Puerto de Chancay: Ositran ratifica su supervisión y garantiza los derechos de los usuarios
El Puerto de Chancay vuelve a situarse en el centro del debate regulatorio en Perú. La reciente decisión de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha respaldado las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) sobre el terminal portuario, reafirmando que el organismo tiene atribuciones expresamente establecidas por la ley para supervisar determinados aspectos de su funcionamiento.
La resolución judicial representa un nuevo capítulo en la controversia entre el regulador y Cosco Shipping, operador del megapuerto de Chancay, luego de que la empresa anunciara su intención de continuar el proceso ante el Tribunal Constitucional (TC).
Para Ositran, la sentencia no solo confirma el marco normativo vigente, sino que también fortalece las garantías para los usuarios de una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior peruano y para la integración logística de Sudamérica con Asia.
La Justicia respalda las competencias de Ositran
La presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, destacó que el fallo emitido por la Segunda Sala Constitucional reconoce una potestad que el organismo posee por mandato legal.
Según explicó, la decisión judicial ratifica que el regulador tiene competencias específicas sobre el Puerto de Chancay, especialmente en aquellos aspectos vinculados con la protección de los usuarios, el régimen tarifario y la solución de controversias.
La funcionaria lamentó, sin embargo, que la empresa operadora haya decidido continuar el proceso por la vía constitucional.
De acuerdo con Zambrano, esta decisión implica seguir generando costos para el Estado en torno a una discusión sobre obligaciones que ya estaban contempladas en el marco legal peruano antes de que se ejecutara la inversión en el terminal portuario.
Una inversión estratégica para el comercio exterior
El Puerto de Chancay es uno de los proyectos de infraestructura más importantes desarrollados en Perú durante las últimas décadas.
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La inversión comprometida supera los US$1.300 millones y su puesta en operación promete transformar el comercio marítimo del país, convirtiéndolo en un punto estratégico para el intercambio comercial entre América del Sur y Asia.
La infraestructura ha despertado un enorme interés tanto a nivel nacional como internacional debido a su capacidad para reducir tiempos logísticos y fortalecer la competitividad del comercio exterior peruano.
Precisamente por su relevancia económica, la definición de las competencias regulatorias en torno al terminal se ha convertido en un tema de gran importancia para el sector.
Ositran descarta un cambio de reglas
Uno de los principales argumentos planteados por la defensa legal de Cosco Shipping ha sido la supuesta modificación de las condiciones regulatorias después de realizada la inversión.
No obstante, la presidenta de Ositran rechazó esta afirmación y aseguró que las reglas nunca cambiaron.
Según explicó, si existió alguna modificación normativa, esta incluso favoreció a la empresa.
La funcionaria recordó que la Ley N.° 32048 reconoció expresamente la exclusividad para determinados servicios portuarios que el operador ya venía prestando.
Por ello, considera incorrecto sostener que el Estado peruano modificó las condiciones originalmente establecidas para el desarrollo del proyecto.
El Puerto de Chancay es una infraestructura de uso público
Uno de los puntos más relevantes del debate se centra en la naturaleza jurídica del terminal.
De acuerdo con Ositran, el Puerto de Chancay no constituye una infraestructura de uso exclusivo, sino un puerto de uso público.
Esta diferencia es fundamental para determinar las competencias del organismo regulador.
Verónica Zambrano explicó que la exclusividad reconocida a la empresa se limita únicamente a determinados servicios intermedios, entre ellos:
Atención a las naves.
Servicios de remolque.
Algunas operaciones específicas vinculadas al funcionamiento portuario.
Sin embargo, el terminal está obligado a recibir y atender la carga de cualquier usuario que requiera utilizar la infraestructura.
Precisamente en ese ámbito es donde interviene Ositran para garantizar que los derechos de los usuarios sean respetados.
La protección de los usuarios es la prioridad
Para el organismo regulador, la supervisión del Puerto de Chancay tiene como principal objetivo proteger a los usuarios de la infraestructura.
