Un nuevo marco legal para un ecosistema digital más seguro
El comercio electrónico en el Perú ha crecido con una rapidez extraordinaria. Sin embargo, ese avance dejó expuestas diversas brechas legales que ya no podían ser ignoradas. En respuesta a esta situación, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un proyecto de ley destinado a actualizar y fortalecer las normas que regulan el entorno digital. Esta reforma, respaldada por una amplia mayoría, busca brindar mayor seguridad, transparencia y protección a millones de usuarios que hoy compran y venden a través de internet.
En esencia, la propuesta moderniza conceptos, incorpora nuevos actores y amplía responsabilidades. Todo con el objetivo de adaptar la legislación nacional a un mercado que evoluciona a una velocidad sin precedentes. El dinamismo de las plataformas digitales y marketplaces exige reglas claras, precisas y capaces de enfrentar los retos actuales.
Por qué era necesario actualizar la regulación del e-commerce
El Código del Consumidor peruano, vigente desde 2010, fue diseñado en un contexto donde el comercio electrónico todavía tenía un alcance limitado. En aquella época, las compras online no eran masivas, las plataformas digitales eran incipientes y el comportamiento del consumidor respondía mayoritariamente a patrones tradicionales.
Hoy, esa realidad cambió por completo. La pandemia aceleró la digitalización, impulsó el uso intensivo de aplicaciones de compra y multiplicó la oferta de marketplaces. En la actualidad, millones de transacciones diarias se realizan a través de canales digitales que operan con algoritmos, sistemas automatizados y redes globales.
La brecha regulatoria surgió cuando ese nuevo ecosistema empezó a operar con mayor complejidad que las normas vigentes. Esto generó zonas grises en temas como:
- Transparencia en la información presentada al consumidor.
- Confidencialidad y tratamiento de datos personales.
- Responsabilidad frente a fraudes o incumplimientos.
- Trazabilidad de productos y servicios adquiridos vía digital.
- Prácticas de interfaz que pueden inducir decisiones sin claridad plena.
La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte, enfatizó durante la presentación que este desfase legal permitió que miles de usuarios estuvieran expuestos a riesgos y prácticas poco transparentes. Por ello, actualizar el marco legal dejó de ser opcional: se volvió urgente.
Una redefinición clave: proveedor digital y canales online
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la actualización de conceptos fundamentales. El proyecto de ley redefine el término “proveedor” para incluir a quienes operan en espacios digitales y, además, incorpora la categoría formal de “canal digital”.
Este cambio no es menor. Al reconocer oficialmente que las plataformas cumplen un rol similar —y en muchos casos mayor— al de los proveedores tradicionales, la ley abre la puerta a exigir responsabilidades más claras en la cadena de valor digital.
El reconocimiento del canal digital permite precisar obligaciones en:
- Transparencia de precios y condiciones.
- Información accesible sobre políticas de devolución.
- Procesos de reclamo y atención al consumidor.
- Identificación de proveedores y trazabilidad de operaciones.
En un mercado donde la interacción se da casi exclusivamente en línea, esta ampliación del marco conceptual es esencial para proteger adecuadamente al consumidor.
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Más derechos para los usuarios: control de datos y derecho al olvido
La propuesta incorpora estándares modernos que ya se aplican en normativas de referencia internacional. Entre ellos, destaca el fortalecimiento del derecho al olvido, regulado en países de la Unión Europea y también presente en reformas recientes en Brasil, Colombia y México.
El derecho al olvido permite que los consumidores soliciten la eliminación de información personal cuando ya no sea necesaria o cuando haya cumplido su propósito original. Esto es especialmente relevante en un entorno donde cada interacción digital genera un registro que puede ser almacenado, procesado y utilizado por algoritmos.
Sumado a ello, la iniciativa refuerza el control del usuario sobre sus datos. A través de nuevos lineamientos, los consumidores podrán decidir con mayor autonomía:
- Qué datos compartir.
- Para qué pueden ser usados.
- Cuándo desean eliminarlos.
- Cómo evitar prácticas de segmentación que afecten su libertad de elección.
En un comercio digital donde el diseño de interfaces puede influir en el comportamiento del usuario, otorgar más control y claridad es un paso decisivo.
