En un informe presentado en diciembre pasado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) corroboró el aumento de la vulnerabilidad de los negocios frente a la inseguridad. Desde el año 2022, la tasa de robos reportada por cada 1.000 habitantes ha experimentado un incremento significativo, cuadruplicándose en un corto periodo. Este fenómeno ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta no solo a los ciudadanos en su vida cotidiana, sino que también incide de manera directa en la actividad económica.
Para evaluar el impacto tangible que la inseguridad tiene en los pequeños negocios con acceso directo a la calle (conocidos como PNPC) en Lima Metropolitana, Videnza Instituto llevó a cabo un estudio exhaustivo. Este análisis se centra en calcular tanto los costos directos como los indirectos derivados de la delincuencia. Por un lado, se consideran las pérdidas materiales ocasionadas por los delitos, mientras que por el otro, se incluyen los gastos en medidas de prevención que los propietarios se ven obligados a implementar para proteger sus establecimientos.
Una de las consecuencias más alarmantes de la creciente inseguridad es el cierre definitivo de muchos de estos locales. Según los hallazgos del estudio, en los últimos 24 meses, uno de cada diez negocios ha tenido que cerrar sus puertas debido a la amenaza constante que representa la delincuencia. Este fenómeno no solo implica la pérdida de ingresos para los propietarios y sus familias, sino que también acarrea un costo hundido promedio de aproximadamente US$ 1.100. Esta cifra abarca inversiones iniciales, activos y otros materiales que, lamentablemente, no pudieron ser recuperados tras el cierre del negocio.
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El estudio de Videnza Instituto se convierte en una herramienta invaluable para cuantificar el impacto que la inseguridad ciudadana está teniendo en los pequeños negocios de la capital peruana. Según las proyecciones realizadas, solo en tres zonas seleccionadas de Lima, las pérdidas económicas acumuladas en los últimos 24 meses por parte de los negocios puerta a calle superan los US$ 120.000 diarios. Este dato subraya la magnitud del problema y sugiere que la inseguridad no solo está afectando a los emprendedores, sino que también representa un obstáculo considerable para la recuperación y el crecimiento económico del país. La situación demanda atención urgente y la implementación de políticas efectivas que aborden tanto la seguridad ciudadana como el apoyo a los pequeños negocios, que son una parte fundamental del tejido económico y social del Perú.
Fuente: DFSud
