El gobierno de México ha anunciado una decisión trascendental para la industria del calzado: la prohibición de la importación de calzado terminado bajo el esquema temporal del programa IMMEX.
Esta medida, que fue dada a conocer por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante un evento en León, Guanajuato, busca frenar prácticas abusivas que han impactado negativamente la producción y el empleo en el país.
La decisión, solicitada vehementemente por la Cámara de la Industria del Calzado, se enmarca en el ambicioso Plan México, una estrategia económica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este plan tiene como objetivo primordial proteger sectores clave de la economía nacional, fomentar el «sello Hecho en México» y fortalecer industrias estratégicas como el acero, la electrónica, los muebles y, ahora de manera explícita, el calzado.
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México prohíbe la importación temporal de calzado
El detonante de esta prohibición ha sido el alarmante incremento del 159% en el volumen de calzado terminado importado a México bajo un esquema fiscal diseñado originalmente para industrias de exportación.
El programa IMMEX permitía el ingreso de mercancías sin el pago de impuestos, siempre y cuando estas fueran utilizadas para producir bienes destinados a la exportación.
Sin embargo, se detectó que grandes volúmenes de zapatos terminados estaban ingresando al país bajo este régimen para luego permanecer en el mercado interno, eludiendo el pago de aranceles e IVA.
Impacto en la Industria del Calzado Mexicano
Las cifras presentadas por la Secretaría de Economía revelan la magnitud del problema: entre 2019 y 2024, la actividad de la industria del calzado cayó un 12.8%.
La importación temporal de calzado terminado ha sido identificada como uno de los principales factores de esta contracción, al colocar en clara desventaja a los productores nacionales, quienes sí deben cumplir con el pago de impuestos y enfrentar costos de producción más elevados.
El sector del calzado en México es emblemático, no solo por su tradición centenaria, sino por su significativa contribución al empleo, generando más de 120,000 puestos de trabajo directos y cientos de miles más indirectamente. Guanajuato, Jalisco y el Estado de México concentran gran parte de esta producción.
El decreto es claro: ninguna empresa podrá importar calzado terminado bajo el régimen temporal. A partir de su entrada en vigor, todo producto que ingrese al país deberá pagar los aranceles correspondientes, que en el caso del calzado son de al menos un 25%.
Para los fabricantes mexicanos, esta prohibición representa una oportunidad crucial para recuperar mercado y empleo. Para los consumidores, podría implicar un ajuste de precios en el corto plazo, pero a cambio de fortalecer la producción nacional y preservar miles de empleos.
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Esta medida subraya el compromiso del gobierno mexicano con la protección de sus industrias clave y la promoción de un comercio justo.
