En 2023, un año marcado por la recesión y un déficit significativo, la diferencia entre ingresos y gastos alcanzó el 2,8%. Inicialmente se proyectaba un déficit del 2,4%, pero se incumplió la norma fiscal. Para este año, el objetivo debía ser del 2,0% del PBI, sin embargo, el MEF recibió autorización para expandirlo hasta el 2,8%.
Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, ya ha manifestado a La República que es “algo sin precedentes” romper la regla fiscal durante dos años consecutivos, y la primera advertencia desde el mercado internacional llegó de Fitch Ratings, que pronostica un déficit más elevado para 2024.
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En un comunicado, la agencia de calificación estima que el déficit fiscal se ubicará en un 3,4% del PBI, lo que dista considerablemente de lo que espera el MEF, que proyecta un 4,1% del PBI hasta julio de este año.
“Perú no logrará cumplir con su meta de regla fiscal por segundo año consecutivo. La recuperación de los ingresos podría seguir rezagada en comparación con el crecimiento del gasto, debido al incremento en salarios, costos de la deuda, gasto en bienes y servicios, así como la inversión pública”, detalló la agencia.
Consecuencias de la ruptura
La persistente desviación fiscal podría incrementar la relación de deuda pública respecto al PBI a mediano plazo y afectar negativamente su tendencia, según Fitch.
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Es importante destacar que durante la pandemia se suspendió el cumplimiento de la regla fiscal para atender las necesidades del país. En 2022, se retomó la adhesión a este marco, y posteriormente, en 2023, se incumplió debido a la recesión, crisis social y fenómenos climáticos extremos que afectaron las actividades productivas.
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Se espera que el déficit no regrese a un rango del 1% del PBI hasta 2028. En este contexto, el Consejo Fiscal afirma que se está trasladando “prácticamente todo el esfuerzo de consolidación fiscal a la próxima administración (en 2026)”.
“El Gobierno sigue aumentando el gasto, al igual que el Congreso; sin embargo, es el Gobierno quien gestiona la hacienda pública y, a pesar de la situación de los ingresos, persiste en el gasto y pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos. Esto socava la credibilidad fiscal del país”, comentó Segura recientemente.
En esta línea, Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, considera “preocupante” el incumplimiento de la regla fiscal durante dos años seguidos, ya que “no hay una razón imperiosa o extrema” que justifique la relajación de las metas de déficit.
“Se gastará más dinero del que se tiene, lo que pone de manifiesto un problema estructural: dejar el ajuste para un gobierno del que no tenemos certeza de cómo será”, expresó Odar en referencia a un posible cambio en la presidencia hacia 2026.
En riesgo el perfil crediticio
La calificación crediticia del Perú, según Fitch Ratings, es de BBB: el penúltimo escalón antes de perder el grado de inversión y pasar a la categoría de especulativa. Además, la perspectiva es negativa. La incertidumbre política pone en peligro la reputación de nuestro mercado.
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Segura enfatizó que si la regla fiscal sigue siendo vulnerada, podrían producirse nuevas rebajas en las calificaciones crediticias. Fitch concluye que, con el deterioro de la gobernanza debido a la débil estabilidad política, “resulta complicado cumplir con los objetivos de la regla fiscal modificada más allá de 2024”.
Las limitaciones de la economía
Fitch califica de “optimistas” las proyecciones del régimen de Boluarte en relación a la economía y prevé que el crecimiento regresará a alrededor del 2,5% tras 2024. Además, señala que el consumo privado ha enfrentado obstáculos a pesar de los menores costos de endeudamiento y la inflación.
Respecto a la inversión privada —que representa el 80% de la inversión total y es clave para el PBI—, se estima que podría verse afectada por “la persistente alta incertidumbre política” y la escasa efectividad del Gobierno. Además, de intensificarse el apoyo a Petroperú, podrían surgir riesgos adicionales.
