Tasa de usura en Colombia, ¿Protección o barrera?, en el complejo entramado de la política económica y la protección al consumidor, pocas regulaciones generan tanto debate y paradojas como la tasa de usura. En Colombia, este límite máximo a los intereses que pueden cobrar las entidades financieras fue concebido con una noble intención: salvaguardar a los consumidores de cobros excesivos y abusos por parte de prestamistas inescrupulosos. Se pensó como un dique contra la explotación financiera, un tope que garantizaría la equidad en las transacciones de crédito. Sin embargo, la realidad ha demostrado que esta misma ley, lejos de ser una panacea, podría estar generando problemas inesperados y, paradójicamente, dejando a un vasto segmento de la población sin acceso a préstamos formales, empujándolos hacia las sombras del crédito informal y usurero.
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La Superintendencia Financiera de Colombia ha establecido la tasa de usura para el mes de julio de 2025 en 24.78% efectivo anual. Esta cifra representa una reducción de 77 puntos básicos con respecto al valor registrado en junio, cuando se ubicó en 25.55% E.A. Este porcentaje es, por definición legal, el límite máximo de interés que las entidades financieras reguladas pueden cobrar por créditos de consumo y ordinarios. A primera vista, la reducción podría parecer una buena noticia para los consumidores, sugiriendo un abaratamiento del crédito formal. No obstante, un análisis más profundo revela una verdad incómoda: mientras el sistema formal se ajusta a estos límites, el mercado informal opera con tasas que desafían cualquier lógica económica y ética, exponiendo a los más vulnerables a una explotación brutal.
Los datos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), basados en su encuesta de endeudamiento en Colombia, pintan un panorama desolador en los medios de financiación no formales. Las tasas de interés en las llamadas «cadenas» alcanzan un exorbitante 164.6%, en los «proveedores» se sitúan en 185.7%, y en el infame caso de los «gota a gota», la usura llega a un asombroso 382.2%. Estas cifras no solo revelan el nivel de abuso al que se ven expuestos quienes no logran acceder al crédito formal, sino que también exponen la falla sistémica de una regulación que, en su intento de proteger, termina excluyendo y condenando a millones a la precariedad financiera.
La Paradoja de la Protección: ¿Quiénes Quedan Fuera?
La Intención original de la tasa de usura era clara: proteger al consumidor de la explotación. Sin embargo, la forma en que se calcula y se aplica en Colombia ha generado una paradoja que socava su propósito. Como explica Valentina Valencia, CEO de Vaas, “La falta de alternativas legales termina empujando a muchos hacia estas prácticas”. La tasa de usura se calcula multiplicando por 1.5 la tasa promedio de lo que cobran los bancos por los créditos. «Parece lógico, pero si los bancos bajan sus tasas, el techo legal también se reduce», señala Valencia.
Este mecanismo, que a primera vista parece sensato, esconde una falla fundamental: la tasa de usura no refleja el perfil de riesgo real de aquellos en necesidad de financiación. Los bancos, por su propia naturaleza y regulación, tienden a prestar a clientes con perfiles de riesgo más bajos, es decir, aquellos con historial crediticio sólido, ingresos estables y garantías. Cuando la tasa promedio de los bancos disminuye, el techo de la usura se contrae, haciendo inviable para las entidades formales (especialmente las no bancarias o fintechs) prestar a segmentos de la población que, por su perfil de riesgo (ingresos variables, historial crediticio limitado, informalidad laboral), requieren tasas de interés más altas para compensar ese riesgo.
Y así, la paradoja se consuma: los que más necesitan acceso a financiación formal, son los primeros en quedarse sin ella. Son precisamente aquellos a quienes la ley pretendía proteger quienes quedan excluidos del sistema regulado, obligados a recurrir a prestamistas informales que operan fuera de la ley, sin ningún tipo de supervisión ni protección para el consumidor. Esta exclusión forzada no solo perpetúa la pobreza, sino que también genera un ciclo vicioso de endeudamiento y vulnerabilidad.
El Desafío de las Fintech y Entidades No Bancarias: Costos Reales vs. Límites Legales
El segmento de las fintech y las entidades no bancarias es particularmente afectado por la rigidez de la tasa de usura. Estas empresas, a menudo, tienen como misión principal atender a clientes que el sistema bancario tradicional considera de «alto riesgo» o que están excluidos del mismo. Para poder operar en este segmento, estas entidades suelen financiarse de maneras diferentes a los bancos tradicionales.
Valentina Valencia explica que estas fintechs y entidades no bancarias suelen financiarse en dólares con inversionistas extranjeros, debido a la falta de financiación local adecuada para su modelo de negocio. Sin embargo, este dinero viene con un precio considerable:
- Tasas de Interés Externas: Los inversionistas extranjeros, al asumir un riesgo mayor al prestar a mercados emergentes o a empresas que atienden a clientes de alto riesgo, exigen tasas de interés más elevadas.
