La estabilidad laboral en las plataformas de delivery vuelve a estar en el ojo del huracán. En un giro legal que complica la situación financiera y reputacional de la compañía, el sindicato CCOO ha elevado una denuncia formal ante la Audiencia Nacional contra Glovo. La acusación es grave: la ejecución de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) encubierto mediante una cascada de despidos disciplinarios que, según los denunciantes, carecen de base legal y buscan eludir las obligaciones de negociación colectiva.
El conflicto: Despidos masivos bajo el disfraz de sanciones
La controversia estalla apenas una semana después de que Glovo anunciara oficialmente su intención de aplicar un ERE para 750 trabajadores en España. Sin embargo, CCOO sostiene que la empresa ya venía reduciendo su plantilla de forma irregular. Según los datos del sindicato, en los últimos tres meses se han registrado más de 30 despidos solo en una provincia, una cifra que, extrapolada o analizada por períodos, obligaría legalmente a la empresa a tramitar un despido colectivo bajo control administrativo y sindical.
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La estrategia de la compañía, según la denuncia, consiste en utilizar el régimen sancionador para efectuar salidas «a cuentagotas» pero constantes, evitando así el impacto mediático y el coste de un ERE negociado.
Las polémicas causas: Retrasos y alertas meteorológicas
Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia radica en los motivos que Glovo alega para rescindir los contratos. La empresa justifica estos despidos disciplinarios basándose en:
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Tiempos de entrega excesivos: Promedios de espera que la empresa considera inaceptables.
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«No shows»: Encargos que no fueron entregados en los márgenes de tiempo estipulados.
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Incumplimiento de turnos en situaciones extremas: Quizás el punto más sensible, donde se reporta el despido de trabajadores por no acudir a su puesto en días de alerta roja meteorológica.
Desde CCOO se defiende que estos retrasos son a menudo ajenos a la voluntad del repartidor (tráfico, preparación en locales o problemas técnicos de la app) y que sancionar por no trabajar bajo fenómenos climáticos peligrosos vulnera derechos fundamentales de seguridad laboral.
El marco legal en disputa
Un factor clave en la batalla judicial será el convenio aplicable. CCOO sostiene que Glovo está aplicando un régimen sancionador que no le corresponde, ya que la actividad debe regirse por el Convenio Estatal de Empresas de Mensajería de 2006. Bajo este marco, muchos de los despidos efectuados serían calificados como improcedentes o nulos, lo que obligaría a la empresa a la readmisión inmediata y al pago de los salarios de tramitación pendientes.
La estrategia de la «precariedad estacional»
La denuncia va más allá de los despidos individuales y dibuja un panorama de gestión empresarial que los sindicatos califican de «nefasta». Se acusa a Glovo de intentar traspasar a la plantilla las consecuencias de su pérdida de cuota de mercado, buscando un modelo de trabajadores temporales adaptado exclusivamente a la estacionalidad de los pedidos.
El uso del periodo de prueba
Otra de las tácticas señaladas es el uso sistemático del periodo de prueba de un mes. El sindicato argumenta que Glovo utiliza esta cláusula como una forma de contratación temporal encubierta, extinguiendo contratos de forma masiva alegando la «no superación del periodo» para mantener una rotación constante y evitar la generación de antigüedad o derechos laborales sólidos.
Externalización y «empresas fantasma»
El conflicto en la Audiencia Nacional también pondrá el foco sobre las denominadas «flotas». CCOO lleva tiempo denunciando que Glovo está externalizando su plantilla a través de una red de empresas menores que el sindicato tilda de «fantasma».
Esta maniobra es vista como una cesión ilegal de trabajadores cuyo objetivo final sería:
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Fragmentar la representación sindical: Al dividir a los trabajadores en múltiples empresas pequeñas, es más difícil organizar paros o negociaciones colectivas.
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Diluir la responsabilidad: La empresa matriz se desvincula de las condiciones laborales directas.
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Abaratar costes: Al aplicar convenios de logística menos protectores que los que corresponden a la actividad principal.
«Se trata de la enésima estrategia para desprenderse de su responsabilidad con los trabajadores e imputar a la plantilla su deficiente gestión,» afirman desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO).
Impacto en el sector del Delivery en 2026
Este enfrentamiento legal llega en un momento crítico para la economía de plataformas en España. Tras años de ajustes para cumplir con la «Ley Rider», las empresas de reparto se enfrentan ahora a una segunda fase de escrutinio: la estabilidad de sus plantillas fijas.
Si la Audiencia Nacional da la razón a los sindicatos, Glovo no solo se enfrentaría a indemnizaciones millonarias, sino a la obligación de integrar y estabilizar a cientos de trabajadores, lo que podría obligar a un rediseño total de su modelo de negocio en territorio nacional.
¿Qué pueden esperar los trabajadores?
Por ahora, el sindicato busca la anulación de los despidos disciplinarios realizados en los últimos meses. Para el trabajador, una sentencia favorable significaría recuperar su puesto de trabajo con las mismas condiciones previas y percibir los ingresos que dejó de ganar desde el momento del despido injustificado.
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Un precedente necesario
El caso de Glovo ante la Audiencia Nacional marcará un antes y un después en cómo las empresas tecnológicas gestionan sus crisis de crecimiento o reestructuración. No se trata solo de cuántos empleados sobran, sino de cómo se decide quién se queda y quién se va, respetando los canales legales de negociación que garantizan que el trabajador no sea el único que pague los platos rotos de una gestión empresarial cuestionable.
