Gobierno exonera a inmobiliarias de retener impuestos en alquileres turísticos temporarios
El Poder Ejecutivo de Uruguay anunció una medida que exime a las inmobiliarias de actuar como agentes de retención del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) en contratos de alquiler temporario con fines turísticos. Esta disposición, que se aplica a arrendamientos de inmuebles que no superen los 31 días, busca aliviar las cargas fiscales del sector y fomentar la competitividad frente a arrendadores individuales que no están sujetos al mismo control.
Detalles del decreto
El decreto, firmado recientemente, establece que las inmobiliarias no estarán obligadas a retener el 10,5% del valor del alquiler en contratos temporarios. La medida aplica exclusivamente a inmuebles destinados a turismo por períodos de hasta 31 días, excluyendo contratos de mayor duración o con otros fines.
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El gobierno justificó esta decisión como una forma de equiparar condiciones dentro del sector, especialmente considerando que los arrendadores particulares no siempre están sujetos a las mismas obligaciones fiscales. Según fuentes oficiales, la exoneración tiene como objetivo estimular la actividad turística, un sector clave en la economía del país, especialmente durante la temporada alta.
Esta no es la primera vez que el sector inmobiliario recibe una exoneración de esta naturaleza. Durante la pandemia de COVID-19, las inmobiliarias ya habían sido exceptuadas de actuar como agentes de retención. En aquel entonces, la medida se implementó para mitigar el impacto económico de las restricciones de movilidad, que afectaron gravemente al turismo y, en consecuencia, al mercado de alquileres temporarios.
Sin embargo, en las temporadas posteriores, la obligatoriedad de retener el IRPF e IRNR fue reinstaurada, generando críticas desde el sector inmobiliario. Según los operadores, esta obligación fiscal los colocaba en desventaja frente a arrendadores particulares o plataformas digitales que no cumplen con los mismos requerimientos.
La exoneración fue recibida con alivio por parte de las inmobiliarias. Operadores del sector destacaron que esta medida les permitirá competir en igualdad de condiciones frente a alternativas no reguladas, como los alquileres realizados directamente por propietarios a través de redes sociales o plataformas digitales.
«Esta decisión es un respiro para el sector. Cuando nos obligaban a retener, perdíamos clientes que preferían alquilar directamente con propietarios que no están fiscalizados», señaló un empresario inmobiliario en Maldonado, una de las principales zonas turísticas del país.
Por otro lado, representantes del sector consideran que esta medida también fomentará una mayor profesionalización y transparencia en el mercado de alquileres temporarios, ya que las inmobiliarias, al no estar sujetas a esta obligación, podrían captar más contratos que antes se realizaban de manera informal.
Impacto en el turismo
El turismo es uno de los motores económicos más importantes de Uruguay, particularmente en destinos como Punta del Este, Rocha y Colonia. Durante la temporada de verano, el alquiler de inmuebles temporarios representa una parte sustancial de la actividad económica en estas zonas.
Con esta medida, el gobierno busca incentivar la llegada de turistas, ofreciendo condiciones más competitivas en el mercado de alquileres. Además, al aliviar la carga fiscal sobre las inmobiliarias, se espera que los precios de los arrendamientos puedan mantenerse en niveles más accesibles, lo que beneficiaría tanto a turistas como a propietarios.
Si bien la medida fue celebrada por el sector inmobiliario, también generó algunas críticas en otros ámbitos. Expertos en economía fiscal señalaron que la exoneración podría reducir los ingresos del Estado por concepto de IRPF e IRNR en una temporada donde se espera un incremento en la actividad turística.
«Es importante encontrar un equilibrio entre fomentar la actividad económica y garantizar la equidad tributaria. Aunque esta medida beneficia a las inmobiliarias, podría ser percibida como una concesión desproporcionada frente a otros sectores que no cuentan con exoneraciones similares», comentó un economista especializado en políticas fiscales.
Además, el desafío de fiscalizar a los arrendadores individuales persiste, y algunos actores consideran que se deberían implementar mecanismos más estrictos para asegurar que todos los operadores del mercado cumplan con sus obligaciones fiscales.
Comparativa con plataformas digitales
El auge de plataformas como Airbnb y Booking ha cambiado radicalmente el panorama de los alquileres temporarios. En muchos casos, los propietarios que operan a través de estas plataformas no están sujetos a la misma regulación que las inmobiliarias, lo que genera una competencia desleal.
Con la exoneración del IRPF e IRNR para las inmobiliarias, el gobierno busca equilibrar esta situación, aunque la fiscalización de plataformas digitales sigue siendo un tema pendiente.
La exoneración estará vigente durante la temporada de verano 2024-2025, pero su continuidad dependerá de los resultados obtenidos y de la evaluación que realice el Poder Ejecutivo. En este sentido, se espera que el gobierno monitoree el impacto de la medida tanto en la actividad turística como en la recaudación fiscal.
Además, la decisión podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre la regulación del mercado de alquileres temporarios, incluyendo la implementación de normativas específicas para plataformas digitales y arrendadores particulares.
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La exoneración del IRPF e IRNR para inmobiliarias en contratos de alquiler temporario es una medida que busca estimular la actividad turística y corregir desequilibrios en el mercado. Si bien genera un alivio para el sector inmobiliario, también plantea desafíos en términos de equidad fiscal y regulación.
En un contexto de recuperación económica post-pandemia, el turismo se posiciona como un pilar fundamental para el desarrollo de Uruguay, y medidas como esta apuntan a consolidar su protagonismo en la economía nacional. No obstante, será crucial garantizar que todos los actores del mercado operen bajo condiciones equitativas, promoviendo un entorno transparente y competitivo.
