Gijón endurece normas para dueños de mascotas y refuerza la protección del bienestar animal
El Ayuntamiento de Gijón dio un paso importante hacia una convivencia más responsable entre ciudadanos y animales con la aprobación definitiva de una nueva Ordenanza de Protección y Bienestar Animal. La normativa incorpora obligaciones más estrictas para los propietarios de mascotas, actualiza la regulación municipal conforme a la legislación española vigente y establece un régimen sancionador para quienes incumplan las nuevas disposiciones.
Uno de los cambios que más ha llamado la atención es la obligación de que los dueños de perros lleven un recipiente con agua durante los paseos para diluir la orina de sus mascotas en la vía pública. La medida se suma a la ya conocida obligación de recoger los excrementos y busca mejorar la higiene urbana, reducir los malos olores y minimizar el deterioro del mobiliario urbano causado por la acidez de la orina canina.
La ordenanza también establece nuevas condiciones para el paseo de los perros. En calles, parques y demás espacios públicos deberán llevar una correa cuya longitud máxima será de dos metros. Asimismo, se restringe el uso de correas extensibles cuando puedan representar un riesgo para peatones o dificultar la circulación. Los perros solo podrán permanecer sueltos en las áreas expresamente autorizadas por el Ayuntamiento y durante los horarios establecidos para ello.
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Más allá de las obligaciones durante los paseos, la normativa amplía la responsabilidad de los propietarios respecto al bienestar general de sus animales. Se exige garantizar una alimentación adecuada, acceso permanente al agua, atención veterinaria cuando sea necesaria y unas condiciones de alojamiento compatibles con las necesidades físicas y emocionales de cada especie. Además, los perros no podrán permanecer solos durante más de 24 horas consecutivas ni quedarse dentro de vehículos cuando las condiciones climáticas puedan poner en peligro su salud.
Otro apartado relevante está relacionado con los gatos. La nueva regulación recuerda la obligatoriedad de identificar mediante microchip a perros, gatos y hurones, al tiempo que establece la esterilización de los gatos antes de los seis meses de edad, salvo las excepciones previstas para criadores autorizados. Asimismo, la gestión de las colonias felinas quedará exclusivamente en manos de personas acreditadas por el programa municipal, con el objetivo de garantizar un control sanitario adecuado y evitar problemas derivados de alimentaciones no reguladas.
Desde una perspectiva social, estas medidas reflejan una evolución en la manera de entender la tenencia responsable de mascotas. Los animales de compañía han adquirido un papel cada vez más importante dentro de los hogares, pero ese vínculo también implica mayores responsabilidades. Las administraciones públicas buscan equilibrar el bienestar animal con la convivencia ciudadana, estableciendo normas que protejan tanto a las mascotas como al resto de la comunidad.
El endurecimiento de las obligaciones también responde al incremento del número de animales de compañía registrado en muchas ciudades europeas durante los últimos años. Este crecimiento ha obligado a los municipios a adaptar sus espacios públicos y revisar sus ordenanzas para responder a nuevos desafíos relacionados con la limpieza, la seguridad, la salud pública y la protección de los propios animales.
Otro aspecto destacable de la normativa es su enfoque preventivo frente al abandono y al maltrato animal. La ordenanza prohíbe expresamente prácticas que provoquen sufrimiento, la utilización de animales en peleas, la cría comercial fuera de los registros autorizados y cualquier forma de explotación incompatible con el bienestar animal. Estas disposiciones se alinean con la legislación española, que reconoce a los animales como seres sintientes y promueve un modelo de protección más amplio.
Las sanciones previstas contemplan distintos niveles según la gravedad de la infracción. Los incumplimientos leves podrán ser castigados con multas desde 100 euros, mientras que las conductas más graves podrán alcanzar los 3.000 euros. Entre las infracciones sancionables figuran pasear perros sin respetar las zonas autorizadas, incumplir las obligaciones de limpieza, mantener animales sin identificación obligatoria o alimentar colonias felinas sin autorización municipal.
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Más allá de su aplicación en Gijón, esta ordenanza refleja una tendencia creciente en Europa hacia una tenencia responsable más exigente. Cada vez más ciudades incorporan normas orientadas a mejorar la convivencia, proteger el espacio público y garantizar condiciones adecuadas para los animales de compañía. Estas políticas no solo buscan sancionar los incumplimientos, sino también fomentar una cultura de responsabilidad entre los propietarios.
En un contexto donde las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante dentro de la sociedad, el éxito de este tipo de regulaciones dependerá tanto de la capacidad de fiscalización de las autoridades como del compromiso ciudadano. La combinación de educación, prevención y normas claras aparece como la estrategia más efectiva para construir ciudades más limpias, seguras y respetuosas con el bienestar animal.
Fuente: La Razón
