El gobierno restringe el acceso al registro del programa cannabis medicinal
El Ministerio de Salud de Argentina implementó nuevas restricciones para quienes deseen inscribirse en el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN), limitando el acceso a miles de personas que buscan cultivar cannabis con fines terapéuticos. La Resolución 3132/2024 establece que aquellos interesados en participar deben cumplir con una serie de requisitos más estrictos, lo que ha generado debate entre los usuarios del programa y los actores de la industria del cannabis medicinal.
Entre los cambios más destacados se encuentra la limitación en la producción solidaria, que ahora permite cultivar cannabis para un máximo de dos personas. Además, los directivos de las organizaciones sin fines de lucro que producen cannabis para otros deberán carecer de antecedentes penales, y los médicos que autoricen tratamientos deberán contar con una formación especializada en el uso de cannabis, ya sea mediante una diplomatura o una maestría.
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La resolución ha generado preocupación en los 100.000 usuarios que actualmente esperan ser autorizados para cultivar de manera legal, muchos de los cuales dependen del cannabis para el tratamiento de condiciones médicas diversas. En conferencia de prensa, las autoridades del Ministerio de Salud señalaron que “el programa estaba desvirtuado” y que la mayoría de las prescripciones médicas realizadas bajo REPROCANN estaban relacionadas con el tratamiento de trastornos de ansiedad, insomnio y dolores, en lugar de enfermedades más graves.
Lucía Romero, investigadora del CONICET y especialista en el uso medicinal de cannabis, advirtió que las nuevas restricciones podrían complicar el acceso al tratamiento para muchas personas. «Los cambios introducidos con esta resolución limitan el acceso de la gente al cannabis medicinal. Exigir que los médicos tengan una formación específica en cannabis podría ser positivo, pero también hay una clara sospecha por parte del gobierno sobre el uso del registro», declaró.
Según Romero, aunque el registro en REPROCANN es gratuito, muchas personas necesitan recurrir a médicos privados para obtener la autorización, lo que implica un costo adicional. Este hecho dificulta aún más el acceso a los sectores de la población con menos recursos.
Por su parte, varias universidades e instituciones en Argentina han desarrollado programas de formación sobre la producción y el uso medicinal del cannabis, lo que ofrece oportunidades para que los profesionales de la salud se capaciten en esta área. Sin embargo, la nueva medida no garantiza que esta formación sea accesible para todos los médicos.
La industria del cannabis medicinal y del cáñamo ha demostrado ser una fuente económica importante en muchos países, pero en Argentina no parece haber una voluntad clara para su desarrollo. Romero comentó que «no parece haber una intención real de impulsar la producción privada de cannabis». Aunque la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARRICAME) fue creada bajo la Ley 27699, no ha logrado consolidarse como un actor regulador efectivo. «El gobierno anterior dejó todo listo, pero no se ha activado nada desde el cambio de gobierno», añadió Romero.
La falta de una política integral y clara en relación con el cannabis en Argentina está generando incertidumbre entre los actores del sector. Si bien se han entregado algunas licencias de producción, estas solo fueron válidas por 12 meses, dejando a muchos productores en una situación de incertidumbre. Para Romero, es necesario un marco regulatorio coherente que permita el avance de la industria sin restricciones excesivas.
A nivel internacional, países como Uruguay, Canadá y algunos estados de Estados Unidos han avanzado en la legalización del cannabis tanto para uso medicinal como recreativo. Esto ha permitido el crecimiento de una industria que genera empleo y atrae inversiones. Sin embargo, en Argentina, el enfoque restrictivo del gobierno ha impedido que el país se sume a esta tendencia.
Romero sugirió que el país debe mirar hacia el exterior y aprender de las experiencias exitosas. «Cuando en Estados Unidos a nivel federal se deje de penalizar el autocultivo de cannabis, otros países seguirán su ejemplo. En Argentina es urgente que se regule de manera integral el uso de la planta, tanto para fines medicinales como recreativos», enfatizó la investigadora.
A pesar de las restricciones impuestas al uso medicinal del cannabis, la demanda sigue en aumento. Según la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado, en la última década se ha triplicado el número de personas que han consumido cannabis al menos una vez al año. El 13,8% de los encuestados reportó haber utilizado cannabis en el último año, y el 8,1% lo consume de manera habitual. En el grupo de edad de 25 a 34 años, cuatro de cada diez personas fuman marihuana regularmente.
Ante estos datos, muchos expertos abogan por la legalización del uso recreativo de la planta como una forma de regular el mercado, reducir el narcotráfico y asegurar el acceso seguro y controlado al cannabis. «Lo correcto sería regular también los usos no terapéuticos del cannabis», opinó Romero. «El Estado debe tener la capacidad de controlar los cultivos registrados, y regular los clubes de cultivo podría ser un buen paso hacia adelante».
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El endurecimiento de las condiciones para inscribirse en el Registro del Programa Cannabis ha generado controversia en Argentina, especialmente entre los usuarios que dependen de esta planta para tratar sus condiciones médicas. Mientras tanto, el país sigue careciendo de un marco regulatorio integral que permita el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y recreativo, lo que pone en riesgo su potencial económico y social.
Para avanzar en esta área, será necesario que el gobierno revise su postura y considere la experiencia internacional. La legalización y regulación adecuada del cannabis no solo podría mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos efectivos, sino también abrir nuevas oportunidades económicas para el país.
