En la última década, el sector minero ha demostrado ser un componente vital de la economía peruana, representando el 20.8% de los impuestos recaudados, según el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Julio Pérez Alván. Este dato subraya la importancia del sector no solo en términos de ingresos fiscales, sino también en cuanto a la creación de empleo, con más de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos generados por esta actividad. En el año 2024, las exportaciones mineras alcanzaron un impresionante total de 46,369 millones de dólares, lo que equivale al 62.1% de todas las exportaciones del país. Este crecimiento en las exportaciones refleja la confianza de los inversores, que en 2024 superaron los 4,960 millones de dólares, marcando un leve aumento del 0.5% en comparación con el año anterior.
Sin embargo, a pesar de su significativo impacto en la economía nacional, la minería enfrenta varios desafíos que limitan su potencial. Uno de los principales problemas es la complejidad del marco regulatorio que rige el sector, lo que dificulta la formalización de pequeños productores. Pérez Alván ha señalado que las empresas mineras formales enfrentan obstáculos significativos, incluyendo retrasos en la obtención de permisos, falta de coordinación entre las entidades estatales y una burocracia que ralentiza los procesos necesarios para operar legalmente.
Otro desafío crítico es la informalidad que permea el sector. En 2024, se estima que casi la mitad del oro extraído en Perú provino de pequeños mineros, de los cuales solo el 20% contaba con los permisos requeridos. Según el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de los 87,111 inscritos, apenas 2,090 han logrado formalizar su situación, mientras que el 79% enfrenta suspensiones y el 18.6% continúa en proceso de formalización. Esta realidad pone de manifiesto la urgencia de implementar estrategias efectivas para combatir la minería ilegal, que no solo afecta la economía, sino que también socava el orden social.
En este contexto, la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley MAPE) se presenta como una esperanza para mejorar la situación del sector. Sin embargo, expertos advierten que, si esta ley no se implementa de manera adecuada, la minería ilegal podría expandirse aún más, exacerbando los problemas económicos y sociales existentes. Para el éxito de la Ley MAPE, es esencial asignar recursos adecuados, establecer incentivos para la formalización, y fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos regionales, así como regular los contratos entre concesionarios y mineros artesanales.
El presidente de Adex subraya que, sin estos elementos fundamentales, los esfuerzos de formalización están destinados al fracaso. Por otro lado, el sector privado ha mostrado interés en colaborar con el Estado para combatir la minería ilegal. Pérez Alván menciona que, aunque la mayoría de los mineros artesanales no están involucrados en actividades delictivas, muchos evitan la formalización, lo que permite la proliferación de grupos ilegales que operan sin supervisión.
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Para transformar esta situación, es crucial un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil. La minería es un motor económico en Perú, pero su desarrollo sostenible requiere de estrategias coordinadas que promuevan la formalización y mitiguen los efectos negativos de la ilegalidad en el sector. Solo a través de un enfoque colaborativo se podrá asegurar un futuro próspero y sostenible para la minería en el país.
Fuente: Infomercado
