El aumento del impuesto al tabaco vuelve a tensionar el mercado legal y fortalece al contrabando
El comienzo del año trajo consigo un nuevo incremento en el precio de los cigarrillos y del tabaco en Uruguay, como consecuencia de la actualización del Impuesto Específico Interno (Imesi). La medida, que forma parte de una política sostenida de encarecimiento del tabaco con fines sanitarios y recaudatorios, volvió a generar un fuerte impacto en el mercado legal y reavivó las advertencias del sector comercial sobre el avance del contrabando.
Desde los primeros días de enero, los consumidores se enfrentan a precios más elevados en todas las presentaciones de cigarrillos y tabaco, con valores que alcanzan máximos históricos. La suba, aunque moderada en términos porcentuales, se suma a una larga secuencia de ajustes acumulados durante los últimos años, que han modificado de manera profunda la dinámica de consumo y comercialización del producto.
Un ajuste impositivo que se traslada directamente al precio final
El aumento responde a la actualización anual del Imesi, un impuesto específico que grava los productos de tabaco y que el Estado utiliza como una de sus principales herramientas para desalentar el consumo. En esta oportunidad, el impuesto aplicado a la caja de 20 cigarrillos registró un incremento cercano al 5%, mientras que el gravamen sobre el tabaco tuvo una suba algo menor, en el entorno del 4,5%.
Aunque los porcentajes pueden parecer acotados, su traslado directo al precio final implica nuevos valores de referencia en el mostrador. En promedio, los aumentos oscilaron entre los 5 y los 10 pesos por unidad, con variaciones según marca, formato y tipo de producto.
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Actualmente, una caja de 20 cigarrillos se ubica en torno a los 230 pesos, mientras que las presentaciones más pequeñas, como las de 10 y 14 unidades, también registraron subas significativas. El tabaco para armar, por su parte, alcanzó un precio uniforme en todas las marcas, consolidando una tendencia de encarecimiento que afecta tanto a fumadores tradicionales como a quienes optan por alternativas más económicas.
Los cigarrillos con cápsulas, un segmento que había crecido con fuerza en años anteriores, tampoco escaparon al ajuste y quedaron entre los productos más caros del mercado formal.
Una política sostenida en el tiempo
El reciente ajuste no es un hecho aislado. La política impositiva aplicada al tabaco en Uruguay se mantiene desde hace más de dos décadas y ha sido reforzada progresivamente por distintos gobiernos. Según datos oficiales, los aumentos reales acumulados en el precio de los cigarrillos superan ampliamente el crecimiento de los ingresos de la población, con subas que, en términos reales, alcanzan cifras de dos dígitos en períodos relativamente cortos.
Desde la perspectiva de la salud pública, el objetivo es claro: reducir el consumo de tabaco mediante el encarecimiento del producto, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales. Sin embargo, el impacto económico de esta estrategia genera efectos colaterales que, según comerciantes y actores del sector, no siempre son considerados con suficiente profundidad.
El contrabando como consecuencia directa
Uno de los efectos más visibles del aumento sostenido de precios es el crecimiento del mercado ilegal. La brecha entre el valor de los cigarrillos legales y los de contrabando se amplía con cada ajuste impositivo, incentivando a una parte creciente de los consumidores a buscar alternativas más baratas fuera del circuito formal.
Estimaciones del sector comercial indican que entre el 45% y el 48% del consumo total de cigarrillos en Uruguay proviene actualmente del mercado ilegal, una proporción que refleja un cambio estructural en los hábitos de compra. En este escenario, el producto más consumido en el país, considerando tanto el mercado formal como el informal, ya no pertenece al circuito legal.
Para los fumadores con dependencia al tabaco, el aumento del precio no siempre se traduce en una reducción del consumo. En muchos casos, simplemente implica un cambio en el canal de adquisición, pasando del kiosco o supermercado a redes informales de venta que operan al margen de los controles sanitarios y fiscales.
El avance del contrabando golpea de lleno a los kioscos y pequeños comercios, que históricamente encontraron en la venta de cigarrillos una fuente clave de ingresos y de atracción de clientes. La caída de las ventas legales no solo afecta al rubro tabaco, sino también al resto de los productos que suelen comprarse de forma asociada, como bebidas, golosinas y artículos de consumo diario.
Muchos comerciantes advierten que el negocio dejó de ser rentable. Los márgenes se reducen, el volumen de ventas cae y la competencia desleal con productos ilegales genera una presión difícil de sostener. En este contexto, algunos kiosqueros se ven tentados a incorporar cigarrillos de contrabando de manera encubierta para no perder clientela, lo que los expone a sanciones y agrava el problema de informalidad.
La situación se vuelve especialmente crítica en barrios y zonas de menor poder adquisitivo, donde la sensibilidad al precio es mayor y el acceso a productos ilegales resulta más sencillo.
El crecimiento del contrabando no solo tiene consecuencias económicas para los comerciantes y para el Estado, que deja de percibir impuestos, sino también implicancias sanitarias. Los cigarrillos ilegales no cuentan con controles de calidad, advertencias sanitarias ni trazabilidad, lo que incrementa los riesgos para la salud de los consumidores.
Además, el mercado paralelo suele estar asociado a redes de distribución más amplias, que incluyen otros productos ilegales y refuerzan circuitos de informalidad y evasión fiscal. En este sentido, el contrabando de tabaco se convierte en una puerta de entrada a problemáticas más complejas.
¿Desalentar el consumo o cambiar el problema de lugar?
El debate de fondo gira en torno a la efectividad de la política de precios como herramienta para reducir el tabaquismo. Si bien el encarecimiento puede desalentar el inicio del consumo, especialmente entre jóvenes, su impacto sobre fumadores habituales es más limitado cuando existe una oferta ilegal accesible y ampliamente distribuida.
Desde el sector comercial se plantea la necesidad de complementar la política impositiva con controles más estrictos sobre el contrabando, campañas de concientización y estrategias que permitan sostener al comercio formal. De lo contrario, advierten, el resultado puede ser una reducción de la recaudación, el cierre de pequeños negocios y el fortalecimiento del mercado ilegal.
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Para los kiosqueros, la situación actual es crítica. La combinación de aumentos impositivos, caída de ventas y competencia ilegal pone en riesgo la viabilidad de miles de pequeños comercios en todo el país. Muchos de ellos dependen de un volumen mínimo de ventas para cubrir costos fijos, y la pérdida de clientes habituales impacta de forma directa en su supervivencia.
La advertencia del sector es clara: sin medidas complementarias que ataquen el contrabando y contemplen la realidad del comercio minorista, el rubro kiosco seguirá perdiendo terreno, con consecuencias económicas y sociales que van más allá del debate sobre el consumo de tabaco.
Fuente: Ámbito
