Desigualdad económica mantiene a mujeres uruguayas como las más afectadas por la pobreza regional
Uruguay suele destacar en América Latina por sus indicadores de estabilidad económica, desarrollo institucional y calidad de vida. Sin embargo, un reciente informe sobre igualdad de género evidencia que persiste un desafío estructural: la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres. El estudio revela que, por cada 100 hombres que viven en situación de pobreza, existen 154 mujeres en la misma condición, lo que convierte al país en el de mayor índice de feminización de la pobreza entre las naciones analizadas de la región.
Aunque Uruguay presenta uno de los menores niveles generales de pobreza de América Latina, la distribución de esa vulnerabilidad no es uniforme. Las diferencias entre hombres y mujeres muestran que el crecimiento económico y las políticas sociales no siempre logran reducir las brechas de género, especialmente en las etapas de la vida donde aumentan las responsabilidades de cuidado y crianza.
El informe señala que esta desigualdad se vuelve más evidente entre los 25 y los 49 años, un período en el que muchas mujeres combinan empleo remunerado con tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Esta doble carga limita sus oportunidades de acceder a trabajos de mayor calidad, avanzar profesionalmente o incrementar sus ingresos, generando un mayor riesgo de caer o permanecer en condiciones de pobreza.
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La denominada «feminización de la pobreza» no es un fenómeno exclusivo de Uruguay, pero en este país alcanza una magnitud particularmente elevada. Diversos organismos internacionales vienen advirtiendo que las desigualdades laborales, las brechas salariales y la distribución desigual del trabajo doméstico continúan afectando la autonomía económica de millones de mujeres en la región.
Otro dato que preocupa es el incremento de la inseguridad alimentaria entre las mujeres. El estudio indica que este problema ha aumentado en los últimos años y afecta con mayor intensidad a los hogares donde viven niños pequeños. La combinación de bajos ingresos, aumento del costo de vida y mayores responsabilidades familiares incrementa la vulnerabilidad de estos hogares y dificulta superar la pobreza de forma sostenible.
Los especialistas sostienen que el empleo constituye uno de los principales factores para revertir esta situación, aunque no cualquier tipo de trabajo. La informalidad laboral, los contratos de tiempo parcial involuntarios y las interrupciones frecuentes de la carrera profesional debido a tareas de cuidado reducen la estabilidad económica de muchas mujeres y limitan sus posibilidades de acceder a mejores ingresos y protección social.
A este panorama se suman otros factores que profundizan la desigualdad. El informe también analiza la violencia basada en género y advierte que las mujeres jóvenes presentan una mayor exposición a distintos tipos de violencia, especialmente psicológica. Estas situaciones repercuten directamente sobre su bienestar, su permanencia en el mercado laboral y sus oportunidades de desarrollo personal y económico.
Si bien Uruguay cuenta con un marco legal orientado a promover la igualdad y proteger los derechos de las mujeres, los especialistas consideran que aún existen desafíos importantes en la implementación de políticas públicas. La ampliación de los sistemas de cuidados, el acceso a empleos formales, la capacitación laboral y la reducción de las brechas salariales aparecen como algunos de los ejes prioritarios para disminuir la desigualdad.
Desde una perspectiva económica, reducir la pobreza femenina también representa una oportunidad para impulsar el crecimiento del país. Diversos estudios internacionales sostienen que una mayor participación laboral de las mujeres, acompañada por condiciones equitativas de empleo y remuneración, contribuye al aumento de la productividad, fortalece el consumo interno y mejora el desarrollo social de largo plazo.
La situación también pone de manifiesto que los indicadores generales de desarrollo no siempre reflejan las desigualdades que existen dentro de una sociedad. Un país puede exhibir bajos niveles de pobreza en términos agregados y, al mismo tiempo, mantener diferencias significativas entre distintos grupos de población. Por ello, cada vez más organismos internacionales promueven incorporar una perspectiva de género en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
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El caso uruguayo demuestra que el desafío ya no consiste únicamente en reducir la pobreza total, sino en garantizar que esa reducción beneficie por igual a hombres y mujeres. Lograr una mayor equidad implica fortalecer las oportunidades de acceso al empleo, mejorar la cobertura de los sistemas de cuidado, promover la corresponsabilidad familiar y eliminar las barreras que aún limitan la autonomía económica femenina.
En un contexto regional marcado por importantes transformaciones demográficas y laborales, la experiencia de Uruguay ofrece una lección relevante: el crecimiento económico y la estabilidad institucional deben ir acompañados de políticas específicas que permitan cerrar las brechas de género. Solo así será posible construir un desarrollo verdaderamente inclusivo, donde las oportunidades no dependan del sexo de las personas, sino de sus capacidades y posibilidades de participación en la vida económica y social.
Fuente: ABC