Obligaciones más estrictas para plataformas, proveedores y marketplaces
El proyecto aprobado establece nuevas exigencias para quienes operan en el entorno digital. La meta es garantizar que cada transacción sea transparente, segura y plenamente verificable.
Entre las obligaciones propuestas se encuentran:
1. Información clara y verificable
Los proveedores deberán ofrecer datos precisos sobre precios, características del producto, tiempos de entrega y condiciones de venta. Esto implica que la información deberá ser accesible, visible y comprensible.
2. Mayor trazabilidad
Las plataformas tendrán la responsabilidad de asegurar que cada operación pueda ser rastreada desde el momento de la compra hasta la entrega final. Esto permitirá identificar incumplimientos y evitar fraudes.
3. Mecanismos eficaces de reclamo
Los usuarios podrán acceder a canales más ágiles y eficientes para resolver conflictos. El objetivo es que las plataformas no actúen solo como intermediarias, sino como actores activos en la protección del consumidor.
4. Seguridad jurídica en cada transacción
La reforma busca garantizar que las operaciones digitales tengan el mismo respaldo legal que las transacciones presenciales. Esto fortalece la confianza y reduce los vacíos legales que hoy complican la resolución de problemas.
5. Privacidad y manejo ético de datos
Las plataformas deberán reforzar sus políticas de protección de datos, evitar prácticas abusivas de recopilación y adoptar medidas similares a las exigidas en regulaciones internacionales.
Una reforma alineada con tendencias internacionales
El avance del proyecto también refleja un esfuerzo por armonizar la legislación peruana con estándares globales. En la mayoría de países con ecosistemas digitales avanzados, las leyes han tenido que adaptarse para atender problemáticas como:
- Prácticas engañosas a través de dark patterns.
- Manipulación algorítmica.
- Publicidad personalizada sin consentimiento.
- Carencia de responsabilidad clara en marketplaces.
El Perú no es ajeno a estas condiciones. Por ello, la iniciativa incorpora principios inspirados en modelos que han probado ser efectivos para equilibrar innovación y protección.
Un mercado más confiable y transparente
Durante el debate, la congresista Katy Ugarte remarcó que esta reforma representa un paso decisivo para construir un entorno digital más seguro, justo y confiable. Al elevar los estándares de protección, se espera que los consumidores se sientan más respaldados y que las empresas operen con mayor claridad.
Esto no solo beneficia a los usuarios. También fortalece la competitividad del ecosistema digital peruano. Plataformas y negocios que cumplan los nuevos lineamientos podrán diferenciarse por la calidad de su servicio, ganar reputación y atraer a más consumidores.
La confianza es un elemento central en el comercio electrónico. Sin ella, las transacciones disminuyen y el mercado se debilita. Con normas claras, el crecimiento se vuelve sostenible y más ordenado.
Modificaciones al Código del Consumidor: lo que cambia
El texto aprobado introduce cambios específicos en dos artículos clave:
- Artículo 4 del Título Preliminar
Este artículo define principios orientadores del sistema de protección al consumidor. Con la reforma, se enfatiza la necesidad de información clara, transparencia y un rol más activo de los proveedores digitales.
- Artículo 1 del Código del Consumidor
La modificación precisa las responsabilidades de los actores en el entorno digital. También incluye obligaciones relacionadas con la accesibilidad de la información, algo crucial en un mercado donde las decisiones de compra se toman en segundos.
Estos ajustes buscan eliminar interpretaciones ambiguas y establecer un marco sólido que responda a las dinámicas del comercio electrónico moderno.
Un paso hacia un ecosistema digital responsable
La aprobación del proyecto marca el inicio de un proceso más amplio: la construcción de un entorno digital donde innovación y protección convivan de manera equilibrada. La expansión del comercio electrónico exige que todos los actores —plataformas, proveedores, usuarios y reguladores— adopten prácticas responsables y transparentes.
La propuesta legislativa no solo actualiza normas. También introduce una visión moderna del mercado digital, capaz de enfrentar desafíos como el uso intensivo de datos, la automatización de procesos y la influencia del diseño de interfaces en la conducta del consumidor.
