La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) en México, pilar normativo para una gestión sostenible de los desechos, ha experimentado importantes avances en 2025. Su objetivo principal sigue siendo claro: prevenir la generación de residuos, maximizar su valorización y minimizar los impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana, todo bajo el principio de responsabilidad compartida y la jerarquía de gestión (prevención, reutilización, reciclaje, valorización y disposición final).
El año 2025 ha consolidado hitos normativos clave, incluyendo reformas federales para integrar residuos emergentes como las baterías de litio, iniciativas estatales más estrictas sobre plásticos de un solo uso y programas operativos que impulsan la economía circular.
Reforma Fundamental: Regulación de Baterías de Litio y Otros Compuestos Eléctricos
Un paso decisivo se dio el 30 de abril de 2025, con la presentación en la Cámara de Diputados de una reforma al artículo 31, fracción V de la LGPGIR. Esta modificación busca incluir explícitamente las baterías eléctricas a base de mercurio, níquel-cadmio, ion-litio y otros compuestos eléctricos bajo un plan de manejo obligatorio.
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La necesidad de esta reforma radica en el creciente uso de baterías de ion-litio en la electromovilidad y dispositivos electrónicos, y su potencial impacto ambiental y sanitario si no se gestionan adecuadamente. La nueva disposición exige que las empresas productoras, importadoras o comercializadoras de estas baterías implementen un plan de manejo en un plazo de 12 meses, mientras que la SEMARNAT deberá adecuar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) correspondientes en 180 días.
El impacto esperado de esta reforma es multifacético:
Amplía la gama de productos sujetos a un estricto control ambiental.
Introduce nuevas responsabilidades legales y operativas para todos los actores de la cadena de valor (industria, importadores, gestores).
Impulsa la homologación técnica de estas baterías con regulaciones internacionales, como el Reglamento UE 2023/1542 y las políticas de la EPA de EE. UU. (RCRA), que ya consideran las baterías de ion-litio como residuos peligrosos.
Plásticos de un Solo Uso: Iniciativas Federales y Estatales
En el frente de los plásticos de un solo uso, el 23 de abril de 2025 se presentó una iniciativa que propone la prohibición de aquellos plásticos no reutilizables, reciclables, compostables o biodegradables. Aunque aún no se ha convertido en reforma, esta propuesta busca precisar el concepto de «plástico de un solo uso», definir criterios técnicos para alternativas sostenibles y establecer mecanismos de transición escalonada con plazos definidos y acompañamiento técnico-industrial. El objetivo no es erradicar todos los plásticos, sino restringir aquellos que no se alinean con los principios de la economía circular.
Complementariamente, el Estado de México reformó en febrero de 2025 su legislación local para tipificar plásticos de un solo uso, establecer sanciones e impulsar programas educativos. Además, en marzo, se selló un acuerdo gubernativo nacional (SIL) que exige a los proveedores que para 2025, al menos el 20% del contenido de los envases sea material reciclado, y el 30% para 2030.
Estas disposiciones reflejan una sincronización de estándares estatales con la federación y un claro enfoque en la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), obligando a los fabricantes a garantizar características técnicas medioambientales de sus productos. Estas iniciativas están directamente orientadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, 13 y 14 en materia de residuos y plásticos.
Operación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (PNPGIR)
Hasta junio de 2024, el PNPGIR ha jugado un rol crucial en la sensibilización de gobiernos estatales y municipales, la promoción de esquemas de acopio y reciclaje, y el fortalecimiento de alianzas sectoriales. A lo largo de 2025, estas acciones han continuado, incluyendo la preparación de propuestas técnicas y normativas para la gestión de baterías, lineamientos para la inclusión de la RAP en plásticos, y la integración de indicadores de cambio climático en los programas de manejo locales.
La Ciudad de México, a través de su Programa de Gestión Integral (PGIR), ha avanzado significativamente en la consolidación de infraestructura para la separación en origen y acopio de residuos plásticos, electrónicos y orgánicos. Además, ha implementado indicadores cuantificables para monitoreo trimestral y ha promovido activamente la economía circular en el sector privado, especialmente mediante esquemas colaborativos entre la industria y el sector de residuos.
Desafíos Pendientes para el Fortalecimiento de la LGPGIR
A pesar de los progresos, persisten desafíos clave en 2025:
Armonización jurídico-normativa: Un estudio del CEMDA (febrero 2025) señala la falta de criterios comunes entre los estados para la ejecución de la LGPGIR, lo que genera duplicidad de funciones, vacíos operativos y deficiencias en la transparencia. Es urgente estandarizar las normativas estatal, federal y local.
Profesionalización del sector informal: Se estima que el 74.7% de los trabajadores del sector residuos operan en la informalidad, lo que debilita la capacidad institucional ante actividades ilícitas y genera riesgos laborales y ambientales. La necesidad de capacitación, incentivos y formalización es apremiante.
Integración con la estrategia climática: El CEMDA destaca el sustancial potencial de reducción de emisiones de metano en rellenos sanitarios. Sin embargo, la inversión en infraestructura de captura y valorización energética está rezagada debido a restricciones presupuestales y falta de coordinación intersectorial.
Recomendaciones Estratégicas para 2025–2026
Para consolidar los avances y superar los retos, se sugieren las siguientes líneas de acción:
- Consolidación del catálogo de residuos regulados: Acelerar la publicación de NOM específicas para pilas y baterías, estableciendo criterios de diseño, etiquetado, acopio y reciclaje bajo el marco de la responsabilidad compartida.
- Armonización normativa: Crear un comité intergubernamental (LGPGIR-PNPGIR-SEMARNAT-estados), con participación de la academia y sociedad civil, para generar guías técnicas nacionales homologadas.
- Formalización del sector residuos: Diseñar programas de profesionalización laboral, vinculación a esquemas de seguridad social y certificación, apoyados por fideicomisos estatales o fondos verdes.
- Impulso a la economía circular y RAP: Incentivar proyectos piloto que incluyan el uso obligatorio de contenidos reciclados en envases (20% para 2025, 30% para 2030), esquemas de retorno y reciclaje para baterías, y modelos de cooperación público-privada.
- Financiamiento climático: Incluir instrumentos de movilidad verde, captura de biogás y energía renovable asociada a vertederos dentro del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación Climática, priorizando el acceso a fondos internacionales como el FMM o GCF.
El 2025 ha demostrado que la LGPGIR es un instrumento dinámico, capaz de reformarse y de impulsar exigencias concretas ante el desarrollo de nuevas tecnologías, los compromisos internacionales y los objetivos de sostenibilidad.
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Las acciones futuras deben concentrarse en cerrar las brechas regulatorias, fortalecer las capacidades técnicas, integrar la gestión de residuos con las estrategias climáticas y fomentar esquemas de RAP, transformando así la gestión de residuos de un problema persistente en una oportunidad para la innovación, el empleo verde y el bienestar ambiental en México.
