera significativa a los comercios minoristas nacionales, al facilitar que los consumidores opten por adquirir productos del exterior, generalmente a precios más bajos.
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Uno de los referentes que ha manifestado una postura crítica es Juan Manuel Machado, presidente del Centro Comercial e Industrial de San José, quien ha emprendido gestiones para frenar el avance del proyecto. En coordinación con la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU), la gremial que representa Machado busca sensibilizar a los legisladores sobre el posible perjuicio económico de esta iniciativa para el ecosistema comercial uruguayo.
Las razones del rechazo empresarial
El principal argumento esgrimido por los comerciantes es que la competencia desleal que suponen estas compras online impacta negativamente en el comercio tradicional, que enfrenta costos operativos significativamente más altos: cargas impositivas, tarifas públicas y obligaciones laborales que no afectan del mismo modo a las plataformas extranjeras.
Machado sostiene que esta asimetría distorsiona el mercado y atenta contra el desarrollo del comercio de cercanía, especialmente en departamentos donde las ventas ya han experimentado una caída. «Es fundamental que comprendamos el contexto en el que se plantea este proyecto. Lo que para algunos es una medida de alivio para el consumidor, para nosotros puede representar el cierre de locales comerciales y pérdida de empleos», señaló.
Para respaldar esta visión, el Centro Comercial de San José ha entablado diálogo con representantes parlamentarios como el diputado Mauricio Viera, a quien transmitieron sus preocupaciones e insistieron en la necesidad de evaluar las consecuencias económicas de modificar el régimen actual. Machado también hizo un llamado a la unidad de las cámaras empresariales del país para formar un frente común contra la propuesta.
Una realidad turística y comercial compleja
El comercio minorista en San José, como en otros departamentos cercanos a Montevideo, enfrenta el desafío de la «fuga de consumo». Gracias al buen estado de las rutas y a la corta distancia, muchos residentes del departamento optan por realizar sus compras en la capital, lo cual debilita las ventas locales. Esta realidad se agrava con la posibilidad de que los consumidores, además de ir a Montevideo, compren directamente a proveedores extranjeros vía plataformas digitales.
Machado describe la situación como una «meseta» en la que las empresas no están cerrando, pero tampoco logran crecer. Esto es atribuible, en parte, a la carga impositiva y las tarifas públicas, que reducen la competitividad del comercio local. “La estabilidad no necesariamente implica una buena salud económica”, sostuvo el dirigente, quien describe al ecosistema empresarial como “estable, pero delicado”.
Iniciativas para revitalizar el comercio local
A pesar de este escenario adverso, el Centro Comercial de San José apuesta a fortalecer el tejido empresarial a través de nuevos proyectos. Uno de ellos es la remodelación de su sede institucional, que se encuentra frente a una de las plazas principales del departamento. Esta obra se concretará mediante un acuerdo con el Ministerio de Transporte, y busca mejorar la infraestructura para el desarrollo de actividades gremiales y de formación empresarial.
Paralelamente, se trabaja en el desarrollo de una aplicación móvil orientada a comerciantes y consumidores. Esta herramienta tecnológica busca mejorar la comunicación entre el centro comercial y los negocios asociados, además de servir como canal para difundir promociones, descuentos y eventos especiales. La meta es potenciar el mercado local, utilizando la tecnología como aliada para fidelizar clientes y visibilizar la oferta del departamento.
Desde el sector empresarial, hay expectativa respecto a las políticas que adoptará el nuevo gobierno nacional en relación con el comercio. Machado expresó su esperanza de que se adopten medidas que favorezcan la competitividad del pequeño y mediano comercio, aunque también manifestó cierta inquietud por la afinidad del nuevo ministro de Trabajo, Juan Castillo, con los sectores sindicales.
Si bien aún no se han concretado reuniones con las nuevas autoridades nacionales, el Centro Comercial sí ha mantenido diálogos con los candidatos a la Intendencia de San José. En esos encuentros, se plantearon temas prioritarios como la necesidad de mejorar los controles bromatológicos en los comercios gastronómicos, una medida vista como fundamental para asegurar condiciones de competencia justas entre formales e informales, y garantizar la calidad del servicio a los consumidores.
La importancia de una visión integral
El caso del proyecto de ley que aumenta el límite de compras online en el exterior refleja una tensión creciente entre el avance del comercio digital globalizado y la sostenibilidad del comercio local. Desde la óptica de gremiales empresariales como la de San José, cualquier reforma en este sentido debería estar acompañada de medidas compensatorias que nivelen el terreno de juego.
Estas podrían incluir incentivos fiscales, programas de digitalización para pequeñas empresas, capacitación en comercio electrónico, y campañas de sensibilización para promover el consumo local. De lo contrario, advierten, se corre el riesgo de acelerar un proceso de desindustrialización comercial que afectaría el empleo, la inversión local y la cohesión social.
En un país como Uruguay, donde la red de pequeños comercios cumple un rol vital no solo económico sino también social, el equilibrio entre la apertura al mercado internacional y la protección del comercio interno debe gestionarse con especial cuidado.
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La discusión en torno al proyecto que propone aumentar el límite de compras online aún está en sus primeras etapas, pero ya ha logrado movilizar a actores clave del sector empresarial. La postura del Centro Comercial e Industrial de San José, así como la de otras gremiales, pone sobre la mesa un dilema relevante: cómo compatibilizar el acceso de los consumidores a una mayor variedad de productos a precios competitivos, sin debilitar el tejido comercial y productivo del país.
El futuro de esta propuesta dependerá, en buena medida, de la capacidad del sistema político para sopesar estos intereses contrapuestos y encontrar soluciones que contemplen tanto la modernización del consumo como la protección de los actores más vulnerables de la economía nacional.
