Colaboración entre farmacéuticos y veterinarios: equilibrio entre cooperación y competencias
La reciente aprobación de la enmienda a la Ley de creación de la Agencia de Salud Pública, que incorpora el concepto de “cesión” de medicamentos veterinarios, ha generado un intenso debate en el ámbito sanitario español. Mientras algunos sectores veterinarios celebran la medida como un avance en la atención a los animales, la profesión farmacéutica advierte que este cambio legislativo debe interpretarse con cautela. La polémica no es menor: lo que está en juego es la correcta dispensación de medicamentos, un aspecto esencial tanto para la salud animal como para la salud pública bajo el enfoque integral “One Health”.
La farmacia como garante histórico de la seguridad
Desde tiempos remotos, la farmacia ha cumplido un rol central en la garantía de calidad, seguridad y legalidad en la distribución de medicamentos. Este papel no se limita a la medicina humana, sino que incluye también los fármacos de uso veterinario.
El modelo español se ha construido sobre la premisa de que el medicamento, ya sea para personas o animales, requiere control riguroso. No basta con entregar una caja de comprimidos: la dispensación implica trazabilidad, farmacovigilancia, control de estupefacientes y asesoramiento profesional. Es precisamente esta red de garantías la que diferencia a la farmacia de otros canales de suministro y la que protege a la población de posibles riesgos asociados al uso indebido de fármacos.
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Plantear que la cesión de medicamentos en clínicas veterinarias pueda sustituir o replicar este modelo supone, según especialistas, un retroceso en términos de seguridad y legalidad.
¿Qué significa realmente la “cesión” de medicamentos?
Uno de los puntos más polémicos de la enmienda es la introducción del concepto de “cesión” de medicamentos veterinarios. Para los veterinarios, esta medida abre la posibilidad de entregar directamente a los dueños de mascotas los tratamientos necesarios tras una consulta, evitando desplazamientos adicionales a la farmacia y reduciendo, en teoría, el desperdicio de medicamentos.
Sin embargo, es importante aclarar que esta “cesión” no modifica la Ley de Garantías ni el Real Decreto 1157/2021, que regulan de forma estricta el circuito legal del medicamento veterinario en España. El marco normativo vigente define claramente a las clínicas veterinarias como centros asistenciales, sujetos a registro, inspección y control sanitario, pero no como establecimientos autorizados para la venta al por menor de medicamentos.
Por tanto, lo que algunos interpretan como un nuevo derecho, en realidad es solo una posibilidad condicionada que no sustituye el rol de la farmacia ni habilita la dispensación encubierta desde las consultas veterinarias.
Riesgos de difuminar competencias
El argumento a favor de la cesión fraccionada suele centrarse en la idea de evitar el desperdicio de medicamentos. No obstante, reducir la dispensación a un mero acto de entrega ignora la complejidad de este proceso. La farmacia no solo provee medicamentos: garantiza el cumplimiento de normativas, asesora sobre interacciones, controla resistencias antimicrobianas y asegura un seguimiento adecuado del tratamiento.
Permitir que las clínicas veterinarias asuman parte de esa función sin los controles inherentes al sistema farmacéutico puede generar varios riesgos:
Pérdida de trazabilidad de los medicamentos, lo que dificultaría el control en caso de alertas sanitarias.
Debilitamiento de la farmacovigilancia, un aspecto crucial para identificar efectos adversos.
Incremento en las resistencias antimicrobianas, si los tratamientos no se administran o supervisan de forma adecuada.
Difusión de prácticas irregulares, que podrían abrir la puerta a un mercado paralelo sin garantías legales.
En este contexto, el entusiasmo por una mayor autonomía veterinaria debe equilibrarse con la necesidad de mantener un sistema sólido de control, en el que la farmacia sigue siendo pieza clave.
El enfoque One Health: cooperación sin invasión
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) han promovido el enfoque One Health, que reconoce la interdependencia entre salud humana, animal y medioambiental. Desde esta perspectiva, la cooperación entre médicos, farmacéuticos y veterinarios no solo es deseable, sino necesaria para enfrentar retos globales como las zoonosis o la resistencia antimicrobiana.
Sin embargo, colaboración no debe confundirse con invasión de competencias. La cooperación efectiva implica trabajar de manera complementaria: los veterinarios diagnostican y prescriben, mientras que los farmacéuticos aseguran la correcta dispensación y el seguimiento de los tratamientos. Confundir o mezclar estas funciones no fortalece el sistema, sino que puede debilitarlo.
El papel de la ley y la experiencia española
A diferencia de otros países europeos donde la normativa permite una mayor flexibilidad, España ha optado por un modelo más restrictivo y controlado. Esta decisión responde a la convicción de que la venta y dispensación de medicamentos —humanos o veterinarios— debe estar sujeta a controles especializados que minimicen riesgos para la salud pública.
Intentar normalizar prácticas que hasta ahora han sido toleradas, pero que no cuentan con un respaldo legal, es visto por expertos como una interpretación abusiva. De ahí que esta enmienda, lejos de zanjar la discusión, probablemente abra un periodo de vigilancia y posibles impugnaciones en instancias administrativas y judiciales.
Para el sector farmacéutico, defender su papel no es un acto de interés corporativo, sino una cuestión de salud pública. Como señaló Enrique Granda, director del Observatorio del Medicamento de FEFE, de ello dependen la seguridad de los tratamientos, el control de resistencias antimicrobianas y el cumplimiento de normas que protegen a la sociedad en su conjunto.
La aprobación de la enmienda no debe interpretarse como una victoria definitiva de ningún sector. Más bien, representa el inicio de una nueva etapa en la que será necesario vigilar de cerca cómo se aplica la “cesión” y garantizar que no se convierta en sinónimo de venta libre o dispensación irregular.
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La enmienda a la Ley de creación de la Agencia de Salud Pública ha puesto sobre la mesa un tema sensible: ¿cómo lograr que farmacéuticos y veterinarios colaboren eficazmente sin invadir competencias ni debilitar las garantías del sistema?
El camino más sensato parece ser el de la colaboración equilibrada:
Los veterinarios continúan como responsables de la prescripción y atención clínica de los animales.
Los farmacéuticos aseguran la legalidad, trazabilidad y seguridad en la dispensación.
Ambos colectivos cooperan en programas de formación, vigilancia y control de resistencias antimicrobianas.
De esta forma, se aprovechan las fortalezas de cada profesión sin sacrificar la seguridad pública. Porque cuando se trata de medicamentos, tanto humanos como veterinarios, lo que está en juego no es una cuestión corporativa, sino la salud de todos.


