El cierre inesperado de Caromar deja a cientos de trabajadores en incertidumbre
El mercado mayorista argentino atraviesa una nueva turbulencia luego de que Caromar, una empresa con años de presencia en la distribución de productos de consumo masivo, cerrara de forma abrupta tres de sus plantas ubicadas en Mar del Plata, Tablada y San Justo. Lo que ocurrió en la madrugada del lunes tomó por sorpresa a empleados, gremios e incluso a parte de la estructura interna de la compañía. Sin previo aviso, las sedes amanecieron con candados en los portones, guardias de seguridad privada y carteles que prohibían el ingreso. La escena reveló un quiebre súbito en el funcionamiento de la firma, que hasta el fin de semana operaba con normalidad.
La falta de comunicación oficial de parte de la empresa abrió un período de profunda incertidumbre laboral. Cientos de empleados quedaron de un momento a otro sin tareas, sin información y sin claridad acerca de si se trata de un cierre definitivo, una reestructuración o un conflicto financiero que la compañía intenta manejar a puertas cerradas. En un país donde los cambios repentinos en los mercados distributivos suelen derivar en tensiones sindicales y sociales, este caso encendió todas las alarmas.
Los trabajadores relataron que la actividad se desarrolló con absoluta normalidad hasta el sábado por la tarde, cuando terminaron la jornada preparando pedidos para la semana siguiente. De acuerdo con testimonios sindicales, no existían señales de crisis visibles ni se había anticipado alguna modificación en la operatoria. Por eso, el hallazgo de las instalaciones cerradas sorprendió tanto a personal operativo como administrativo.
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Uno de los delegados gremiales explicó que incluso los mandos intermedios desconocían por completo cualquier plan de cierre. La empresa no emitió comunicaciones por correo, no envió telegramas y tampoco activó canales oficiales para explicar los motivos. La ausencia de notificaciones formales deja a los trabajadores en un limbo legal, ya que sin una causa explícita ni un procedimiento adecuado no se puede avanzar en mecanismos de reclamo o desvinculación regulada.
El impacto emocional también es significativo. En una de las sedes afectadas, cerca de quince familias cuentan con casi treinta años de antigüedad. La idea de perder de manera repentina un empleo que ha marcado la trayectoria profesional de varias generaciones resuena con fuerza en estas comunidades laborales.
UNA ESTRATEGIA EMPRESARIAL QUE DESATA SOSPECHAS
Aunque no existe confirmación oficial, comenzó a circular la versión de que la empresa buscaría ampararse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, una norma que permite reducir el monto de la indemnización al 50% cuando el empleador invoca causas de fuerza mayor o una reducción sustancial de la actividad. Este movimiento, de confirmarse, implicaría que la compañía argumenta una caída abrupta en la demanda o problemas económicos que la obligan a achicar su estructura.
El uso del artículo 247 suele generar controversia. Para que su aplicación sea válida, la empresa debe demostrar que la situación escapa a su control y que la continuidad de la operación se vuelve inviable. En los hechos, sin embargo, los sindicatos suelen cuestionar este enfoque, ya que muchas veces se percibe como un intento de disminuir costos a expensas de los trabajadores.
En este caso particular, la falta de comunicación, la ausencia de informes contables públicos y el hecho de que Caromar mantenga actividad en otras localidades alimentan la sospecha de que la empresa no se encuentra en una situación de fuerza mayor sino ante un proceso de reestructuración interno o una decisión estratégica de cerrar puntos específicos para reorganizar su logística.
EL ROL DE LOS GREMIOS Y LA REACCIÓN INMEDIATA
La respuesta sindical no se hizo esperar. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), junto con los sindicatos locales de cada región, iniciaron manifestaciones en las puertas de las plantas cerradas para visibilizar la situación y exigir explicaciones. Organizaciones como el SECZA en Mar del Plata y el SEOCA en la zona oeste del Gran Buenos Aires movilizaron delegados y trabajadores para acompañar el reclamo.
Los gremios coinciden en un diagnóstico: la empresa habría actuado de manera irregular al no cumplir con los procedimientos que la ley establece para realizar despidos, suspensiones o cierres operativos. Según sostienen, cualquier empresa en dificultades económicas debe informar oficialmente a los empleados, presentar documentación que acredite la crisis y participar en instancias de negociación para mitigar el impacto social.
La repentina clausura colocó al Ministerio de Trabajo en el centro de las demandas sindicales. El organismo convocó a audiencias de conciliación obligatoria para esclarecer la situación y definir los pasos legales a seguir. Estas instancias son clave para evitar decisiones unilaterales y, en caso de que no haya acuerdo, podrían derivar en acciones judiciales contra la compañía.
El cierre de estas plantas no se da en un vacío. El sector mayorista y distribuidor enfrenta desde hace meses un escenario marcado por fluctuaciones en los costos logísticos, cambios en los niveles de consumo y dificultades en el acceso al financiamiento. La inflación acumulada presiona sobre los costos operativos y reduce el margen de maniobra de las empresas, especialmente de aquellas que dependen de altos volúmenes de productos para sostener su rentabilidad.
Si bien Caromar había mostrado estabilidad en sus operaciones previas, la coyuntura del país podría haber generado tensiones internas difíciles de sostener. No obstante, la falta de transparencia por parte de la empresa impide determinar si el cierre responde realmente a una situación económica crítica o a una estrategia corporativa que busca reorganizar su mapa logístico prescindiendo de determinadas locaciones.
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO EN LAS REGIONES AFECTADAS
Las plantas de Mar del Plata, Tablada y San Justo no solo empleaban a trabajadores directos; también formaban parte de cadenas de valor más amplias que incluían proveedores, transportistas y comercios locales. La interrupción de sus actividades podría generar un efecto cascada en cada una de estas economías regionales.
En Mar del Plata, por ejemplo, la planta funcionaba desde hace décadas y se había convertido en un punto clave para abastecer a comercios minoristas de la ciudad y localidades cercanas. El cierre repentino no solo deja a su personal en la incertidumbre, sino que podría afectar la disponibilidad de productos en ciertos segmentos del mercado local, especialmente en un contexto donde muchos comercios dependen de mayoristas para mantener precios competitivos.
En la zona oeste y en el conurbano bonaerense, Tablada y San Justo representan centros de distribución estratégicos. Su paralización podría obligar a comercios y distribuidores a reconfigurar sus rutas de abastecimiento, generando demoras, costos adicionales y afectando la dinámica habitual de comercialización.
¿QUÉ PUEDE PASAR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS?
La clave estará en las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo. Allí se definirá si Caromar está en condiciones de justificar legalmente su accionar y si existen posibilidades de reabrir las plantas, negociar indemnizaciones o acordar un plan de reubicación para los empleados.
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En paralelo, los gremios anticipan que, de no obtener respuestas, avanzarán con medidas judiciales y movilizaciones más amplias para presionar a la empresa. No se descarta que el conflicto pueda escalar, afectando incluso a las operaciones que Caromar aún mantiene fuera de las zonas cerradas.
La evolución del caso será un termómetro para el mercado mayorista argentino, ya que pondrá a prueba los mecanismos institucionales de protección laboral y la capacidad del sector privado de sostener empleos en un contexto económico desafiante.
Fuente: Web Retail
