Desde hace años, el AICM ha mantenido una postura restrictiva respecto a las aplicaciones de transporte, argumentando que los aeropuertos son zonas federales. Bajo esta premisa, la administración del aeropuerto sostiene que solo aquellos vehículos que cuentan con una concesión federal y placas específicas pueden recoger pasajeros en las terminales. Sin embargo, la reciente ofensiva del AICM ha generado un contraataque legal por parte de Uber, que defiende su derecho a operar basándose en resoluciones judiciales previas.
La administración del aeropuerto argumenta que permitir que Uber y otras plataformas operen sin las mismas regulaciones que los taxis concesionados genera una competencia desleal. Los taxistas oficiales del aeropuerto deben pagar contraprestaciones elevadas, cumplir con revisiones mecánicas estrictas y obtener licencias federales costosas.
Para el AICM, la operación de Uber representa:
- Una violación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
- Una pérdida de ingresos para el aeropuerto, que depende de las cuotas pagadas por las agrupaciones de taxis oficiales.
- Un desafío logístico para el ordenamiento de los flujos de tránsito en las zonas de llegada.
El Futuro de las Plataformas en Aeropuertos
Uber ha sido enfático en que su operación en los aeropuertos de México es legal. La plataforma se apoya en una serie de suspensiones definitivas y amparos otorgados por el Poder Judicial que le permiten operar en zonas federales sin necesidad de una concesión.
La defensa de la plataforma se basa en tres pilares:
Naturaleza del Servicio: Uber argumenta que es un servicio privado de transporte mediado por tecnología, no un servicio público de transporte que requiera concesión estatal o federal.
Derecho del Consumidor: La empresa sostiene que los usuarios tienen el derecho fundamental de elegir el medio de transporte que mejor les convenga en términos de precio, seguridad y comodidad.
Sentencias Previas: Tribunales han determinado en diversas ocasiones que las autoridades no pueden prohibir el uso de aplicaciones en aeropuertos, ya que esto constituiría una barrera a la libre competencia.
El Impacto en el Usuario: Multas y Confusión
En medio de esta batalla legal, el eslabón más débil es el pasajero. El AICM ha reforzado la vigilancia y ha colocado señalética advirtiendo sobre multas sustanciales (que pueden superar los 40,000 pesos) para los conductores de plataformas que recojan pasajeros en zonas no autorizadas.
Esto ha forzado a los usuarios a:
- Caminar largas distancias hacia zonas fuera del perímetro federal.
- Enfrentarse a tarifas de taxis oficiales que, en muchos casos, duplican el costo de una plataforma.
- Vivir situaciones de incertidumbre y hostilidad durante su llegada a la capital del país.
¿Hacia una Regulación Integral?
El conflicto en el AICM es un síntoma de un marco legal que no ha terminado de adaptarse a la economía digital. Expertos sugieren que la solución no debería ser la prohibición, sino la creación de un esquema de contraprestación.
Algunos aeropuertos internacionales han resuelto este problema permitiendo el acceso a plataformas a cambio del pago de una «tasa de acceso» por cada viaje iniciado en el aeropuerto, dinero que va directamente a la administración aeroportuaria. Esto nivelaría el campo de juego frente a los taxis tradicionales y permitiría al aeropuerto recuperar ingresos sin sacrificar la comodidad del viajero.
Vea también: Costco tiene previsto cerrar en México el 5 de abril
La disputa entre el AICM y Uber es un recordatorio de que la tecnología suele avanzar más rápido que la legislación. Mientras el aeropuerto busca proteger un modelo de concesiones tradicional, las plataformas apelan a la libertad de mercado y a la innovación. La resolución de este conflicto definirá cómo nos moveremos en los aeropuertos de México durante la próxima década: si bajo un modelo de control centralizado o hacia un ecosistema de movilidad abierta y regulada.
