Osiptel refuerza control digital contra chips ilegales
En una acción sin precedentes para combatir el comercio ilegal de chips y fortalecer la seguridad ciudadana, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció una nueva medida que permitirá a las autoridades del Perú acceder en línea a la información completa sobre la venta y activación de líneas móviles.
A través del Decreto Supremo N° 128-2025-PCM, el Gobierno aprobó las disposiciones complementarias de la Ley N° 32451, orientadas a frenar la activación ilícita de líneas telefónicas y la posesión irregular de tarjetas SIM. Este cambio normativo busca cerrar los vacíos que han permitido el crecimiento del comercio informal de chips en el país.
Acceso en línea para las autoridades
La nueva disposición otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio Público y al Poder Judicial acceso directo a una plataforma digital del Osiptel, donde podrán consultar en tiempo real la trazabilidad de los SIM cards reportados por las empresas operadoras.
Esta herramienta permitirá conocer el recorrido completo de cada chip —desde su fabricación y distribución hasta su venta y activación—, incluyendo la identificación de todas las personas y entidades que hayan participado en el proceso.
Según explicó el presidente ejecutivo (e) del Osiptel, Jesús Guillén Marroquín, este sistema fortalecerá la capacidad de respuesta frente a delitos digitales y fraudes vinculados al uso de líneas móviles.
“La trazabilidad de cada SIM card es esencial para garantizar la seguridad digital y ciudadana. Cada línea tendrá un responsable claramente identificado, lo que permitirá actuar de inmediato ante cualquier irregularidad”, precisó Guillén Marroquín.
Seguridad y trazabilidad: pilares de la nueva regulación
El comercio ilegal de chips ha sido un problema persistente en el Perú, facilitando delitos como estafas telefónicas, extorsiones y suplantaciones de identidad. Hasta ahora, las investigaciones enfrentaban limitaciones por la falta de registros claros sobre la procedencia y uso de las líneas móviles.
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Con la nueva norma, las operadoras están obligadas a mantener registros detallados y actualizados sobre la comercialización y contratación de los servicios móviles, reportándolos de manera continua al Osiptel.
Esta información será centralizada en una base de datos nacional y permitirá rastrear cualquier SIM card sospechoso. El organismo regulador señala que la iniciativa representa un paso firme hacia la formalización del mercado de telecomunicaciones, reduciendo el margen de acción del comercio informal.
Impacto en la lucha contra la delincuencia
El acceso en línea otorgado a la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial permitirá a las autoridades investigar fraudes y desarticular redes criminales con mayor rapidez.
Hasta ahora, muchos delitos cibernéticos se dificultaban por el uso de líneas móviles registradas con identidades falsas o compradas en la informalidad. La trazabilidad digital elimina esa opacidad, ya que cada chip estará asociado a un usuario verificable y a un canal de venta formal.
Guillén Marroquín subraya que el objetivo es cerrar las brechas en la seguridad digital y fortalecer la confianza en el sistema móvil peruano:
“Estamos implementando un modelo que garantiza transparencia y responsabilidad. Cada línea móvil será rastreable desde su origen hasta su activación”.
Responsabilidad compartida: operadores y municipalidades
El Decreto Supremo N° 128-2025-PCM no solo compromete a las empresas operadoras, sino también a los gobiernos locales.
Las municipalidades distritales tendrán un rol activo en la vigilancia del comercio ambulatorio. Están obligadas a reportar al Osiptel, a la PNP y al Ministerio Público cualquier venta callejera o irregular de servicios móviles detectada en su jurisdicción.
Los reportes deben realizarse al día hábil siguiente del hallazgo e incluir información detallada como:
Ubicación geográfica del punto de venta ilegal.
Nombre de la empresa operadora involucrada.
Datos de las personas identificadas durante la comercialización irregular.
Esta articulación entre los municipios y las autoridades nacionales apunta a desmantelar redes de venta informal de SIM cards, una práctica común en mercados y calles del país.
