En el Perú, pocas normas generan tanto debate como la Ley Chlimper 2.0. A pocos días de que el Ejecutivo defina su futuro, la discusión sobre los beneficios tributarios a las agroexportadoras divide opiniones entre el Gobierno, empresarios, legisladores y trabajadores. Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por Raúl Pérez-Reyes, defiende su importancia en el crecimiento del sector agrícola, gremios laborales y algunos congresistas advierten sobre su alto costo fiscal y los riesgos de precarización laboral.
Este escenario coloca nuevamente en la mesa de discusión un tema recurrente: ¿hasta qué punto las exoneraciones tributarias promueven el desarrollo económico y cuándo se convierten en privilegios que afectan la recaudación del Estado?
El origen de los beneficios tributarios
Los incentivos fiscales a las agroexportadoras no son nuevos. Desde la década de los 90, la legislación peruana otorgó a este sector un régimen tributario especial, con el objetivo de fomentar la competitividad internacional. Entre las principales medidas se incluyó un impuesto a la renta reducido al 15%, en lugar del 30% estándar.
De acuerdo con el MEF, esta política permitió dinamizar las exportaciones, que pasaron de US$ 680 millones en el año 2000 a más de US$ 12.000 millones en 2024. Para el ministro Pérez-Reyes, este crecimiento es una muestra clara de que los incentivos tributarios cumplieron su función inicial: abrir mercados internacionales y consolidar al Perú como un jugador clave en la agroexportación.
La posición del MEF: más allá de los impuestos
Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, Pérez-Reyes argumentó que evaluar la Ley Chlimper 2.0 únicamente desde la pérdida fiscal es un error. El congresista Edgar Reymundo había advertido que esta norma significaría un perjuicio de S/ 20.000 millones. No obstante, el titular del MEF sostuvo que es indispensable medir también los impactos indirectos.
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Según explicó, las agroexportaciones generan empleo masivo en la costa norte del país, lo que a su vez impulsa el consumo y el Impuesto General a las Ventas (IGV). Para el ministro, aunque el aporte en impuesto a la renta se haya reducido, la cadena de beneficios económicos ha mantenido estable la recaudación global del sector.
En sus propias palabras, la actividad agrícola “genera empleo con efectos multiplicadores, porque hay consumo, y ese consumo se refleja en mayores ventas y recaudación del IGV”.
Las cifras detrás del debate
Los datos oficiales muestran una paradoja. Por un lado, el sector agrario representa un motor de crecimiento para el Perú:
Exportaciones: más de US$ 12.000 millones en 2024, cifra que multiplica por 18 lo registrado en el año 2000.
Beneficios tributarios: aproximadamente S/ 26.350 millones, equivalentes al 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI).
Por otro lado, los críticos argumentan que este modelo reduce la recaudación pública, limitando recursos que podrían destinarse a salud, educación y seguridad. Además, se advierte que las grandes agroexportadoras —ya consolidadas— son las principales beneficiarias, mientras que los trabajadores enfrentan condiciones laborales inestables.
Precarización laboral: el lado oscuro de la agroexportación
Uno de los puntos más sensibles en la discusión es la situación de los trabajadores agroindustriales. De acuerdo con cifras recientes, el 94% de los empleados cuentan con contratos temporales, a pesar de realizar labores permanentes. Esta modalidad limita el acceso al sistema financiero, restringe la capacitación y genera temor de reclamar derechos laborales por miedo a no ser renovados.
El propio ministro Pérez-Reyes reconoció que en los últimos dos o tres años se ha observado un menor dinamismo en la contratación, lo cual refleja una desaceleración en la generación de empleo formal.
Organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) denuncian que la Ley Chlimper 2.0 no solo beneficia fiscalmente a las empresas, sino que además debilita la fiscalización laboral de Sunafil en el sector, pese a los múltiples reportes de violaciones de derechos.
Críticas desde el Congreso y gremios
Para sectores de la oposición en el Congreso y gremios como Conveagro, la norma representa un retroceso en materia fiscal y laboral. Señalan que, de promulgarse, el Estado dejaría de recaudar S/ 20.000 millones en una década, recursos clave para financiar servicios públicos básicos.
Además, sostienen que la ley responde más a presiones empresariales y políticas que a un análisis técnico de impacto real. “Es una campaña mediática que busca mantener las tasas de ganancias de compañías ya consolidadas, no de pequeños agricultores”, advierten desde Fentagro.
¿Beneficio sectorial o privilegio económico?
El debate sobre la Ley Chlimper 2.0 plantea una disyuntiva fundamental: ¿es válido mantener beneficios tributarios en sectores estratégicos para asegurar competitividad global, aun cuando representan una pérdida para el fisco?
El ministro Pérez-Reyes fue claro al señalar que los incentivos fiscales no deben aplicarse de forma generalizada, sino únicamente en industrias con ventajas competitivas comprobadas y capacidad de generar empleo y crecimiento sostenible. De lo contrario, solo se estaría reduciendo la carga tributaria sin obtener beneficios económicos tangibles para el país.
Una mirada a futuro: condiciones necesarias
Más allá de su continuidad, especialistas coinciden en que el modelo agroexportador requiere ajustes estructurales para mantener su dinamismo y reducir desigualdades. Entre las principales recomendaciones figuran:
Fortalecer la formalización laboral y garantizar contratos estables.
Revisar el diseño de los incentivos tributarios, priorizando a empresas emergentes y no a conglomerados consolidados.
Asegurar una fiscalización efectiva de Sunafil para evitar abusos.
Promover la innovación y diversificación agrícola, incorporando más pymes al mercado exportador.
De cumplirse estas condiciones, el sector podría seguir siendo un pilar del desarrollo económico sin convertirse en un foco de controversias fiscales y sociales.
La decisión del Ejecutivo
El reloj corre para el Ejecutivo, que tiene plazo hasta el 10 de septiembre para observar la norma o promulgarla. De no mediar cambios, la Ley Chlimper 2.0 se publicará en el diario oficial El Peruano y entrará en vigencia, consolidando un nuevo capítulo en la política agroexportadora del país.
El desenlace no solo marcará el rumbo inmediato del sector agrario, sino que también enviará una señal clara sobre la política económica del Gobierno de Dina Boluarte: si priorizará la continuidad de beneficios a grandes empresas o si abrirá paso a una reforma más equitativa en el uso de los recursos fiscales.
La agroexportación ha sido uno de los motores más sólidos de la economía peruana en las últimas dos décadas. Sin embargo, la discusión sobre la Ley Chlimper 2.0 refleja la necesidad de repensar el equilibrio entre competitividad internacional, justicia fiscal y derechos laborales.
Mientras el MEF resalta el dinamismo económico que los beneficios tributarios han aportado, gremios y críticos insisten en que es momento de revisar su pertinencia y de garantizar que el crecimiento no se logre a costa de la recaudación ni de los trabajadores.
El futuro del sector dependerá, en gran medida, de la decisión que tome el Ejecutivo en los próximos días, una decisión que trascenderá lo económico y tocará directamente la confianza social en la política tributaria peruana.
