Reforma fiscal uruguaya proyecta ingresos clave y redefine el escenario económico nacional
La discusión en torno a la reforma fiscal que impulsa el actual Gobierno uruguayo abre un nuevo capítulo en la estrategia económica del país. En medio de un escenario global cambiante y con crecientes exigencias en materia de transparencia tributaria, la propuesta presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, plantea una reconfiguración que podría generar ingresos adicionales significativos para el Estado. Según las estimaciones oficiales, las modificaciones impositivas permitirían recaudar alrededor de 600 millones de dólares a lo largo de los próximos cinco años, lo que equivale a un incremento de aproximadamente el 0,75% del producto interno bruto.
Este cálculo no es menor: ubica a Uruguay dentro del grupo de países que buscan adaptar su estructura fiscal a un contexto internacional donde las grandes corporaciones están sometidas a mayor escrutinio y a nuevas reglas para asegurar que tributen donde generan actividad económica. Buena parte de la recaudación esperada provendrá del impuesto mínimo global, una herramienta impulsada por organismos multilaterales que pretende cerrar brechas utilizadas por multinacionales a la hora de declarar sus beneficios.
Un nuevo marco impositivo que redefine la relación con las multinacionales
Dentro del paquete de medidas incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025-2029, el impuesto mínimo global se posiciona como uno de los elementos centrales. Se trata de un tributo dirigido a compañías que superan los 750 millones de dólares en facturación anual y que operan en territorio uruguayo. El objetivo es claro: evitar que la contribución fiscal de estas organizaciones se limite a la normativa del país donde se encuentra su sede matriz, capturando una parte de esos recursos en la economía local.
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De los 600 millones de dólares proyectados, unos 400 millones corresponderían exclusivamente a este nuevo tributo. La cifra no solo representa un aumento relevante en los ingresos, sino que además coloca a Uruguay en una posición de vanguardia regional. De aprobarse la reforma en el Parlamento, el país pasaría a ser el segundo de América Latina en aplicar este mecanismo, una señal de alineamiento con los estándares internacionales que buscan combatir la erosión de bases tributarias.
No obstante, el Gobierno ha insistido en que esta medida no implica un giro hacia un sistema fiscal más rígido o menos competitivo. Según las autoridades económicas, Uruguay mantendrá los incentivos que han caracterizado su política de atracción de inversiones: seguridad jurídica, reglas claras y un entorno estable para el desarrollo de negocios. Esta combinación—un tributo adaptado a las nuevas exigencias globales pero sin renunciar a su tradicional política de estímulos—constituye uno de los ejes del argumento oficial para defender la reforma.
Perspectivas de crecimiento y estabilidad macroeconómica
El análisis de la coyuntura actual también formó parte de la visión expuesta por el ministro. De acuerdo con sus proyecciones, la economía uruguaya cerrará el año con un crecimiento cercano al 2,2% y se espera que ese ritmo aumente progresivamente hasta alcanzar alrededor del 2,6% en el próximo quinquenio. Aunque el país experimentó una desaceleración puntual en el tercer trimestre, dicha variación estaba contemplada dentro de los escenarios manejados por el equipo económico.
El mensaje que el Gobierno busca transmitir es de estabilidad y previsibilidad, dos cualidades muy valoradas por los actores privados. En este sentido, las autoridades reconocen que uno de sus roles centrales es mantener un clima de confianza que permita a las empresas proyectar inversiones a largo plazo. Incluso en un contexto de ajustes normativos, el enfoque pasa por reforzar la idea de un país que ofrece certidumbre institucional.
Otro punto clave tiene que ver con la inflación. Uruguay aspira a sostener el índice dentro del rango del 4,5% durante los próximos cinco años. Sin embargo, existe un optimismo moderado dentro del equipo económico respecto a la posibilidad de mantenerla incluso por debajo del 4%, lo que consolidaría un proceso de desinflación que ha estado en curso. Este avance se ha visto favorecido por un reciente recorte en la tasa de referencia dispuesto por el banco central, aunque aún queda pendiente que esta reducción se traslade con más fuerza a las tasas que enfrentan consumidores y empresas.
Una de las metas que las autoridades reconocen como pendientes es la necesidad de abaratar el costo del crédito y mejorar la competitividad del sistema financiero. En Uruguay, la dolarización parcial de la economía sigue siendo un elemento estructural que condiciona la dinámica de préstamos, ahorro y financiamiento de empresas. La búsqueda de una progresiva desdolarización aparece como una alternativa para avanzar hacia un mercado más accesible, con menores riesgos y costos más ajustados a la realidad local.
Lograrlo implica desafíos importantes, ya que requiere tanto de cambios normativos como de la disponibilidad de instrumentos financieros adecuados. No se trata únicamente de reducir los niveles de dolarización, sino de garantizar que los productos bancarios en moneda local resulten atractivos y confiables para la población. En este punto, el ministro reconoció la importancia de impulsar reformas que faciliten una mayor inclusión financiera y un acceso más equitativo a los servicios bancarios.
Un país con vínculos económicos cada vez más diversificados
El análisis del contexto internacional muestra a Uruguay como un país que ha logrado diversificar su cartera de relaciones económicas. China se posiciona como su principal socio comercial en materia de bienes, mientras que Estados Unidos destaca en el rubro de servicios. Europa, por su parte, constituye el mayor origen de inversiones que llegan al país, demostrando una relación sólida con el bloque.
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En paralelo, Uruguay mantiene lazos estratégicos específicos con Argentina y Brasil, sus vecinos más cercanos. Estas relaciones, aunque complejas por momentos, siguen siendo esenciales para la economía nacional debido al peso que tienen en el comercio regional, la logística y la integración productiva.
Expectativas en torno al vínculo con China
Una de las áreas donde Uruguay busca avanzar con mayor celeridad es en el acceso al mercado chino. Según adelantó el ministro, el Gobierno trabaja para obtener condiciones similares a las que ya poseen otros competidores directos en sectores clave como el de alimentos y el de la celulosa. Con la visita próxima del presidente uruguayo al país asiático, las autoridades esperan profundizar las negociaciones y generar avances concretos que permitan mejorar la inserción de los productos nacionales.
El objetivo es lograr acuerdos que reduzcan barreras, habiliten cupos o establezcan preferencias arancelarias que equiparen a Uruguay con otros países que compiten en rubros similares. En un contexto donde China continúa siendo un actor determinante en el comercio global, fortalecer la relación bilateral es un componente estratégico para el futuro económico del país.
Fuente: El dinero
