El 14 de febrero de 2025, Telefónica del Perú presentó una solicitud de reestructuración financiera ante Indecopi, bajo la Ley Concursal. Esta decisión busca evitar un proceso de insolvencia que podría haber sido promovido por sus acreedores. La entidad encargada de la protección del consumidor y la promoción de la competencia en el país tiene un plazo de 90 días hábiles para evaluar la solicitud y determinar los próximos pasos a seguir.
Alberto Villanueva Eslava, presidente ejecutivo de Indecopi, ha confirmado que su equipo ya está analizando el caso de Telefónica. En declaraciones recientes, Villanueva aseguró que los comisionados que se encargarán de resolver este expediente lo harán con imparcialidad, garantizando un proceso justo. «Les puedo informar que existe el expediente, que hay un plazo de 90 días hábiles, y darles la plena seguridad de que los comisionados, que son los que resuelven estos expedientes, lo harán con total imparcialidad», afirmó el funcionario.
En caso de que la solicitud de reestructuración sea aprobada, se convocará a los acreedores para que participen en la toma de decisiones sobre el futuro de la empresa. Esta fase es crucial, ya que los acreedores tienen un papel fundamental en el proceso de reestructuración y pueden influir en la dirección que tome la compañía.
A pesar de los desafíos financieros que enfrenta, Telefónica del Perú continúa operando con normalidad. Villanueva enfatizó que este proceso no implica la paralización de sus servicios. «La empresa no se paraliza, salvo que la junta de acreedores decida lo contrario», subrayó. Esta afirmación es clave, ya que asegura a los clientes y a los acreedores que la compañía mantendrá su operatividad mientras se desarrolla el proceso de reestructuración.
La situación en el sector de telecomunicaciones es tensa, especialmente después de que la empresa registrara una pérdida neta de 12,658 líneas en portabilidad móvil en febrero de 2025, de acuerdo con datos proporcionados por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Este descenso en la portabilidad ha generado inquietudes sobre la competitividad de Telefónica en el mercado, lo que podría impactar aún más su situación financiera.
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Finalmente, Villanueva también destacó que cualquier decisión tomada durante este proceso es apelable, lo que asegura un procedimiento transparente y justo. La existencia de una sala competente para resolver el caso es una garantía adicional de que se respetarán los derechos de todas las partes involucradas. En un panorama tan incierto, la atención del sector y de los interesados se centra ahora en la evolución de este proceso de reestructuración y su impacto en el futuro de Telefónica del Perú.
Fuente: Infomercado
