Machu Picchu, considerada una de las siete maravillas del mundo y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha sido durante décadas uno de los principales motores económicos y culturales de Perú. Con más de 191.000 visitantes solo en los primeros dos meses de 2025, la ciudadela inca se consolidó como el destino turístico más importante del país. Sin embargo, en los últimos años, la reputación de este emblemático sitio ha comenzado a verse empañada por una serie de problemas estructurales que amenazan su sostenibilidad y repercuten directamente en la economía nacional.
Una reciente publicación de la revista especializada Travel and Tour World (TTW) incluyó a Machu Picchu en una «lista negra» de destinos internacionales que ya no valdrían la pena visitar. Aunque la revista atribuye esta clasificación a una tendencia viral, la realidad que enfrentan las autoridades y los actores del sector turístico en Perú revela una problemática mucho más profunda y preocupante. La percepción internacional está cambiando, y el daño a la imagen del sitio amenaza con desincentivar a los futuros visitantes, lo que podría traducirse en pérdidas económicas cercanas a los US$ 400 millones para la economía peruana, según las estimaciones de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco. De no revertirse la situación, se prevé que las reservas y el ingreso de turistas caigan un 15% en el primer semestre de 2026, afectando directamente a miles de empleos y a la economía local y nacional.
Los problemas que aquejan a Machu Picchu no son nuevos, pero se han agravado en los últimos años. Desde 2022, tras conflictos sociales en la zona, las autoridades decidieron limitar la venta de boletos presenciales a solo 1,000 por día, en medio de un aforo total permitido de 4,000 personas. La medida, que buscaba atender demandas locales y garantizar un acceso más equitativo, generó una serie de complicaciones. La alta demanda llevó a aglomeraciones en las ventanillas, largas filas y, en muchos casos, a la venta irregular de boletos y falsificaciones, que alimentaron un mercado negro ilegal. La situación empeoró en 2023, con denuncias de malos tratos, protestas y turistas varados, además de una supuesta ganancia ilícita de 25 millones de soles (aproximadamente US$ 6,26 millones) a partir de ventas irregulares gestionadas por funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC).
En un intento por mejorar la situación, en 2024 se modificaron los horarios y sistemas de venta, pero los problemas persistieron. La venta presencial, que en su momento se realizaba con un sistema de doble fila desde las 6 de la mañana, fue eliminada en agosto de 2025, y se implementaron nuevas medidas como la apertura de cinco ventanillas simultáneas y la visualización en tiempo real de la disponibilidad de entradas. Sin embargo, las críticas de los gremios turísticos y las denuncias de corrupción siguen evidenciando una gestión ineficaz y una falta de inversión adecuada en la infraestructura del sitio.
La gestión estatal ha sido duramente cuestionada. Según los representantes del sector, el Ministerio de Cultura (Mincul) dispone de recursos suficientes, pero ha optado por mantener un sistema obsoleto, que no permite una planificación eficiente ni una gestión transparente. La falta de inversión en ampliaciones y mejoras ha llevado a que la sobrecarga del sitio, que ya supera el aforo permitido en varias rutas, ponga en riesgo la conservación del patrimonio y la experiencia de los visitantes. La poca trazabilidad en la venta de entradas y la falta de un sistema digital completo facilitan la manipulación y el mercado negro, lo que afecta directamente la percepción del destino.
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El sector privado y las agencias de turismo exigen cambios inmediatos. La propuesta principal es eliminar la cuota de venta presencial y avanzar hacia un sistema de venta 100% digital, que garantice transparencia y seguridad. La virtualización total del sistema no es solo una recomendación, sino una necesidad urgente, dado que las cancelaciones y la falta de certeza en la disponibilidad de entradas ya están afectando la confianza de los tour operadores internacionales y, en consecuencia, la imagen del Perú en el mercado turístico global.
Para solucionar esta crisis, los expertos y gremios del sector proponen un cambio en la gestión de Machu Picchu, que pase del Ministerio de Cultura al Ministerio de Comercio y Turismo, y la creación de una mesa técnica que involucre a los actores privados para diseñar soluciones sostenibles. La voluntad política y la colaboración público-privada serán fundamentales para revertir esta situación, proteger el patrimonio cultural y garantizar la recuperación económica del sector turístico en Perú.
Fuente: DFSud
