La venta ilegal callejera en Buenos Aires muestra un retroceso significativo en mayo
Durante el mes de mayo de 2025, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires experimentó una disminución importante en la cantidad de puestos de venta ilegal callejera. Según el informe más reciente del Observatorio de Comercio y Servicios de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), se contabilizaron 110 puestos en las áreas monitoreadas, lo que representa una baja del 14,1 % en relación con abril de este mismo año. Aún más significativo, si se toma como referencia mayo de 2024, la caída interanual alcanzó un notable 89,4 %.
Este descenso se produce tras un incremento abrupto en abril, cuando la cantidad de vendedores informales en la vía pública creció un 54,2 % frente al mes de marzo. Es decir, la dinámica del comercio ilegal callejero en la ciudad ha sido oscilante, con repuntes esporádicos y descensos marcados que reflejan una situación de informalidad fuertemente condicionada por factores socioeconómicos coyunturales.
Uno de los datos más destacados del informe es la alta concentración territorial de la venta ilegal. El 90,9 % de los puestos identificados se encontraron en tan solo diez cuadras específicas de la ciudad, lo cual evidencia una distribución extremadamente focalizada de la actividad. Esta situación sugiere que la venta callejera no se ha dispersado por toda la ciudad, sino que se ha asentado en puntos neurálgicos con gran circulación peatonal.
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Entre las zonas más afectadas se encuentran la calle Perú —que concentra dos de las diez cuadras más comprometidas— y la estación Once de Septiembre. Estos lugares funcionan como polos de atracción comercial para el comercio informal, probablemente por la alta afluencia de personas, lo que favorece las oportunidades de venta.
Pese a la disminución general en el número de puestos, la densidad promedio aumentó hasta 2,6 por cuadra, lo que sugiere que en algunas zonas puntuales la presión del comercio callejero incluso se intensificó. Este fenómeno plantea desafíos importantes para la fiscalización municipal, dado que una mayor densidad en menor superficie puede implicar mayor complejidad operativa para el control.
Los productos más ofrecidos durante el mes de mayo fueron los alimentos y bebidas, que representaron un 63,2 % del total de los artículos comercializados ilegalmente. Este dato refleja una tendencia persistente: los vendedores ambulantes priorizan productos de rápida rotación y consumo inmediato, lo que les permite sostener una fuente de ingresos diaria en un contexto económico complejo.
En segundo lugar, las artesanías ocuparon un 20,2 % de la oferta ilegal. Este tipo de productos, muchas veces elaborados por los propios vendedores, revela también un componente de autoempleo y subsistencia en el comercio informal. Si bien otras categorías estuvieron presentes, su peso fue considerablemente menor en comparación con los rubros mencionados.
El predominio de alimentos y bebidas también plantea preocupaciones sanitarias, ya que estos productos muchas veces se venden sin controles adecuados ni garantías de higiene, lo cual puede representar un riesgo para los consumidores.
Metodología del relevamiento y áreas monitoreadas
El estudio fue realizado mediante observación directa entre el 1 y el 30 de mayo en diversas zonas clave de la capital, incluyendo avenidas, calles, estaciones y plazas de alta circulación. Las áreas relevadas abarcaron barrios como Liniers, Once, el Microcentro porteño y la histórica Plaza de Mayo. Se trata de lugares que, por su concentración de tránsito peatonal y actividad comercial formal, atraen naturalmente también al comercio informal.
La metodología de observación directa permite detectar no solo la cantidad de puestos, sino también la dinámica de su operación, horarios de actividad y tipología de productos. Este enfoque cualitativo complementa la cuantificación y permite generar mapas de calor para el despliegue de estrategias de control urbano.
La caída en el número de puestos callejeros ilegales puede estar vinculada a múltiples causas. Por un lado, las políticas de fiscalización por parte del gobierno de la Ciudad podrían haber aumentado en intensidad. Por otro, factores económicos como el menor poder adquisitivo de la población también pueden estar desincentivando la compra informal, reduciendo así la rentabilidad de esta actividad.
Asimismo, el descenso interanual tan pronunciado (89,4 %) podría reflejar un cambio estructural más profundo, como el impacto de programas sociales, reconversiones laborales o incluso el desplazamiento de vendedores hacia otras plataformas, como las ventas digitales informales. En cualquier caso, el fenómeno merece seguimiento constante, ya que tiende a reconfigurarse con rapidez según las condiciones macroeconómicas.
El comercio ilegal callejero sigue siendo una expresión clara de la informalidad estructural que afecta a buena parte de la economía argentina. Aunque representa una válvula de escape para quienes no encuentran oportunidades en el mercado formal, también implica pérdidas para el fisco, competencia desleal para los comerciantes establecidos y, en algunos casos, condiciones laborales precarias.
La fuerte concentración geográfica y sectorial abre la puerta a políticas más focalizadas. Por ejemplo, programas de reconversión laboral, capacitación y microcréditos podrían estar dirigidos especialmente a los grupos identificados en las zonas más críticas. La calle Perú o la estación Once, al ser epicentros de la venta informal, podrían convertirse en puntos estratégicos de intervención social con enfoque territorial.
También es clave trabajar en paralelo con los consumidores, promoviendo campañas de concienciación sobre los riesgos de comprar en el mercado informal y los beneficios de apoyar al comercio registrado.
Control urbano y convivencia
El descenso en el número de puestos podría interpretarse como un éxito parcial de las autoridades locales, pero no debería leerse como una solución definitiva. Mientras persistan condiciones de vulnerabilidad social, el fenómeno tenderá a reaparecer bajo distintas formas. El desafío es lograr una convivencia ordenada en el espacio público, donde los derechos de los comerciantes formales, los transeúntes y los propios vendedores informales puedan ser tenidos en cuenta dentro de una lógica de inclusión y no de persecución.
Las políticas de control, si bien necesarias, deben complementarse con soluciones integrales que incluyan formación, diálogo institucional, alternativas laborales reales y un monitoreo constante de los cambios en el ecosistema urbano.
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En un contexto económico volátil como el argentino, el comportamiento de la venta callejera ilegal funciona muchas veces como un termómetro social. Su repunte en abril, seguido por la caída en mayo, es indicativo de un mercado informal que se ajusta en tiempo real a las tensiones de la economía y a las políticas de regulación urbana.
Será clave seguir de cerca la evolución del fenómeno durante el segundo semestre del año, especialmente si se proyectan cambios en las políticas públicas, modificaciones en los niveles de consumo o alteraciones en el empleo formal.
El rol de observatorios como el de la CAC será central no solo para el diagnóstico, sino también para la formulación de propuestas sustentadas en evidencia empírica.
