Nuevas reglas en conjuntos residenciales redefinen la convivencia con mascotas en Colombia
La relación entre las familias y sus animales de compañía ha evolucionado de manera significativa en Colombia. Hoy, perros y gatos forman parte de millones de hogares y, en consecuencia, la convivencia en edificios y conjuntos residenciales ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad. Una reciente decisión de la Corte Constitucional marcó un precedente importante al establecer límites a las restricciones que las administraciones de propiedad horizontal pueden imponer a las personas que viven con mascotas.
El pronunciamiento surgió tras el caso de una residente a quien se le exigía una autorización especial para utilizar el ascensor junto a sus perros. Tanto ella como uno de sus animales presentaban condiciones de salud que hacían indispensable el uso de este medio de acceso. La Corte concluyó que este tipo de exigencias vulnera derechos fundamentales y determinó que las normas internas de los conjuntos no pueden convertirse en obstáculos que impidan la tenencia y movilidad de las mascotas en las zonas comunes.
La decisión deja claro que los conjuntos residenciales sí tienen la facultad de regular aspectos relacionados con la convivencia, la seguridad y la salubridad. Sin embargo, estas medidas deben ser razonables y proporcionales. Por ejemplo, las administraciones pueden establecer la obligación de utilizar correas en áreas comunes y exigir bozales para perros catalogados como potencialmente peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. También pueden promover campañas de convivencia y recordar las responsabilidades de los propietarios.
Vea también: Costo de mantener un perro impulsa mayor planificación financiera entre hogares y familias mexicanas
Lo que ya no pueden hacer es prohibir de manera general el tránsito de las mascotas por ascensores, pasillos, jardines u otras áreas compartidas. Tampoco pueden exigir permisos especiales para permitir la circulación de animales de compañía ni incluir prohibiciones absolutas en los manuales de convivencia. Según el alto tribunal, estas restricciones afectan el libre desarrollo de la personalidad y desconocen la importancia del vínculo emocional entre las personas y sus mascotas.
El fallo también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la tenencia responsable. El hecho de que las mascotas tengan garantizado el acceso a las zonas comunes no significa que los propietarios estén exentos de obligaciones. Los residentes deben evitar que sus animales generen riesgos para terceros, recoger sus desechos, atender las normas de higiene y responder por cualquier daño ocasionado a personas o bienes dentro de la copropiedad.
En la práctica, esta decisión podría impulsar una revisión de numerosos reglamentos internos en edificios y conjuntos residenciales de todo el país. Algunas copropiedades mantienen disposiciones que limitan el uso de ascensores o restringen el paso de determinadas mascotas por ciertas zonas. Ahora, estas normas deberán ajustarse a los parámetros constitucionales y privilegiar la convivencia antes que la prohibición.
Vea también: Mascotas transforman los hogares colombianos e impulsan el crecimiento sostenido de la economía pet
El pronunciamiento también refleja un cambio cultural. Cada vez más personas consideran a sus animales de compañía como integrantes de la familia, lo que ha llevado a las instituciones a reconocer la importancia de proteger esa relación. Al mismo tiempo, la convivencia en espacios compartidos exige un compromiso mayor por parte de los propietarios, quienes tienen la responsabilidad de garantizar que el bienestar de sus mascotas sea compatible con la tranquilidad de los demás residentes.
El reto para las administraciones y los habitantes de las propiedades horizontales consiste en encontrar un equilibrio. Las reglas de convivencia continúan siendo necesarias, pero deben construirse desde el respeto de los derechos fundamentales y el reconocimiento de que las mascotas hacen parte de la vida cotidiana de millones de colombianos. La nueva interpretación de la Corte Constitucional no elimina las normas de convivencia; por el contrario, las orienta hacia un modelo más incluyente, basado en la corresponsabilidad y en la búsqueda de espacios residenciales más armónicos para personas y animales de compañía.
Fuente: El País
