Retraso en la reglamentación de la ley fronteriza genera preocupación en Uruguay
La preocupación por la competitividad de los comercios en los departamentos fronterizos de Uruguay ha vuelto al centro del debate político y económico. El diputado nacionalista Pablo Abdala solicitó formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) información detallada sobre la entrada en vigencia de la Ley 20.419, aprobada el 22 de agosto de 2024, que establece una serie de beneficios fiscales y comerciales para mitigar el impacto de la diferencia cambiaria con los países vecinos, especialmente Brasil.
La normativa, que fue aprobada con rapidez en el Parlamento por la urgencia que enfrentan las zonas limítrofes, tenía como objetivo estimular la actividad económica en los comercios locales que sufren una marcada pérdida de competitividad frente a los precios del otro lado de la frontera. Sin embargo, a más de dos meses de su aprobación, aún no ha sido reglamentada ni implementada, lo que ha generado descontento entre empresarios y autoridades locales.
UNA LEY PENSADA PARA ALIVIAR LA CRISIS EN LAS FRONTERAS
El proyecto de ley fue diseñado para ofrecer un respiro a los pequeños y medianos comerciantes de los departamentos fronterizos, quienes han sido los más golpeados por la diferencia de precios generada por el tipo de cambio con Brasil y, en menor medida, con Argentina.
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Mientras que en Brasil los bienes de consumo —desde alimentos hasta productos de limpieza— pueden costar entre un 30% y un 50% menos, los comercios uruguayos enfrentan dificultades para competir, agravadas por la carga impositiva nacional. Esto ha llevado a una fuga constante de consumo hacia las ciudades brasileñas, dejando a las localidades uruguayas en una situación económica delicada.
La Ley 20.419 buscaba revertir esa tendencia mediante un régimen especial de beneficios fiscales que incluyera exoneraciones impositivas y facilidades para la importación de mercaderías. Entre las medidas contempladas se encuentran la posibilidad de importar bienes exentos del pago de tributos y paratributos, incluidos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Específico Interno (IMESI). Además, la ley prevé una exoneración de hasta el 75% de los aportes patronales a las empresas manufactureras ubicadas dentro de un radio de 60 kilómetros de los pasos fronterizos terrestres.
A pesar de su aprobación, el Poder Ejecutivo aún no ha reglamentado la ley, lo que ha generado incertidumbre sobre su alcance real. El diputado Abdala expresó que la normativa se encuentra en un estado de “latencia”, ya que su aplicación depende de un decreto reglamentario que defina las condiciones específicas para que los beneficios entren en vigor.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, el legislador recordó que el Parlamento había actuado con rapidez ante la solicitud del Ejecutivo, justamente por la gravedad de la situación que atraviesan los comercios de frontera. “En su momento se pidió la aprobación urgente de la ley, pero hoy, más de dos meses después, las medidas no se han puesto en vigencia”, expresó Abdala, subrayando que la demora agrava la crisis de los departamentos más expuestos a la competencia de Brasil.
El pedido de informes al MEF incluye varias interrogantes clave: si la ley fue reglamentada, cuál es el número de decreto correspondiente en caso afirmativo, y qué alcance tendrá su aplicación en el territorio fronterizo. También solicita conocer si se prevén medidas similares para las zonas limítrofes con Argentina, donde la pérdida de competitividad se ha acentuado en los últimos meses.
El reclamo llega en un contexto complejo. El tipo de cambio con Brasil mantiene una brecha significativa que favorece al comercio del país vecino. Mientras tanto, la inflación interna y los costos logísticos uruguayos hacen que los precios locales resulten menos atractivos.
Este desequilibrio ha provocado una migración constante de consumidores uruguayos hacia las ciudades fronterizas brasileñas como Rivera o Chuy, donde los productos pueden adquirirse a valores sustancialmente menores. Comerciantes uruguayos señalan que esta tendencia no solo afecta las ventas minoristas, sino que también tiene consecuencias en el empleo y la recaudación fiscal local.
Por otro lado, aunque la ley también incluye medidas aplicables a la frontera con Argentina, el impacto allí ha sido distinto debido a la depreciación del peso argentino y las restricciones cambiarias impuestas en ese país. Sin embargo, con la reciente apreciación del peso uruguayo y la liberalización del mercado argentino, se prevé que la brecha de precios vuelva a ampliarse en los próximos meses.
IMPACTO EN LOS COMERCIOS Y EXPECTATIVAS DEL SECTOR
El retraso en la aplicación de la ley ha generado frustración entre los empresarios locales, especialmente en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha, donde la economía depende en gran medida del comercio minorista.
Asociaciones de comerciantes sostienen que cada mes sin medidas de apoyo representa pérdidas significativas y un incremento del riesgo de cierre de locales. Además, remarcan que la incertidumbre respecto a la fecha de entrada en vigor desalienta la inversión y la contratación de personal, justo cuando se aproxima la temporada turística.
La expectativa es que el MEF acelere la reglamentación para permitir que los beneficios comiencen a aplicarse antes de fin de año, de modo que los efectos positivos puedan sentirse durante el verano, cuando el flujo de turistas brasileños es más alto.
UN RECLAMO CON RAÍCES DE LARGO PLAZO
Las demandas de los departamentos fronterizos no son nuevas. Desde hace más de una década, los gobiernos uruguayos han implementado distintos mecanismos de apoyo para equilibrar las condiciones del comercio en esas regiones. Sin embargo, la volatilidad del tipo de cambio y la presión fiscal interna han limitado la efectividad de estas medidas.
Expertos en política económica señalan que la competitividad fronteriza requiere una estrategia sostenida, que combine incentivos fiscales con políticas de desarrollo territorial, infraestructura y logística. También destacan la importancia de fortalecer la cooperación con las autoridades locales para garantizar que las medidas lleguen a los pequeños comerciantes, y no se concentren solo en grandes empresas.
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La respuesta del Ministerio de Economía será clave para definir el futuro inmediato de la Ley 20.419. Si el Ejecutivo confirma su reglamentación, los comercios de frontera podrían beneficiarse de una reducción significativa de costos y recuperar parte de la clientela perdida. En cambio, si la aplicación se sigue postergando, el deterioro del tejido económico local podría profundizarse, afectando el empleo y la competitividad regional.
En un contexto regional donde los movimientos cambiarios son cada vez más volátiles, Uruguay enfrenta el desafío de proteger sus economías locales sin distorsionar su sistema tributario general. La reglamentación de la ley de beneficios en frontera será, sin duda, una prueba para evaluar la capacidad del país de responder de manera ágil y equitativa a las demandas de su territorio.
