En un contexto de inseguridad creciente y desconfianza en las instituciones, las actividades ilegales en el Perú están alcanzando un impacto alarmante en la economía y la sociedad. De acuerdo con el informe dado por el Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la UP, las actividades ilegales en el Perú movilizan más del 3% del PBI del país. Estas actividades incluyen la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico, la tala, el contrabando, la extorsión, la pesca ilegal y en menor cantidad, la piratería.
“El impacto económico de estas actividades ilícitas no solo afecta directamente al crecimiento del país, sino que también distorsiona los mercados formales al competir deslealmente. Esto se traduce en una menor recaudación fiscal, estimada en cerca del 20 % de lo que el Estado podría generar con la formalización”, menciona Milagros Torres, subdirectora académica de la Facultad de Negocios de Zegel.
Por otro lado, según el Índice Global de Crimen Organizado, el país ocupa el sexto lugar en Sudamérica y el puesto 32 a nivel mundial en criminalidad. De los 15 mercados ilícitos identificados globalmente, el Perú muestra un desarrollo superior al promedio sudamericano en 10 de ellos.
Consecuencias sociales y ambientales
Además de su impacto financiero, estas economías ilegales tienen graves efectos en la biodiversidad y las comunidades locales. La minería ilegal, por ejemplo, destruye bosques, contamina ríos y afecta a pueblos originarios que dependen del entorno natural para subsistir.
En este escenario, la trata de personas, vinculada muchas veces a la minería y al narcotráfico, revela un rostro aún más cruel de estas actividades. Estas economías generan un círculo vicioso donde el daño ambiental se combina con el deterioro social e institucional, debilitando aún más las capacidades del Estado para enfrentarlas.
Infraestructura y recursos insuficientes
El combate contra estas economías enfrenta obstáculos importantes. La policía, el Ministerio Público y otras instituciones vinculadas carecen de los recursos necesarios para frenar su avance. Esto refuerza un ciclo de impunidad y expansión criminal, alimentado también por una cultura de tolerancia a la informalidad.
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“La informalidad es el paso previo a la ilegalidad. En el Perú, aproximadamente el 72% de la fuerza laboral es informal, lo que no solo erosiona los derechos laborales, sino que también facilita la transición hacia actividades ilícitas”, señaló Milagros Torres.
Una solución multidimensional
Combatir el impacto de las economías ilegales requiere una acción coordinada entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Es indispensable reducir los costos y trámites para formalizar empresas, fortalecer la fiscalización y brindar incentivos que promuevan la incorporación de actores informales al mercado legal.
El esfuerzo por combatir estas economías debe ser integral, reconociendo que su impacto va más allá de lo económico y afecta directamente la estabilidad social y ambiental del Perú.
