Alemania podría estar a punto de revocar su ley de debido diligencia, conocida como la Supply Chain Act, que establece la responsabilidad de las empresas en su cadena de suministro en términos sociales y medioambientales. La propuesta, impulsada por el Partido Democrático Libre (FDP), ha ganado un nuevo impulso después de que este partido, en medio de una crisis de gobierno que se intensificó en noviembre, aprobara un proyecto de ley para eliminar esta normativa. El FDP argumenta que la ley ha generado una “jungla burocrática” que obstaculiza la transparencia y la eficiencia en las operaciones empresariales en lugar de facilitarla.
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La Supply Chain Act entró en vigor el 1 de enero de 2023 para empresas con más de 3.000 empleados y se aplicará a aquellas con más de 1.000 a partir de 2024. Sin embargo, a pesar de su implementación, el FDP sostiene que los requisitos impuestos por la ley son demasiado engorrosos y no cumplen su objetivo de mejorar las condiciones en las cadenas de suministro. La propuesta de derogación ahora debe ser debatida y aprobada por el Parlamento alemán, donde el partido del canciller Olaf Scholz ya no tiene la mayoría, lo que complica la situación legislativa.
La discusión sobre la revocación de la ley se produce en un contexto más amplio, ya que el exministro de economía Robert Habeck había sugerido previamente la posibilidad de retrasar la aplicación de los requisitos de diligencia debida hasta que se implemente una directiva europea relacionada, la cual no comenzará a funcionar hasta 2026. La directiva europea busca también mejorar la protección de los derechos humanos y del medio ambiente en las cadenas de suministro globales, pero el desfase temporal entre las legislaciones ha generado incertidumbre sobre cómo las empresas deben adaptarse en el corto plazo.
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A medida que el Parlamento se prepara para debatir esta propuesta, ya se anticipa que el FDP contará con el apoyo del partido liberal al ser uno de los principales promotores de la revocación. Sin embargo, la situación se complica debido a la oposición del Partido de los Verdes, que ha expresado reservas sobre la derogación de la ley. La actual crisis de gobierno en Alemania y la falta de una mayoría clara en el Parlamento plantean desafíos significativos para la administración de Scholz y la futura regulación de las cadenas de suministro.


