El enfrentamiento legal entre Movistar y Claro en Perú ha llegado a un hito importante con la emisión de una sentencia definitiva en un caso que se remonta a más de veinte años. La disputa se originó en un contexto de competencia y prácticas comerciales en el mercado de las telecomunicaciones peruanas, y ahora, tras años de procesos judiciales, la justicia ha condenado a Telefónica del Perú, operadora bajo la marca Movistar, a pagar una cuantiosa indemnización a América Móvil, la compañía mexicana que opera la marca Claro en Perú.
Este caso representa la primera demanda en el sector de telecomunicaciones en Perú que llega a una sentencia definitiva por daños y perjuicios, marcando un precedente en la regulación y fiscalización del mercado de las telecomunicaciones en el país. La sentencia, dictada en mayo pasado por el 36° Juzgado Civil de Lima, establece que Telefónica del Perú debe pagar aproximadamente 309.4 millones de soles, equivalentes a unos 86.9 millones de dólares estadounidenses, además de los intereses legales y los costos asociados al proceso judicial.
El proceso judicial tiene sus raíces en una serie de prácticas anticompetitivas que, según se acredita en la resolución judicial, afectaron la competencia en el mercado peruano. La disputa comenzó en 2002 cuando el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el regulador del sector, impuso una multa significativa a Telefónica del Perú, que en ese entonces era controlada por Telefónica Hispanoamérica, filial de la española Telefónica. La multa superó el millón de dólares y fue motivada por diversas conductas anticompetitivas que perjudicaron a Telmex, hoy conocida como América Móvil y operadora de la marca Claro en Perú.
Entre las conductas sancionadas por Osiptel en ese entonces se encontraban acciones como el desvío internacional de llamadas de larga distancia nacional, la negativa a transportar llamadas desde teléfonos fijos a redes inteligentes, el bloqueo injustificado al acceso a ciertos números de atención al cliente, y la negativa a permitir llamadas desde teléfonos públicos hacia la red fija de Claro. Estas prácticas, según se argumenta en la sentencia, violaron los principios de competencia leal y afectaron a los consumidores, además de perjudicar a la competencia en el mercado de las telecomunicaciones.
El abogado de América Móvil, Adrián Simons, del estudio Simons & De Noriega, explicó que esta sentencia no solo representa un triunfo para su cliente, sino también un paso importante en la lucha contra las prácticas anticompetitivas en el sector. La resolución judicial refleja la voluntad del sistema judicial peruano de sancionar conductas que distorsionan el mercado y que, en última instancia, afectan a los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
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Por su parte, Movistar, controlada por Telefónica del Perú, aún puede presentar recursos de apelación, pero el fallo en primera instancia establece un precedente claro y contundente respecto a la responsabilidad de la compañía en las prácticas que derivaron en daños a sus competidores. La multa y la indemnización ordenadas por la justicia buscan no solo resarcir a América Móvil por los daños sufridos, sino también enviar un mensaje a las empresas del sector sobre la importancia de respetar las reglas de competencia y la regulación vigente.
Este caso también ha generado un debate en el país sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción para evitar prácticas que puedan distorsionar la competencia en un mercado tan estratégico como el de las telecomunicaciones. La sentencia refuerza la importancia de una regulación estricta y efectiva que garantice un entorno de competencia equitativo, beneficiando en última instancia a los consumidores, quienes demandan servicios de calidad a precios competitivos.
En conclusión, la sentencia que condena a Telefónica del Perú a pagar una indemnización millonaria a América Móvil marca un antes y un después en el sector de telecomunicaciones en Perú. Es un claro mensaje de que las prácticas anticompetitivas tienen consecuencias legales y económicas graves, y que la justicia está dispuesta a actuar en defensa de la competencia y los derechos de los consumidores en el mercado peruano.
Fuente: Gestión
