«Terminemos con la conservación de papel», es el tema que nos propone Felipe Escalona, CEO de The Real Eco State.
El escritor, filósofo y poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson decía que detrás de la creación de mil bosques está una simple bellota.
Algunas de esas bellotas dieron vida a unas 31.000 especies -entre plantas, animales, algas, hongos y bacterias- dentro del territorio chileno, de las cuales casi el 25% son endémicas. Muchas de ellas se encuentran en los 43 Parques Nacionales, 46 Reservas Nacionales y 18 Monumentos Naturales repartidos de norte a sur de nuestro territorio, albergando una riqueza natural que nos enorgullece ante el mundo, pero que también demanda una enorme responsabilidad para protegerla de las amenazas que enfrenta.
El problema es que difícilmente estamos cumpliendo esa tarea.
Un reciente informe del Centro de Estudios Públicos (CEP) concluyó que nuestro país debería invertir $75 mil millones adicionales cada año para garantizar una adecuada conservación de sus áreas protegidas, que hoy suman casi un 23% de su territorio.
Comparado con nuestros vecinos, gastamos cuatro veces menos recursos por cada hectárea de área protegida que Argentina y 9,5 veces menos que Perú. Aunque el mayor presupuesto que implica la reciente creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es un avance, está claro que la brecha seguirá creciendo si consideramos que el compromiso asumido por el Estado es aumentar al 30% el territorio resguardado en 2030.
Por eso vale la pena preguntarse de qué sirve seguir aumentando las zonas protegidas si muchos de los actuales parques nacionales no cuentan ni siquiera con un solo guardaparques que se preocupe de ellos. ¿Qué sentido tiene impulsar una política de protección o conservación que solo está en el papel? Firmar decretos para “proteger” nuestro patrimonio natural se convierte en letra muerta si no va acompañado de un presupuesto e infraestructura adecuados que los hagan viables.
Otro estudio conocido este año, esta vez de la Universidad Austral, constató que la gestión de los 18 parques nacionales ubicados en la Patagonia chilena requiere de recursos adicionales por US$ 238 millones. Una cifra enorme que difícilmente el Estado está en condiciones de solventar, con los perjuicios que eso representa para el resguardo de estas áreas que, más allá de lo que diga el papel, en la práctica están tan desprotegidas como el resto.
Ante esta realidad, la preservación de nuestro patrimonio natural no puede quedar -como ha sido tradicional- únicamente a merced de la voluntad de algún filántropo generoso dueño de una abultada billetera.
Es hora de abordar el desafío
Es hora de abordar el desafío de una manera distinta, lo que no significa sacar al Estado de la ecuación. Manteniendo un aporte presupuestario que es fundamental, sumado a un rol de supervisión y fiscalización, debe generar también las condiciones que propicien una incorporación activa del sector privado en esta tarea. ¿Cómo? Mejorando el marco legal y poniendo los incentivos adecuados para que pueda aportar al objetivo que se busca y que hoy está al debe.
En los últimos años algo de eso ha estado ocurriendo. Aunque, más que por una política expresamente diseñada por la autoridad, por iniciativas particulares que han ido surgiendo en forma espontánea.
Por ejemplo, cada vez más chilenos y extranjeros comunes y corrientes han optado por invertir en terrenos de cinco hectáreas como mínimo en la Patagonia chilena con la finalidad de mantener sus condiciones naturales a perpetuidad.
Para que la protección no quede solo en una mera manifestación de buena voluntad, utilizan el Derecho Real de Conservación (DRC) como herramienta legal para garantizar que en sus terrenos no harán nada que altere esos ecosistemas vírgenes.
Cálculos conservadores apuntan a que gracias a estos pequeños parques privados de conservación, más de 200 mil hectáreas quedarán protegidas en el próximo lustro. La labor de estos “mini Tompkins”, silenciosa pero efectiva, es un ejemplo de que debemos dejar atrás los prejuicios y abrazar las nuevas ideas, las innovaciones y la voluntad genuina que muchos tenemos para aportar al cumplimiento de este noble propósito.
El dilema no es Estado o mercado. El dilema es si seguimos impulsando una conservación de papel, que no pasa de ser un check list en reuniones y convenciones internacionales, una suerte de greenwashing estatal, o nos involucramos en una conservación real, con recursos, equipamiento y preparación para hacer bien la tarea.
Ante la magnitud del desafío, Estado y mercado deben trabajar juntos para garantizar que las futuras generaciones hereden un Chile con sus riquezas naturales verdaderamente resguardadas y no tengamos que esperar cientos de años a que las bellotas nuevamente hagan su trabajo.
