Recientemente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el Decreto Supremo N° 006-2025-MTC, con la finalidad de fortalecer la seguridad en el servicio de delivery en el país. La iniciativa surge ante las preocupaciones de que delincuentes puedan disfrazarse de repartidores para cometer ilícitos, especialmente en un contexto donde la economía de los servicios de entrega ha cobrado protagonismo en la vida cotidiana de miles de peruanos. Sin embargo, tras un análisis detallado, diversos actores del sector consideran que estas nuevas disposiciones no solo no lograrán disminuir la criminalidad, sino que además podrían generar barreras que afecten a miles de trabajadores y empresas.
Uno de los cambios más polémicos del decreto es la imposición de la instalación de cajuelas fijadas al chasis posterior de los vehículos utilizados para repartir. La vocera de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Perú (Ahora), Blanca Chávez, ha manifestado su rechazo a esta medida, argumentando que resulta contraproducente y peligrosa. Según Chávez, las cajuelas fijas no aportarán a la disminución de delitos, ya que las estadísticas muestran que los delincuentes continúan operando sin mayor impedimento con los métodos actuales. Además, la experta señala que los vehículos de reparto, en su forma original, ya cumplen con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y la calidad del servicio, gracias a las mochilas herméticas que utilizan los repartidores para mantener la comida caliente y segura durante el trayecto.
Desde otra perspectiva, la implementación de cajuelas fijas podría acarrear riesgos en caso de accidentes de tránsito. Los materiales comúnmente utilizados, como la madera, podrían complicar la seguridad del vehículo y de los ocupantes. También existe un costo adicional para los repartidores y las empresas, que tendrían que invertir en la adaptación de sus vehículos, lo cual puede ser especialmente oneroso para los pequeños emprendedores y trabajadores independientes, que representan una gran parte del sector.
Otra de las medidas impulsadas por el MTC en este decreto es la obligatoriedad de que los conductores porten chalecos con la placa del vehículo y cascos abiertos. Esta disposición ha sido criticada por especialistas y actores del sector, quienes argumentan que no solo estigmatiza a los repartidores, sino que también puede incrementar los riesgos en las operaciones diarias. La exigencia de estos implementos, sin una consulta previa con los gremios y actores relevantes, podría afectar la imagen y la seguridad de los propios trabajadores, además de generar confusión y descoordinación en un sector que requiere agilidad y flexibilidad.
Por otro lado, el decreto establece la creación de un registro nacional de prestadores de servicios de entrega y la obligación de que las 196 municipalidades provinciales autoricen y actualicen los permisos correspondientes. Sin embargo, fuentes del sector advierten que esta regulación puede ser contraproducente. La dispersión en la gestión municipal genera duplicidades, descoordinación y fragmentación normativa, dificultando la formalización y operación eficiente del servicio. La falta de un reglamento claro y la implementación apresurada agravan aún más la inseguridad jurídica, poniendo en riesgo la continuidad de miles de emprendimientos y el empleo de los repartidores.
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En conclusión, si bien la lucha contra la delincuencia es una prioridad legítima, la forma en que se están implementando estas nuevas regulaciones puede tener efectos adversos. La criminalidad no se combatirá únicamente con barreras físicas o requisitos administrativos, sino mediante políticas integrales que consideren las particularidades del sector, la participación de los actores involucrados y la protección de los derechos laborales y económicos de los repartidores. La innovación y la regulación deben ir de la mano, promoviendo un entorno seguro sin sacrificar la competitividad y el emprendimiento en el sector del delivery.
Fuente: Gestión