Capacitación y control en campo
En paralelo, el Osiptel ha iniciado programas de capacitación para fiscalizadores municipales, con el fin de estandarizar los procedimientos de supervisión y mejorar la detección de irregularidades en la venta de chips.
Estas capacitaciones incluyen talleres sobre contratación segura de telefonía móvil, identificación de puntos de venta autorizados y protocolos de actuación frente a infracciones.
Según el regulador, una fiscalización efectiva en campo es crucial para evitar que las líneas móviles terminen en manos de redes delictivas.
“Combatir el comercio ilegal de chips requiere coordinación, tecnología y conocimiento. Por eso estamos fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales”, señaló Guillén Marroquín.
Formalización del mercado móvil
La medida también busca impulsar la formalización de la venta de servicios móviles en el Perú. En los últimos años, la venta ambulatoria de chips ha proliferado en espacios públicos, donde se ofrecen líneas sin control de identidad o sin los debidos registros.
El Osiptel sostiene que la formalización del sector no solo refuerza la seguridad, sino que protege los derechos del consumidor al garantizar que cada contrato móvil esté asociado a una identidad verificada.
La nueva trazabilidad permitirá, además, identificar patrones de venta sospechosos y evitar prácticas como la activación masiva de líneas sin control.
Digitalización y seguridad ciudadana
Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de transformación digital en la seguridad pública. Con la trazabilidad en tiempo real, las autoridades podrán integrar la información móvil en sus sistemas de investigación criminal y prevención de delitos.
Asimismo, se espera que la medida contribuya a reducir los delitos cibernéticos, ya que muchas estafas telefónicas o fraudes electrónicos se originan en líneas móviles no registradas formalmente.
En un contexto donde la digitalización avanza a pasos acelerados, el control del ecosistema móvil se vuelve fundamental para proteger la información personal y la infraestructura de comunicaciones del país.
Un paso adelante en regulación tecnológica
El Decreto Supremo N° 128-2025-PCM representa un avance en la regulación tecnológica del Perú, alineando al país con estándares internacionales de control y trazabilidad de servicios móviles.
Modelos similares se aplican en países como Chile, México y Colombia, donde las líneas móviles deben vincularse a usuarios plenamente identificados para prevenir delitos y fortalecer la ciberseguridad.
Con esta reforma, el Perú se posiciona como uno de los países pioneros en Latinoamérica en implementar un sistema integral de monitoreo digital de chips, respaldado por un marco legal sólido y una infraestructura tecnológica moderna.
Desafíos y próximos pasos
Si bien la implementación del sistema de trazabilidad es un avance importante, su éxito dependerá de la colaboración entre entidades públicas, operadores y ciudadanía.
El Osiptel ha señalado que en los próximos meses se realizarán auditorías técnicas a las operadoras para garantizar el cumplimiento de los nuevos estándares de registro y reporte.
Por su parte, las municipalidades deberán fortalecer sus áreas de fiscalización para asegurar la detección temprana de ventas ilegales y el reporte oportuno a las autoridades competentes.
En paralelo, el organismo regulador continuará su campaña de comunicación para concientizar a los ciudadanos sobre los riesgos de comprar chips en lugares no autorizados, promoviendo el uso responsable y seguro de los servicios móviles.
Un futuro con líneas seguras y transparentes
La medida impulsada por el Osiptel marca un nuevo paradigma en la seguridad digital del país. Gracias a la trazabilidad de los SIM cards, cada línea móvil tendrá un historial verificable, lo que permitirá prevenir fraudes, proteger datos personales y reforzar la confianza en el ecosistema de telecomunicaciones.
Con el compromiso conjunto de las autoridades, las empresas operadoras y los municipios, el Perú avanza hacia un entorno de mayor transparencia, formalidad y protección ciudadana.
En palabras de Guillén Marroquín:
“El comercio ilegal de chips no solo afecta al mercado, afecta la seguridad de todos. Con esta medida, cada línea tendrá un nombre, una historia y un responsable”.
