La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 467 votos a favor, una reforma crucial que busca establecer un marco legal más estricto para la operación de las instituciones bancarias en México. La iniciativa, que ahora pasa al Senado para su ratificación, busca proteger a los usuarios de prácticas consideradas abusivas en el sector financiero.
El proyecto de reforma fue impulsado por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y busca reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Ejes Centrales de la Ley de Protección al Usuario
La nueva normativa establece reglas claras para las instituciones de crédito, garantizando derechos fundamentales para los cuentahabientes:
- Prohibición de Emisión No Solicitada: Ninguna institución financiera podrá emitir y enviar tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso del usuario.
- Reembolso y Cargos Indebidos: Se prohíbe la aplicación de cargos o comisiones por productos no contratados. Además, los bancos deberán reembolsar los cargos indebidos en un plazo máximo de cinco días hábiles.
- Cancelación Expedita: Se obliga a las instituciones a permitir la cancelación de tarjetas en un máximo de cinco días hábiles, sin costo alguno ni penalización, a través de todos sus canales de atención (digitales, telefónicos o presenciales) disponibles 24 horas.
- Protección del Historial Crediticio: Los bancos no podrán reportar al Buró de Crédito a aquellos usuarios que rechacen una tarjeta no solicitada.
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Ponen freno a cobros indebidos por tarjetas bancarias no solicitadas
Ricardo Monreal argumentó en tribuna que la iniciativa busca evitar el perjuicio a millones de personas, pues actualmente «las instituciones envían tarjetas sin permiso, luego cobran anualidades e incluso reportan al Buró, afectando la inclusión financiera». El legislador advirtió que más de 40 millones de personas en México poseen tarjetas bancarias, y muchas enfrentan intereses o anualidades por plásticos que nunca solicitaron.
La reforma fue catalogada como de urgente resolución y recibió el respaldo total de todas las fuerzas políticas, incluyendo al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes coincidieron en que es un paso real en defensa de los consumidores.
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La iniciativa ha sido turnada al Senado de la República para su análisis y posible aprobación, donde Monreal advirtió que podría enfrentar una fuerte presión de cabildeo por parte de la banca, pero insistió en que el objetivo es inamovible: proteger los derechos de los usuarios.
