Uruguay proyecta su nueva estrategia de drogas con base en una política consolidada
Uruguay, referente mundial por su pionera regulación del cannabis, avanza hacia una nueva etapa en su política de drogas con la presentación oficial de los lineamientos que marcarán la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030. La propuesta, impulsada por el gobierno del presidente Yamandú Orsi, combina la experiencia acumulada en la regulación del cannabis con un enfoque centrado en la prevención, los derechos humanos y la participación ciudadana.
El anuncio se dio en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, lo que subraya la importancia simbólica y política del nuevo plan. En el acto oficial, las autoridades destacaron que Uruguay no solo continúa siendo un laboratorio global en materia de políticas de drogas, sino que además busca fortalecer su capacidad institucional para dar respuestas eficaces, inclusivas y basadas en evidencia científica.
Del cannabis regulado a una política integral
Uruguay marcó un antes y un después en el debate internacional sobre drogas en 2013, cuando se convirtió en el primer país del mundo en regular de forma integral el mercado del cannabis. Esta medida, basada en la salud pública y la reducción de daños, fue observada con atención por organismos multilaterales, gobiernos y expertos de diversas regiones. Hoy, más de una década después, el gobierno considera que esa política se encuentra «consolidada», lo que permite avanzar hacia una estrategia más amplia e integral.
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Según explicó Jorge Díaz, presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), el nuevo enfoque tiene como eje la conducción estratégica por parte del Estado. “Hemos fortalecido la capacidad para liderar, coordinar y supervisar la política nacional de drogas con enfoque en los derechos de las personas, situándolas en el centro de nuestras acciones”, afirmó durante la presentación.
Ejes de la estrategia 2026-2030
La Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030 propone una visión integral que combina prevención, tratamiento, reinserción social y desarrollo de marcos regulatorios modernos. Entre sus principales objetivos se encuentran:
Prevención basada en evidencia: se promoverán campañas y programas en centros educativos, comunidades y espacios laborales para prevenir el consumo problemático de sustancias, con metodologías adaptadas a cada grupo etario y realidad territorial.
Reducción de daños: se consolidarán políticas de atención y acompañamiento a personas con consumo problemático, priorizando el acceso a servicios de salud mental, tratamiento ambulatorio y dispositivos comunitarios.
Participación ciudadana y territorialidad: se reforzará el trabajo en red con juntas locales y departamentales, así como la creación de consejos consultivos especializados y foros de la sociedad civil, que permitirán incorporar múltiples voces en la toma de decisiones.
Articulación interinstitucional: uno de los desafíos es lograr una mayor coordinación entre ministerios, gobiernos departamentales y actores sociales. La estrategia busca garantizar un trabajo transversal que abarque salud, educación, justicia, desarrollo social y seguridad.
Revisión y mejora del marco legal: si bien la regulación del cannabis es un emblema, la estrategia incluye la posibilidad de revisar normativas asociadas a otras sustancias, así como a los dispositivos de control y fiscalización existentes.
Uno de los rasgos distintivos de esta estrategia es el enfoque de derechos. “La política de drogas no puede ser una política centrada únicamente en la represión o el castigo. Tiene que ser una política de cuidado, acompañamiento y oportunidades”, sostuvo Díaz, quien remarcó que el consumo problemático muchas veces está vinculado a contextos de exclusión, desigualdad o falta de acceso a servicios básicos.
En ese sentido, la estrategia promueve el acceso equitativo a tratamientos de calidad, la reducción del estigma asociado al consumo, y el apoyo a la reinserción laboral y educativa de las personas afectadas.
Asimismo, se busca mejorar la calidad de los datos estadísticos disponibles para poder diseñar políticas más precisas. La creación de observatorios regionales y nacionales, junto a investigaciones periódicas, permitirá seguir el impacto de las intervenciones y ajustar las acciones cuando sea necesario.
Durante el acto oficial, además del presidente de la JND, tomaron la palabra otras autoridades que serán fundamentales en la implementación de la estrategia. Leonel Briozzo, viceministro de Salud Pública, resaltó el compromiso del sistema sanitario para acompañar la política de drogas desde una perspectiva humanista y científica. Subrayó la necesidad de “integrar la atención al consumo problemático dentro del sistema nacional de salud con recursos, formación y una mirada integral del paciente”.
Por su parte, Gabriel Rossi, secretario de la Secretaría Nacional de Drogas, hizo hincapié en la importancia de territorializar la estrategia. “Cada realidad departamental tiene particularidades y es necesario construir respuestas adaptadas. Vamos a trabajar con actores locales, comunitarios y organizaciones civiles en todo el país”, aseguró.
Cannabis regulado: experiencia nacional con proyección internacional
La regulación del cannabis sigue siendo uno de los pilares del modelo uruguayo. Desde su implementación, ha permitido retirar al mercado ilegal una porción significativa de la demanda, controlando la calidad del producto y promoviendo el consumo responsable. Además, se han generado oportunidades económicas a través del desarrollo de una industria del cannabis medicinal e industrial que exporta a Europa y emplea a cientos de personas.
Pero el objetivo del gobierno no es quedarse en el éxito pasado. La estrategia 2026-2030 propone evaluar y perfeccionar el sistema, incorporando nuevas regulaciones si se considera necesario, así como garantizar el acceso equitativo a los beneficios de este modelo.
En ese marco, se proyecta también un mayor impulso a la investigación científica sobre el uso terapéutico del cannabis, y la articulación con universidades, centros de salud y empresas del sector.
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Uruguay se enfrenta ahora a una serie de desafíos clave. Por un lado, mantener la coherencia y sostenibilidad de su política de drogas en un contexto internacional aún muy dividido en torno a estos temas. Por otro, garantizar que las buenas intenciones se traduzcan en acciones efectivas, con presupuesto, seguimiento y evaluación.
También será fundamental trabajar en la capacitación permanente de los recursos humanos que implementan estas políticas, desde el personal sanitario hasta funcionarios judiciales y policiales. Solo una política bien articulada y respaldada por todas las áreas del Estado puede tener impacto real y duradero.
Finalmente, el gobierno confía en que el nuevo enfoque permitirá no solo reducir los daños asociados al uso de sustancias, sino también promover una cultura de cuidado, inclusión y salud mental, en la que el consumo problemático deje de ser un tabú y pase a ser un asunto de salud pública abordado con responsabilidad y empatía.
