El impacto de los aranceles en Puerto Rico: un desafío económico en puerta
La política comercial de la administración de Donald Trump, caracterizada por la imposición de nuevos aranceles a productos importados, podría tener un impacto profundo en la economía de Puerto Rico. Así lo advierte Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), quien advierte que, dado el nivel de importaciones que sostiene la isla desde fuera de Estados Unidos, los efectos podrían sentirse de manera significativa en varios sectores clave.
En 2024, Puerto Rico importó aproximadamente 55 mil millones de dólares en productos. De esa cifra, cerca de la mitad provino directamente desde Estados Unidos, quedando exenta de los nuevos gravámenes. Sin embargo, los restantes 27 mil millones correspondieron a compras realizadas a países extranjeros, las cuales estarían sujetas a los aranceles propuestos. Esto representa alrededor del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) de la isla.
Sectores más vulnerables a los aranceles
Según el informe del CNE, titulado “Papas y cerveza: Cuando las guerras comerciales tocan nuestras puertas”, los consumidores puertorriqueños podrían experimentar un alza considerable en productos de uso cotidiano, tales como ropa, calzado, electrodomésticos, y alimentos. Dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y televisores, así como insumos clave para la industria farmacéutica, también estarían entre los más afectados.
Puerto Rico importa una gran parte de sus componentes farmacéuticos desde Irlanda y Suiza, mientras que piezas de automóviles llegan principalmente desde México. También hay relaciones comerciales importantes con Singapur y Portugal. En el ámbito alimentario, muchas carnes provienen de Nicaragua y El Salvador, mientras que frutas y vegetales llegan desde Perú y Chile. Asia, por su parte, es fuente de ropa y zapatos.
“Puerto Rico depende en gran medida del comercio internacional, por lo que cualquier cambio en las reglas del juego global tiene un efecto directo en nuestra economía”, señala Marxuach.
¿Comprar productos estadounidenses es la solución?
Una sugerencia planteada por autoridades locales ha sido incentivar la compra de productos fabricados en Estados Unidos como forma de evitar los aranceles. No obstante, Marxuach advierte que esta estrategia no necesariamente reduciría los costos para el consumidor. Muchos productos fabricados en EE.UU., como los automóviles, utilizan piezas y componentes provenientes del extranjero, por lo que igualmente estarían sujetos a incrementos de precio.
“El ensamblaje final puede realizarse en territorio estadounidense, pero si los componentes vienen de Asia u otros mercados sujetos a aranceles, veremos aumentos en los precios de entre $5,000 y $6,000 por vehículo, dependiendo de la marca y características”, explicó.
La situación se complica aún más con dispositivos médicos, como marcapasos, que también se verían afectados por los aranceles. Aunque algunos productos como medicamentos y derivados del petróleo están actualmente exentos, la incertidumbre sobre futuras modificaciones a la política arancelaria genera preocupación.
Sustitución de productos: ¿una alternativa viable?
Ante el alza de precios, los consumidores podrían verse obligados a optar por productos sustitutos más económicos. Sin embargo, esta estrategia solo es viable en algunos casos.
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“Todo depende de la facilidad para reemplazar el producto. Si es de producción compleja o no existe una alternativa clara en el mercado, el consumidor no tendrá muchas opciones”, comentó Marxuach.
En ese contexto, si los aranceles se mantuvieran por un periodo prolongado, de entre tres a cinco años, podrían incentivar la inversión en manufactura local. Algunas empresas podrían considerar relocalizar sus operaciones a Puerto Rico para evitar los aranceles, lo que generaría empleos y aumentaría la capacidad productiva del territorio. Sin embargo, se trata de una estrategia de largo plazo que no resolvería los aumentos inmediatos en los precios.
La Ley Jones y sus efectos sobre el comercio
A la problemática de los aranceles se suma otro factor estructural que limita las opciones comerciales de Puerto Rico: la Ley de la Marina Mercante, también conocida como Ley Jones de 1920. Esta legislación obliga a que el transporte marítimo entre puertos estadounidenses, incluido Puerto Rico, se realice exclusivamente en embarcaciones de bandera, propiedad y construcción estadounidense.
Esto encarece el costo del transporte de productos provenientes del continente. En cambio, las importaciones de terceros países pueden llegar en barcos de cualquier bandera, lo que puede reducir los costos marítimos, pero están sujetas al pago de aranceles al ingresar a la isla. Así, el balance final entre costos de transporte y gravámenes depende del producto específico.
“Por ejemplo, importar vinos de España puede resultar barato en términos de transporte, pero al llegar a San Juan se les impone un arancel del 10%. En cambio, productos estadounidenses no pagan aranceles pero deben ser transportados en barcos más caros. Todo se reduce a una evaluación caso a caso”, explicó Marxuach.
La pausa temporal de Trump: ¿respiro o ilusión?
En abril, el presidente Trump anunció una suspensión de 90 días para algunos de los aranceles recientemente implementados, con excepción de los aplicables a China. En el caso de este socio comercial, los gravámenes aumentaron hasta un 145%. Aunque se planteó la posibilidad de extender la tregua, el arancel base del 10% sigue vigente y otros, como el del 25% sobre autos y autopartes, permanecen sin cambios.
Esta incertidumbre ha provocado altibajos en los mercados financieros. Wall Street respondió con ganancias tras el anuncio de la suspensión, pero rápidamente volvió a la baja al constatar que las medidas eran parciales. El S&P 500, por ejemplo, cayó un 3.46% en una sola jornada, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq perdieron 2.5% y 4.31%, respectivamente.
Falta de una política clara: el mayor obstáculo
Para Marxuach, el problema central es la ausencia de una política arancelaria estructurada y coherente. “Las decisiones parecen improvisadas, y eso genera desconfianza tanto en los consumidores como en los inversionistas”, señaló.
Estados Unidos ha sido históricamente uno de los países que más ha promovido el libre comercio, al beneficiarse de mercados abiertos y la eficiencia de la producción extranjera. La imposición de aranceles contradice ese principio y podría perjudicar la economía a largo plazo.
Además, el argumento de que estas medidas incentivarán la creación de empleos en EE.UU. no ha convencido a la mayoría de la población. Diversas encuestas reflejan que los consumidores están más preocupados por el aumento de precios que por los supuestos beneficios laborales futuros.
La inversión empresarial, en pausa
La incertidumbre ha llevado a muchas compañías a congelar sus planes de expansión. Sin saber cuánto durarán los aranceles o cómo evolucionará la política comercial, prefieren no arriesgar grandes inversiones.
Incluso si las empresas decidieran trasladar su producción a EE.UU., los plazos son largos. La construcción de una planta puede tomar de dos a tres años y requerir inversiones que superen los $100 o $200 millones. “No es algo que se haga de la noche a la mañana”, advirtió Marxuach.
¿Cuándo se verá el verdadero impacto?
Finalmente, el economista destacó que aún no se puede determinar con certeza cuándo se sentirán los efectos reales de esta política comercial. Todo dependerá de cuándo entren en vigor los distintos aranceles y de si se aplican de forma permanente o temporal.
En este escenario cambiante, Puerto Rico se enfrenta a una realidad compleja, en la que los efectos de las políticas proteccionistas estadounidenses podrían traducirse en una carga económica significativa para sus residentes. Mientras tanto, los consumidores, empresarios e inversionistas permanecen en vilo, esperando definiciones más claras para tomar decisiones informadas.