La presidenta de Ositran sostuvo que el organismo continuará ejerciendo las competencias que le asigna la ley para asegurar:
El cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios.
La correcta aplicación del régimen tarifario.
La atención de controversias entre usuarios y operador.
La protección de los derechos de quienes utilizan el puerto.
La existencia de un regulador independiente busca generar condiciones de transparencia y confianza para las empresas que utilizarán el terminal en los próximos años.
Ositran también supervisa otros puertos privados
La titular de Ositran recordó que el organismo ya supervisa otras infraestructuras de titularidad privada y uso público en el país.
Entre ellas se encuentra Logística Peruana del Oriente (LPO), un caso que demuestra que las funciones del regulador no se limitan exclusivamente a las infraestructuras concesionadas.
Esta precisión busca responder a los cuestionamientos planteados por la empresa operadora del megapuerto, que sostiene una interpretación diferente respecto al alcance de las competencias de Ositran.
Para el organismo, la legislación vigente es clara y establece expresamente sus funciones sobre determinadas infraestructuras de uso público.
¿Qué funciones ejerce Ositran en el Puerto de Chancay?
La presidenta del organismo enfatizó que Ositran nunca ha buscado ejercer una supervisión integral sobre todas las actividades del puerto.
Tampoco pretende fiscalizar niveles de servicio que no estén definidos en un contrato de concesión.
Las competencias que el organismo reclama se limitan a aquellas establecidas por la ley.
Entre ellas destacan:
Supervisión tarifaria
Verificar que las tarifas aplicadas a los usuarios se ajusten al marco normativo correspondiente.
Solución de controversias
Atender y resolver eventuales conflictos entre el operador y los usuarios del puerto.
Aportes por regulación
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el financiamiento del sistema regulatorio.
Protección de usuarios
Garantizar que las empresas y personas que utilicen la infraestructura reciban un trato adecuado y conforme a la normativa vigente.
El análisis sobre la competencia con el puerto del Callao
Ositran también anunció que realizará un nuevo análisis para determinar si existe o no un escenario de competencia entre el Puerto de Chancay y el puerto del Callao.
La evaluación es relevante porque podría influir en aspectos regulatorios relacionados con el mercado portuario peruano y con las condiciones de competencia en el sector.
El inicio de operaciones del megapuerto de Chancay tiene el potencial de modificar significativamente la dinámica logística del país, atrayendo nuevas rutas marítimas y generando un impacto directo en otros terminales.
Por ello, el análisis del regulador será determinante para establecer futuras medidas relacionadas con el funcionamiento del mercado portuario.
Posibles sanciones por incumplimiento de información
La presidenta de Ositran también informó que el organismo continuará solicitando información al operador del puerto en el marco de sus funciones.
En caso de persistir el incumplimiento de los requerimientos formulados, se iniciarán los procedimientos sancionadores que correspondan conforme a la legislación vigente.
Esta medida busca asegurar que el regulador cuente con los datos necesarios para ejercer adecuadamente sus competencias y garantizar la protección de los usuarios.
El Puerto de Chancay y su importancia para el Perú
El Puerto de Chancay es considerado uno de los proyectos de infraestructura más trascendentales para el futuro del comercio exterior peruano.
Su ubicación estratégica y su capacidad operativa permitirán fortalecer la conectividad marítima del país y convertir al Perú en un importante centro logístico de la región.
Sin embargo, la magnitud del proyecto también plantea nuevos desafíos regulatorios y la necesidad de establecer reglas claras que permitan garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y la protección de los usuarios.
La reciente sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima representa un respaldo a las competencias de Ositran y abre un nuevo escenario en la discusión sobre el alcance de la supervisión estatal en una infraestructura llamada a transformar el comercio marítimo peruano.
Mientras la controversia continúa y el caso podría llegar al Tribunal Constitucional, el organismo regulador ha reiterado que seguirá ejerciendo las funciones que le otorga la ley y mantendrá su compromiso de velar por el adecuado funcionamiento del Puerto de Chancay y por los derechos de quienes utilizarán esta infraestructura estratégica para el desarrollo del país.
