La tensión entre la modernidad tecnológica y los marcos regulatorios tradicionales ha vuelto a alcanzar su punto máximo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha emitido un recordatorio contundente: Uber, Didi y otras plataformas de transporte por aplicación no tienen autorización legal para recoger pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ni en ninguna otra terminal aérea bajo jurisdicción federal en el país.
Esta reiteración oficial surge en un momento crítico, donde la demanda de los usuarios por opciones de transporte más económicas y digitales choca de frente con la exclusividad legal de los taxis concesionados y las zonas federales.
La Prohibición de Uber en el AICM y el Pulso por la Movilidad Aeroportuaria
La raíz del conflicto no es operativa, sino estrictamente legal. Según la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para prestar el servicio de transporte terrestre en zonas federales (como los aeropuertos), se requiere de un permiso específico otorgado por la SICT.
Taxis de Sitio: Estos operadores pagan cuotas especiales, cumplen con revisiones mecánicas federales y poseen placas de circulación exclusivas para operar en estas zonas.
Plataformas Digitales: Uber y sus similares operan bajo un esquema de «transporte privado entre particulares», una figura que las leyes federales actuales no reconocen como válida para la explotación comercial en puertos, aeropuertos o carreteras nacionales.
El Escenario en el AICM: Operativos y Sanciones
La SICT ha sido clara al señalar que el AICM, al ser una infraestructura estratégica del Estado, debe regirse por normativas de seguridad y control estrictas. En consecuencia, la vigilancia se ha intensificado:
Multas Onerosas: Los conductores de aplicaciones que son sorprendidos recogiendo pasajeros en las terminales 1 y 2 pueden enfrentar multas que superan los 40,000 pesos, además de la retención del vehículo en el corralón.
Señalética y Vigilancia: El aeropuerto ha reforzado la colocación de avisos donde se informa a los usuarios que el abordaje de transporte por aplicación está prohibido en áreas de llegada, permitiéndose únicamente el descenso de pasajeros (dejar personas en el aeropuerto).
La Postura de los Usuarios y el Mercado
A pesar de la prohibición, la realidad en las aceras del aeropuerto cuenta una historia distinta. Miles de viajeros prefieren las aplicaciones por:
Costo: Los precios de los taxis oficiales suelen ser significativamente más altos que los de una aplicación.
Transparencia: La posibilidad de rastrear el viaje, conocer el precio de antemano y compartir la ubicación en tiempo real son factores de seguridad digital muy valorados.
Conveniencia: El pago automatizado mediante tarjeta de crédito o débito evita la necesidad de manejar efectivo o lidiar con sistemas de cobro obsoletos.
Esta brecha entre la ley y la preferencia del consumidor ha generado «puntos de encuentro» informales en las afueras de los límites federales, obligando a los pasajeros a caminar largas distancias con maletas para poder abordar su transporte.
El Papel de las Plataformas y el Diálogo Pendiente
Por su parte, empresas como Uber han defendido su derecho a operar basándose en resoluciones judiciales previas que, en algunos casos, han otorgado suspensiones para permitir su funcionamiento en ciertas ciudades. Sin embargo, la SICT sostiene que ningún amparo general invalida la necesidad del permiso federal para operar en el AICM.
El debate se centra ahora en la necesidad de una reforma a la Ley de Autotransporte. Los expertos sugieren que el camino hacia la solución no es la prohibición, sino la creación de un nuevo marco regulatorio donde:
Las aplicaciones paguen un canon o derecho por el uso de la zona federal.
Se establezcan estándares de seguridad uniformes para todos los operadores.
Se garantice una competencia justa que no desplace por completo a los taxistas tradicionales, quienes han invertido en permisos costosos.
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La reiteración de la SICT deja claro que, por el momento, la ley se aplicará de manera estricta. Sin embargo, la presión social y la evolución tecnológica sugieren que el modelo de exclusividad de los taxis aeroportuarios está bajo una tensión sin precedentes.
Mientras no se alcance un acuerdo legislativo o un nuevo modelo de concesión digital, el pasajero seguirá siendo el más afectado, atrapado entre operativos de vigilancia y la búsqueda de una movilidad más eficiente.
