El reciente anuncio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) respecto a la nueva fórmula para calcular los pagos mínimos de las tarjetas de crédito ha sido recibido con cierta cautela por parte del sector. Desde la Asociación de Retail Financiero, su presidente ejecutivo, Claudio Ortiz, valoró la intención de la norma, pero al mismo tiempo planteó reparos significativos que apuntan a lo que considera un tratamiento incompleto del problema del sobreendeudamiento.
Ortiz destacó que el cambio va en la dirección correcta al buscar reducir la carga financiera que enfrentan los usuarios. Sin embargo, explicó que la normativa se enfoca principalmente en corregir una conducta poco representativa del grueso de los consumidores. Aunque existe una minoría que utilizan los pagos mínimos como herramienta frecuente, la mayoría de los usuarios paga sus estados de cuenta de manera completa. Por lo tanto, la medida, si bien bienintencionada, resultaría insuficiente si no se acompaña de políticas complementarias.
Uno de los puntos que más preocupa al gremio es que el verdadero problema no radica únicamente en la fórmula de cálculo de los pagos mínimos, sino en los bajos ingresos de una parte relevante de la población que recurre a esta alternativa por necesidad. Ortiz fue enfático en señalar que se trata de un problema estructural: no es tanto una cuestión de cómo se calcula el pago mínimo, sino de que muchos usuarios simplemente no tienen capacidad económica para asumir sus deudas en mejores condiciones. En este sentido, insistió en que una estrategia más efectiva sería mejorar la educación financiera y entregar información clara y accesible a los consumidores.
Otro aspecto importante que abordó el ejecutivo tiene que ver con la operación misma de las tarjetas de crédito. Recordó que los emisores están regulados por normativas del Ministerio de Economía y bajo la supervisión del SERNAC, por lo que deben cumplir ciertos requisitos mínimos, como asegurar el pago de los intereses, comisiones, seguros e impuestos. Actualmente, los pagos mínimos exigidos por los emisores oscilan entre un 5% y un 9% del monto total facturado cada mes.
Pero la crítica más tajante que formuló Ortiz se dirigió hacia un mecanismo de financiamiento que ha cobrado fuerza en los últimos años: las cuotas sin interés ofrecidas directamente por los comercios. Según denunció, esta práctica se realiza frecuentemente sin el consentimiento de los emisores de tarjetas, lo que genera una distorsión en el mercado. Desde su perspectiva, muchos usuarios no comprenden completamente cómo funciona este sistema, y cuando optan por pagar solo el mínimo, esas cuotas “sin interés” pueden transformarse en deuda rotativa, generando cargos financieros que no estaban contemplados al momento de la compra.
Por esta razón, desde Retail Financiero están promoviendo la eliminación de estas cuotas sin interés que los comercios ofrecen sin coordinación con los emisores. Ortiz advirtió que esta forma de operar se ha vuelto tan extendida que ya afecta seriamente la estructura de incentivos del sistema. Las compras a plazos sin costo financiero aparente son atractivas para los consumidores, pero cuando el financiamiento es cubierto por el emisor —que asume el riesgo sin recibir ingresos por intereses—, el modelo se vuelve insostenible.
En la práctica, lo que ocurre es que los adquirentes, en alianza con los comercios, adelantan el pago total de las compras, mientras que los consumidores abonan mes a mes. Esto deja a los emisores fuera de la ecuación, quitándoles la posibilidad de rentabilizar ese financiamiento a través del cobro de intereses. Ortiz describió esta situación como una especie de subsidio involuntario por parte de los emisores, quienes asumen el riesgo sin ver retorno financiero.
Desde su óptica, si no se pone freno a esta práctica, el efecto combinado con la nueva normativa de pagos mínimos podría tener consecuencias negativas. Específicamente, advirtió que los consumidores más vulnerables, al verse limitados en su capacidad de acceder a financiamiento formal, podrían terminar acudiendo a opciones informales o incluso caer en manos del crimen organizado. La preocupación radica en que los canales legales se vuelvan menos accesibles, empujando a un segmento significativo de la población hacia soluciones de crédito sin regulación ni garantías.
En paralelo a esta discusión, el presidente del gremio también se refirió al avance de la Ley Fintech. Si bien valoró la intención del marco legal y la creación de una “carretera segura” para el intercambio de información financiera, criticó duramente el uso del webscraping como mecanismo para acceder a los datos de los consumidores. Desde su perspectiva, esta práctica es poco segura y puede desincentivar la adopción del nuevo sistema regulado. Hizo un llamado a eliminar definitivamente el uso del webscraping y apostar por el desarrollo de APIs oficiales que permitan a las fintech acceder a la información con autorización, control y trazabilidad.
Ortiz fue claro al afirmar que, si se va a exigir a los actores del mercado realizar inversiones importantes para montar una infraestructura segura, no tiene sentido que convivan dos sistemas en paralelo. Argumentó que mantener prácticas informales, como el scraping de sitios bancarios, es contradictorio con los principios de la nueva ley y genera incentivos perversos que podrían desincentivar la participación de los actores formales en este nuevo ecosistema.
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Si bien el Retail Financiero respalda los esfuerzos regulatorios orientados a mejorar las condiciones del crédito y reducir el sobreendeudamiento, también insiste en que estas iniciativas deben ir acompañadas de una revisión profunda del modelo actual de financiamiento en cuotas. El foco no debe estar solamente en cómo se paga, sino también en quiénes están detrás de las ofertas y qué mecanismos se utilizan para financiar el consumo. Además, es imprescindible fortalecer la protección del consumidor, no solo desde la normativa, sino también mediante una cultura de información clara, responsable y accesible para todos.
El debate que se abre con estas medidas no es menor. La forma en que las personas acceden al crédito y financian sus compras tiene un impacto directo en la salud financiera de millones de hogares. Regular los mecanismos de pago, asegurar la transparencia en las ofertas y proteger los incentivos de todos los actores del sistema son tareas fundamentales para construir un mercado financiero más justo y sostenible.