- Coberturas Cambiarias: Al financiarse en dólares y prestar en pesos colombianos, estas entidades deben incurrir en costos de cobertura cambiaria para protegerse de las fluctuaciones del tipo de cambio. Estas coberturas son esenciales para mitigar el riesgo de devaluación del peso, pero añaden un costo significativo a la operación.
- Retenciones e Impuestos: Las operaciones internacionales y los flujos de capital están sujetos a diversas retenciones e impuestos, tanto en el país de origen del capital como en Colombia, lo que incrementa aún más el costo del fondeo.
Como resultado, los costos de fondeo para estas entidades pueden acercarse al 24% – 27%. La matemática es implacable: si la ley solo permite prestar al 20% o 24.78% (como es el caso actual), simplemente no hay manera de que estas empresas puedan operar de manera rentable y legal.
Valencia lo ilustra con una lógica irrefutable: «Y es que en realidad el dinero que hay para prestar tampoco es gratis, y si la tasa de usura local se fija en 24.78%, el modelo deja de ser rentable para cualquier prestamista responsable». Si una entidad presta dinero a tasas más bajas que su propio costo financiero, solo tiene tres opciones posibles:
- Ser un empresario «muy poco inteligente»: Lo que es poco probable en un sector tan competitivo como el financiero.
- Estar lavando dinero: Una actividad ilegal y de alto riesgo que, si es detectada, conlleva graves consecuencias penales y regulatorias.
- Decidir arriesgarse a terminar en la cárcel por cometer usura: La usura es un delito penal en Colombia, y prestar por encima de la tasa legalmente establecida puede llevar a penas de prisión.
Esta situación crea un dilema insostenible para las entidades formales que buscan atender a segmentos de la población con mayor riesgo. Se ven obligadas a elegir entre la inviabilidad económica, la ilegalidad o el riesgo penal. La consecuencia directa es que se abstienen de prestar a estos segmentos, dejando un vacío que es rápidamente llenado por el crédito informal y usurero.
El Impacto Social: La Trampa del «Gota a Gota»
La paradoja de la tasa de usura se agrava al considerar su impacto social. Paradójicamente, quienes más necesitan crédito terminan siendo los menos protegidos. Al imponer un techo artificial sin considerar los costos reales del riesgo asociado a ciertos perfiles de clientes, el sistema formal expulsa a los perfiles más vulnerables, empujándolos hacia esquemas financieros informales y altamente abusivos.
El fenómeno del «gota a gota» es el ejemplo más crudo de esta realidad. Se trata de préstamos informales, a menudo ofrecidos por redes criminales, con tasas de interés diarias o semanales que, anualizadas, alcanzan porcentajes astronómicos (como el 382.2% mencionado por Anif). Estos préstamos, aunque de acceso rápido y sin requisitos formales, vienen acompañados de métodos de cobro violentos, amenazas y extorsiones que ponen en riesgo la integridad física y la vida de los deudores y sus familias.
La falta de acceso al crédito formal para microempresarios, trabajadores informales, o personas con historiales crediticios limitados, los deja sin alternativas viables para cubrir necesidades básicas, emergencias o invertir en pequeños emprendimientos. El «gota a gota» se convierte en su única opción, atrapándolos en un ciclo de endeudamiento insostenible y desesperación. La ley, que busca proteger, termina siendo un muro que los separa de soluciones legítimas y los arroja a las garras de la ilegalidad.
Lecciones Internacionales: Flexibilidad y Enfoque en el Riesgo
Para encontrar soluciones a esta paradoja, es útil observar cómo otros países abordan la regulación de las tasas de interés, adoptando enfoques más flexibles y basados en el riesgo.
- Estados Unidos: Algunos estados de EE. UU. permiten tasas de interés significativamente más altas para ciertos tipos de créditos rápidos o de corto plazo (como los payday loans o préstamos de día de pago). Aunque estos productos son controvertidos y a menudo criticados por sus altos costos, su existencia se justifica bajo el argumento de que facilitan el acceso al crédito para segmentos de la población que, de otro modo, estarían excluidos del sistema bancario tradicional. La regulación en estos casos se enfoca más en la transparencia de los términos y en la protección contra prácticas abusivas, que en la imposición de un techo rígido.
- Alemania: El sistema alemán adapta sus límites de tasas de interés según el perfil de riesgo del prestatario. Esto significa que los prestamistas pueden cobrar tasas más altas a clientes con mayor riesgo, siempre dentro de un marco regulatorio que garantiza la proporcionalidad y evita la usura flagrante. Este enfoque reconoce que el costo del dinero no es el mismo para todos y que el riesgo debe ser compensado.
