Nuevo León busca crear registro obligatorio de mascotas para frenar abandono
En un país donde millones de perros y gatos vagan por las calles, la necesidad de una respuesta estatal contundente al abandono y maltrato animal se vuelve urgente. En ese marco, una diputada local de Movimiento Ciudadano en Nuevo León ha propuesto la creación de un Registro Único de Animales de Compañía (RUAC). Este sistema sería una base de datos obligatoria y gratuita para identificar a todas las mascotas del estado, en un intento por frenar la problemática del abandono y fortalecer las políticas de bienestar animal.
Inspirada en el modelo de la CURP —la Clave Única de Registro de Población—, esta iniciativa plantea otorgar a cada mascota un número de identificación permanente que permita rastrear su origen, su historial médico y a los responsables legales de su cuidado.
UN PROBLEMA DE ABANDONO, NO DE SOBREPOBLACIÓN
Actualmente, se estima que en México hay cerca de 30 millones de animales en situación de calle, una cifra alarmante que no solo genera impacto ambiental y sanitario, sino que pone en evidencia la ausencia de políticas públicas eficaces para regular la tenencia responsable.
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Lo más preocupante: se calcula que el 80% de estos animales alguna vez tuvo un hogar. Es decir, no estamos frente a un fenómeno natural de sobrepoblación, sino ante una crisis social de abandono masivo. La diputada Marisol González Elías, autora de la propuesta, lo resume con contundencia: “No es una plaga, es una falla del sistema”.
El RUAC busca enfrentar este fenómeno con herramientas institucionales, exigiendo a los propietarios registrar obligatoriamente a sus mascotas y asumir formalmente la responsabilidad sobre su cuidado.
¿CÓMO FUNCIONARÍA EL RUAC?
La propuesta legislativa contempla una reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León, otorgando facultades a la Secretaría de Medio Ambiente estatal, en conjunto con los municipios, para implementar y operar el registro.
El esquema establecería:
Registro obligatorio y gratuito de mascotas.
Plazo de 60 días tras la adquisición para realizar la inscripción.
Identificación permanente del animal asociada a su número RUAC (chip, tatuaje u otro medio).
Obligación de reportar cambios relevantes: mudanza, pérdida, muerte del animal.
Participación activa de criadores, centros veterinarios y comercios de animales, quienes deberán entregar constancia del RUAC al nuevo tutor.
Veterinarios deberán incluir el número RUAC en el expediente clínico.
Este control permitiría a las autoridades tener una trazabilidad completa del animal, detectar prácticas ilegales como la cría clandestina, sancionar abandonos y vincular jurídicamente al responsable.
BENEFICIOS DE UNA BASE DE DATOS ANIMAL
La implementación del RUAC no solo permitiría tener un censo actualizado de animales domésticos en el estado, sino que también ayudaría a:
Reducir la sobrepoblación callejera, ya que al existir un control de propiedad, disminuyen los abandonos deliberados.
Castigar el maltrato y abandono con evidencia jurídica clara de responsabilidad.
Fortalecer campañas de vacunación y esterilización, al poder contactar directamente a los tutores.
Impulsar la adopción responsable, dado que las familias deberán registrar y demostrar capacidad para el cuidado.
Además, se alinea con una visión moderna de bienestar animal, que entiende a los animales de compañía como sujetos de cuidado con derechos básicos y no como simples objetos de consumo.
LA TUTELA LEGAL DE MASCOTAS EN CASOS DE SEPARACIÓN
Junto con la propuesta del RUAC, la legisladora presentó una iniciativa para modificar el Código Civil del Estado de Nuevo León. En concreto, plantea la adición del artículo 281 Bis, que permitiría a los jueces otorgar la custodia o tutela de animales de compañía en casos de separación o divorcio.
Hoy en día, los animales son considerados bienes muebles en la mayoría de los códigos civiles. Sin embargo, esta visión está siendo cuestionada en muchos países. La propuesta de González Elías se inspira en legislaciones de España, Francia, Brasil y Argentina, donde ya se reconoce legalmente la custodia compartida de mascotas.
De aprobarse, los jueces familiares podrían asignar la tutela del animal evaluando el vínculo afectivo, la capacidad de cuidado, el tiempo disponible, la situación de menores que conviven con el animal y la opinión de expertos veterinarios o etólogos.
Esta iniciativa representa un giro hacia una legislación más humana, empática y contemporánea, en la que los animales dejan de ser meras pertenencias y pasan a ser miembros afectivos del núcleo familiar.
González Elías lo explica así: “Ya no se trata solo de quién lo compró, sino de quién puede ofrecer mejores condiciones de vida”. El planteamiento se alinea con el concepto de perspectiva interespecies, que promueve considerar el bienestar del animal desde su propia experiencia y no solo desde la conveniencia del humano.
En ese sentido, el reconocimiento legal de la custodia de mascotas marcaría un precedente histórico en México, permitiendo resoluciones judiciales más justas y compasivas.
Ambas propuestas buscan colocar a Nuevo León como un referente nacional en materia de protección animal. El RUAC y la figura de custodia compartida son herramientas legales que no solo mejoran el bienestar de los animales, sino que también fortalecen la cultura ciudadana de respeto, responsabilidad y empatía.
Si bien los desafíos para su implementación son considerables —desde el financiamiento del registro hasta la capacitación de jueces en criterios de tutela interespecies—, la legislación propuesta abre el camino a una convivencia más armónica entre humanos y animales.
La experiencia internacional muestra que este tipo de políticas tiene impacto directo en la reducción del abandono y en la consolidación de una sociedad más consciente. Adoptarlas sería dar un paso firme hacia una transformación cultural profunda, en la que los animales ya no sean invisibles ante la ley.
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Otorgar identidad legal a los animales de compañía a través de un registro único es mucho más que un trámite burocrático. Se trata de reconocer que detrás de cada perro y gato hay una historia, un vínculo afectivo y una responsabilidad humana que debe estar claramente definida.
Del mismo modo, incluir a las mascotas en los procesos judiciales de separación, con criterios similares a los de la custodia de menores, implica un salto cualitativo en la forma de interpretar el derecho familiar y animal.
Estas iniciativas reflejan un cambio de paradigma: los animales ya no son cosas. Son seres sintientes, compañeros de vida, y merecen un trato legal acorde a esa condición. Si Nuevo León avanza con estas reformas, podría estar sembrando la semilla de una nueva relación entre el Estado, la ciudadanía y sus animales de compañía.