- Otros Modelos (Ejemplos hipotéticos/generales):
- Tasas Diferenciadas por Tipo de Crédito: Establecer límites de usura distintos para diferentes tipos de crédito (microcréditos, créditos de consumo de alto monto, créditos para pymes, etc.), reconociendo que cada uno tiene una estructura de riesgo y costo diferente.
- Bandas de Tasas Basadas en el Riesgo Crediticio: En lugar de un único techo, establecer bandas de tasas de interés máximas que varíen según la calificación crediticia del prestatario, permitiendo a los prestamistas mitigar el riesgo de impago.
- Regulación de la Transparencia y la Conducta: Enfocarse menos en el precio (la tasa) y más en la transparencia de los términos y condiciones, la claridad de la información, la prevención de cláusulas abusivas y la conducta de los prestamistas. Esto empodera al consumidor para tomar decisiones informadas.
- Subsidios o Incentivos para la Inclusión: Complementar la regulación con políticas que incentiven a las entidades formales a prestar a segmentos de alto riesgo, quizás a través de garantías estatales o programas de asistencia técnica.
Estos ejemplos demuestran que la flexibilidad, más que el control estricto y rígido de una única tasa de usura, es lo que realmente protege a los consumidores al permitir que el mercado formal atienda a una gama más amplia de perfiles de riesgo. Reconocen que el riesgo tiene un costo y que, si ese costo no puede ser cubierto por una tasa legal, el mercado formal simplemente se retirará, dejando el espacio a los actores informales.
Propuestas de Solución para Colombia: Un Enfoque Nuanceado
Ante esta compleja realidad, Valentina Valencia propone que Colombia considere un enfoque más matizado y pragmático para la regulación de la tasa de usura, especialmente para las entidades no bancarias. Su propuesta se basa en dos pilares:
- Tasa Específica para Entidades No Bancarias: Establecer una tasa de usura diferenciada y específica para las entidades no bancarias. Esta tasa debería partir de una base realista que refleje sus altos costos de fondeo. Esto significa reconocer que el costo de capital para una fintech que atiende a clientes de alto riesgo y se financia en dólares es inherentemente más alto que el costo de capital para un banco tradicional que presta a clientes de bajo riesgo.
- Aplicar un Multiplicador Adecuado: Una vez establecida esa base realista de costos de fondeo, se podría aplicar un multiplicador adecuado (como el actual 1.5) para determinar la tasa de usura máxima. Esto permitiría a estas entidades operar de manera rentable y legal, sin caer en la usura, pero cubriendo sus costos y el riesgo asociado.
La propuesta de Valencia también aborda una realidad crítica: aunque existen excepciones como el crédito de bajo monto (que tiene su propia tasa de usura más alta, diseñada precisamente para atender a segmentos vulnerables), en la práctica muy pocos colombianos realmente tienen acceso a estos productos. Esto significa que, a pesar de la existencia de una figura legal para el microcrédito, su implementación y accesibilidad son limitadas, dejando a millones de personas fuera del sistema financiero formal y sin opciones viables.
La implementación de una tasa de usura más flexible y diferenciada para entidades no bancarias no es una medida para «favorecer» a los prestamistas, sino para proteger a los consumidores al permitir que el mercado formal los atienda. Al hacerlo, se reduciría la demanda de crédito informal y se desmantelarían progresivamente las redes de «gota a gota», que son una plaga social.
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Hacia una Regulación que Genuinamente Proteja
La tasa de usura en Colombia, concebida como un escudo protector para el consumidor, se ha convertido, paradójicamente, en una barrera que excluye a los más vulnerables del sistema financiero formal. Esta exclusión los condena a la explotación de prestamistas informales con tasas exorbitantes y métodos de cobro violentos. La rigidez de la regulación actual, que no distingue entre los perfiles de riesgo de los prestatarios ni los costos de fondeo de las diferentes entidades, crea un vacío que es llenado por la ilegalidad.
La experiencia internacional y las propuestas de expertos como Valentina Valencia apuntan hacia la necesidad de un enfoque más matizado y pragmático. Una regulación que reconozca la diversidad de los perfiles de riesgo, que permita tasas de interés diferenciadas para entidades no bancarias que atienden a segmentos de alto riesgo, y que se enfoque en la transparencia y la protección contra prácticas abusivas, en lugar de un techo rígido que expulsa a los necesitados.
El desafío para Colombia es encontrar un equilibrio delicado: proteger al consumidor sin asfixiar al mercado. La meta no es solo fijar un límite a los intereses, sino asegurar que todos los colombianos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a opciones de financiación formales, seguras y justas. Solo así se podrá desmantelar la plaga del «gota a gota» y construir un sistema financiero verdaderamente inclusivo y equitativo. La tasa de usura debe dejar de ser una paradoja para convertirse en una herramienta de protección real y de fomento de la inclusión financiera, permitiendo que el mercado formal atienda a quienes hoy están desamparados.
